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La estabilidad en los pozos de extracción de crudo venezolanos contrasta con la parálisis por falta de energía eléctrica en el circuito de refinación central tras los recientes sismos.

La evaluación de los impactos operacionales derivados de contingencias sismológicas sobre los activos de la industria extractiva de hidrocarburos representa un factor crítico para determinar el grado de vulnerabilidad de las economías dependientes de la renta petrolera. Tras la ocurrencia de dos movimientos telúricos de gran intensidad en el territorio de Venezuela, el nivel de producción de crudo de la nación suramericana no registró variaciones en sus volúmenes de extracción primarios, consolidando una plataforma de bombeo de 1,200,000 barriles diarios de petróleo según los balances oficiales emitidos por el Ministerio de Hidrocarburos.

La titular de la cartera energética, Paulo Henao, precisó a través de los medios radiofónicos del Estado que las actividades de los campos petrolíferos nacionales se desenvuelven bajo parámetros de normalidad técnica, manteniendo la totalidad de los pozos de producción en estado activo, una condición que permite asegurar la continuidad del abastecimiento interno de gas natural y combustibles líquidos mientras las comisiones técnicas concluyen las auditorías de inventario en los centros de almacenamiento estratégicos.

A pesar del escenario de continuidad reportado en los nodos de perforación y levantamiento de crudo, la infraestructura secundaria dedicada a los procesos de refinación industrial y transformación petroquímica enfrenta un panorama de severas restricciones operativas condicionado por el colapso parcial del sistema de distribución eléctrica interconectado. Las interrupciones generalizadas en el suministro de energía no solo han afectado las labores de soporte técnico dentro de la industria de los carburantes, sino que ejercen una presión adicional sobre los servicios de atención médica hospitalaria, las operaciones de descarga de mercancías e importaciones esenciales en los puertos marítimos del litoral central y las redes logísticas encargadas de la dispersión de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por los sismos.

El estancamiento energético ha impedido el restablecimiento de los factores de planta en los complejos industriales, trasladando el foco de la emergencia desde la integridad estructural de los yacimientos hacia la disponibilidad de capacidad de generación eléctrica de base para los procesos industriales.

La manifestación más crítica de esta vulnerabilidad sistémica se localiza en la refinería El Palito, un activo con un diseño técnico capaz de procesar un flujo nominal de 146,000 barriles diarios de petróleo, el cual permanecía al cierre de la semana casi de forma íntegra fuera de servicio operativo debido a la ausencia prolongada de fluido eléctrico continuo en sus salas de control y unidades de destilación atmosférica.

En una situación de similar rezago operativo se encuentra el Complejo Petroquímico Morón, valorado como la segunda instalación fabril más grande de su tipo en la estructura económica del país, cuyos protocolos de reactivación y arranque de reactores avanzan de manera lenta como consecuencia directa de las mismas restricciones en el suministro eléctrico, según testimonios recabados entre el personal técnico y los operadores sindicales de las plantas de la región central.

El origen de la ralentización en la recuperación de la actividad refinadora radica en las dificultades mecánicas y operativas que experimentan las centrales termoeléctricas Planta Centro y Termocentro, ubicadas estratégicamente en la zona de mayor impacto de la contingencia. Ambas instalaciones de generación no han logrado sincronizar ni poner en servicio la totalidad de las unidades turbogeneradoras que se encontraban operando de forma regular antes de los terremotos, lo que limita de forma severa el volumen de megavatios disponibles para abastecer las demandas de arranque de las grandes industrias del cordón costero.

La persistencia de este cuello de botella eléctrico obliga a los administradores de la corporación estatal a aplicar esquemas de racionamiento y administración de cargas para preservar los inventarios de productos refinados, evidenciando que la resiliencia en la extracción de materias primas requiere de manera indispensable de una infraestructura de soporte eléctrico robusta y descentralizada para garantizar la seguridad energética nacional frente a desastres naturales.

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