Dr. Yolanda Villegas*
El gobierno abierto en un contexto de gobernabilidad a escala global, fomenta el carácter cooperativo, con pautas institucionalizadas y con la vista puesta en fomentar la transparencia, la colaboración y la participación, así como reducir las desigualdades, por medio de políticas multilaterales.
Resulta pues trascendente analizar las relaciones de representatividad entre ciudadanos y políticos así como la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental; de allí que resulta atractivo el tipo vertical de rendición de cuentas por medio del gobierno abierto, sustentado en el establecimiento de un sistema institucional de control basado en la creación de agencia y mecanismos especializados de fiscalización que poseen la autoridad para evaluar el comportamiento de determinadas agencias públicas y para aplicar sanciones a aquellas agencias o funcionarios que se consideren en falta. Frente a los límites jurídicos, administrativos y de cultura de gestión, el denominado gobierno abierto es una estructura válida para lograr las grandes metas de cualquier país (idea parafraseada del autor Emmanuel Gómez Farías Mata).
En sí, el gobierno abierto es una tendencia que aglutina mecanismos globales de transparencia administrativa, responsabilidad política y experticia técnica.
De acuerdo al estudioso del Gobierno Abierto, César Nicandro Cruz Rubio, la Alianza para el Gobierno Abierto u “OGP” por sus siglas en inglés, es una iniciativa internacional voluntaria que busca el establecimiento de compromisos de los gobiernos respecto a sus ciudadanos para promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía, combatir la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la gobernanza democrática. La OGP ofrece un foro internacional para el diálogo y para el intercambio sobre innovaciones entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado, siendo todos ellos actores comprometidos en la consecución del gobierno abierto.
Para participar en la OGP, los gobiernos deben mostrar un compromiso con la idea de gobierno abierto, reflejado en un conjunto de indicadores fundamentales: 1) transparencia fiscal; 2) divulgación pública de los ingresos y activos de personas que ocupan cargos políticos y altos funcionarios públicos; 3) acceso a la información pública; y 4) participación ciudadana en el control de las cuentas públicas. Se usan como base indicadores objetivos elaborados por organismos ajenos a las OGP para determinar el grado de progreso de cada país en cada una de estas dimensiones, asignando una valoración máxima de 4 puntos en cada indicador (idea parafraseada del autor César Nicandro Cruz Rubio).
Sería pues alentador la participación de nuestro país en un esquema de gobierno abierto, pues, en palabras de James Rosenau:
“Asistimos a la evolución de una nueva época; como ya se indicó, una época de múltiples contradicciones. El sistema internacional es menos dominante, pero todavía es poderoso. Los Estados están cambiando, pero no desapareciendo. La soberanía estatal está desgastada, pero todavía se ejerce vigorosamente. Los gobiernos son más débiles, pero todavía pueden hacer gala de su autoridad. Las poblaciones algunas veces son más exigentes, otras más dóciles. Las fronteras siguen impidiendo el paso de intrusos, pero son más porosas. Los paisajes geográficos están dando paso a paisajes étnicos, multi-mediáticos, tecnológicos, geográficos están dando paso a paisajes étnicos, multi-mediáticos, tecnológicos y financieros, pero la territorialidad sigue siendo preocupación básica de mucha gente.”
Frente a la incertidumbre, la transparencia es premisa fundamental para el logro de los objetivos globales de cualquier estado. Así las cosas, impulsar la implementación de un gobierno abierto en un marco de gobernanza global, generaría elementos de institucionalización, cooperación, emisión de políticas multilaterales capaces de informar y de mantener una estructura de rendición de cuentas.
*Yolanda Villegas es Doctora en Ciencia y Tecnología graduada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey (Tec de Monterrey), y cuenta con Maestría en Derecho Internacional (MDI) por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas (EGAP) del Tec de Monterrey y Licenciatura en Derecho por parte de dicha institución. Adicionalmente, ha cursado Diplomados en Cornell University (Ithaca, New York) Georgetown University (Washington, D.C.) Université de la Sorbonne (París, Francia), y Harvard University (Boston). Tiene un libro publicado en materia de Derechos Humanos, y otro más en temática del Agua, así como diversas publicaciones en revistas académicas a nivel internacional. Fue Presidenta Nacional de los EXATECs, y actualmente es Consejera de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Directora Jurídica, de Regulación y Cumplimiento de Vitol México, la trading Company de energía más grande del mundo.
