El financiamiento sostenible enfrenta la paradoja entre el capital interesado en proyectos con impacto ambiental y social, pero con una parte importante de las empresas que todavía no consigue demostrar cuánto necesita, qué resultados generará su inversión y con qué flujo pagará los recursos recibidos.

Esta brecha entre las iniciativas y el financiamiento fue uno de los principales temas del 11° Foro Internacional de Negocios Sostenibles: Retail y Cadenas de Suministro, realizado el 31 de julio en el Auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera y Bancomext, en la Ciudad de México.

“Sí existe capital, sí existe interés de los inversionistas. El tema es cerrar esas brechas”, señaló Daniela Calleja, directora de Nuevas Emisoras de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). De acuerdo con cifras presentadas, entre 2020 y 2026 se financiaron más de 600 mil millones de pesos mediante bonos verdes, sociales, sostenibles, de género, azules y vinculados a la sostenibilidad. En ese periodo se realizaron 189 emisiones y 99% registró sobredemanda, un indicador de que el apetito de los inversionistas ha crecido con mayor rapidez que la oferta de proyectos suficientemente estructurados.

Estructurar el proyecto antes de solicitar el crédito

Para Daniel Gómez Saleta, subdirector de Vinculación y Promoción Institucional de Nafin-Bancomext, uno de los problemas más frecuentes aparece cuando las empresas deben trasladar una buena idea a documentos, proyecciones y mecanismos verificables de pago. “Tenemos los productos y los esquemas, pero el principal problema es la estructuración del proyecto. Hemos visto ideas muy buenas y negocios funcionales que, al momento de evaluarlos para un crédito, no pueden plasmar su información en papel”, explicó.

Las dificultades incluyen construir proyecciones financieras, estimar los ahorros que generará una tecnología, identificar los riesgos de implementación y demostrar cómo la inversión aumentará la capacidad de pago de la empresa.

Así, por ejemplo, una compañía que busca instalar paneles solares no debería limitarse a solicitar recursos para comprar los equipos. Necesita previamente un diagnóstico energético, una estimación del consumo que dejará de pagar, una propuesta técnica y un cálculo que muestre cómo esos ahorros sostendrán el financiamiento.

Frente a esta situación, Nafin-Bancomext ha respondido con capacitación, asistencia técnica y mecanismos de orientación para acompañar a las empresas antes de que presenten una solicitud. Además, se ambas instituciones firmaron un convenio con Cámara Verde LATAM para acercar crédito, alternativas financieras y servicios especializados a proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad e impacto ambiental positivo.

Justamente es el acceso al crédito parte de las metas del Plan México, que plantea que 30% de las pymes cuente con financiamiento hacia 2030. La estrategia también busca que 50% de la proveeduría y el consumo en sectores estratégicos sea de origen nacional e incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones empresariales. Leonardo Poblete, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nafin-Bancomext, sostuvo que la sostenibilidad no puede mantenerse como una posibilidad reservada para grandes corporativos.

“Debe estar al alcance de una pequeña empresa que quiere reducir su consumo de energía, de un emprendimiento que busca aprovechar mejor sus materiales o de una industria que necesita modernizar sus procesos para competir en nuevos mercados”, afirmó.

La presión para medir y presentar información también aumentó desde el mercado bursátil. A partir de 2026, las emisoras deben entregar su primer informe obligatorio de sostenibilidad, elaborado con información correspondiente al ejercicio 2025 y bajo los estándares internacionales NIIF S1 y S2. Para las empresas, esto implica pasar de declaraciones generales a indicadores comparables sobre riesgos climáticos, emisiones, gobernanza, uso de recursos y efectos financieros, integrando la sostenibilidad como parte de la evaluación del negocio.

De la regulación al anaquel

El cambio también alcanza a las cadenas de suministro del retail. Desde enero de 2026, México cuenta con una Ley General de Economía Circular, que incorpora mecanismos como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y establece que productores e importadores deberán organizar y, en determinados casos, financiar esquemas de circularidad para los bienes que colocan en el mercado. Esto obliga a las empresas a conocer con mayor precisión los materiales contenidos en sus productos, quién los fabrica, cómo se distribuyen y qué ocurre con ellos después del consumo.

Eduardo Solano, fundador de NSM Ecosistemas Circulares, explicó que identificar el flujo de materiales permite concentrar recursos en los productos de mayor riesgo regulatorio y distribuir responsabilidades entre fabricantes, importadores, dueños de marca, proveedores de empaques y puntos de venta. “Entender cómo entran los componentes al mercado nos permite focalizar esfuerzos, recursos y costos asociados con la circularidad”, comentó.

La trazabilidad, sin embargo, no garantiza por sí sola que un proveedor encuentre espacio en las cadenas comerciales. Paola García Nieto, directora general de Green Tank México, sostuvo que los compradores buscan relaciones capaces de mantenerse y crecer en el tiempo, donde “El lenguaje común es la colaboración, pero la meta común es la confianza. La tendencia del retail hacia las compras sostenibles busca un socio de negocio y no solamente un producto transaccional”.

En el mismo sentido, Carlos Álvarez, director de Estrategia, Marketing y Sustentabilidad de CHEP, señaló que las cadenas sostenibles requieren compartir información desde el productor hasta el punto de venta.

El mensaje que atravesó el encuentro fue que la transición sostenible ya no depende únicamente de compromisos ambientales. La regulación, el mercado de capitales, la banca de desarrollo y las decisiones de compra comienzan a exigir evidencia.