La petrolera colombiana Ecopetrol planea ampliar su presencia en Brasil, el mayor productor de petróleo de América Latina, mediante una estrategia centrada en yacimientos terrestres. Mientras empresas como Petrobras han enfocado sus operaciones en megayacimientos en aguas profundas, Ecopetrol considera que existen oportunidades en zonas onshore poco exploradas.
“Creemos que el territorio terrestre brasileño tiene un gran potencial, especialmente en lo que respecta al gas natural”, afirmó Jorge Martínez, director de operaciones de Ecopetrol en Brasil, durante una entrevista en Río de Janeiro. La empresa busca aprovechar su experiencia en campos terrestres colombianos para posicionarse en segmentos menos atendidos del mercado brasileño.
Actualmente, Ecopetrol colabora con Petrobras en el desarrollo del proyecto Sirius, el mayor yacimiento de gas natural marítimo descubierto en Colombia. Si se confirma su viabilidad comercial, podría triplicar las reservas nacionales y contribuir a reducir el déficit energético del país. Petrobras actúa como operador principal del proyecto.
La estrategia de expansión también contempla fusiones y adquisiciones con empresas que adquirieron activos terrestres durante el programa de desinversión de Petrobras, implementado por su anterior administración. Ecopetrol evalúa estas alianzas como vía para incrementar su producción y diversificar sus reservas en el mercado brasileño.
La Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, fue reconocida con el tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos IPMA 2025, en la categoría de megaproyectos, durante la ceremonia celebrada en Berlín, Alemania. El galardón destaca la planeación, ejecución y eficiencia operativa del complejo, considerado uno de los más relevantes en el ámbito energético global.
El proyecto, desarrollado por Petróleos Mexicanos (Pemex), forma parte del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y es el único diseñado para procesar 100% de petróleo crudo Maya (+/- 22° API). Su infraestructura incluye 17 plantas de proceso con tecnología avanzada, orientadas a la producción de combustibles con altos estándares de calidad, como gasolina Pemex Magna, Pemex Premium, Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), Diésel Ecológico (DECO), Coque, Azufre, gas LP y Propileno.
De acuerdo con Pemex, el reconocimiento refleja el trabajo de los equipos técnicos y operativos que participaron en la construcción y puesta en marcha del complejo. “Este logro representa un paso firme hacia la consolidación de nuestra soberanía energética”, señaló la empresa en su comunicado oficial.
La Refinería de Dos Bocas también se distingue por ser la única en México que produce Diésel Ecológico, utilizado para abastecer a la Península de Yucatán y como combustible para el Tren Maya, lo que refuerza su papel en proyectos estratégicos de movilidad y transición energética.
El premio otorgado por la International Project Management Association (IPMA) posiciona al proyecto mexicano entre los más destacados del mundo en términos de gestión de infraestructura energética, en un contexto donde la eficiencia y la innovación son clave para enfrentar los retos del sector.
En los últimos meses, el tema de los controles volumétricos para hidrocarburos y petrolíferos ha tenido un boom, debido a la extensión gubernamental de la obligación para contar con ellos a todos los usuarios que almacenen o utilicen para usos propios o autoconsumo petrolíferos o gas natural derivado de su actividad.
Y parece que era algo necesario si, como ha dicho ONEXPO, uno de cada tres litros que se distribuyen en México es ilegal. O como lo mencionó El Universal el pasado 12 de agosto, en cuanto a que Pemexpierde cada día 56.7 millones de pesos por el robo de combustibles, y que en el primer semestre del año, el Gobierno federal decomisó 41 millones de litros de combustibles, recuperando mil millones de pesos en productos, lo que equivale tan solo a un 10% de las pérdidas.
Y es que las empresas particulares, mexicanas y extranjeras, han aprovechado la incipiente aplicación de la regulación y exigencia del cumplimiento de obligaciones en el rubro de los controles volumétricos, como es el sonado caso del decomiso de 15 millones de litros de diésel en Coahuila el pasado julio, en el cual la mexicana Ingemar, S.A. de C.V. y la estadounidense Belar Fuels Company, están siendo investigadas por la probable falsificación de documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tienen autorizados.
En específico, parece que utilizaron facturas falsas, pedimentos de importación y fichas de embarques apócrifos para importar más cantidades de hidrocarburo que las que reporta, con el fin de evadir impuestos.
Sin embargo, las empresas privadas no son las únicas que pueden delinquir. De acuerdo con la “Alerta de FinCEN sobre los esquemas de contrabando de petróleo en la frontera suroeste de EE.UU. asociados a cárteles mexicanos”, publicada el pasado 1 de mayo por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU., empleados de Pemex han facilitado la comisión del delito de huachicol:
“Los cárteles y sus huachicoleros principalmente obtienen petróleo crudo sobornando a empleados corruptos de Pemex y a funcionarios de gobiernos locales, aunque pueden utilizar otras tácticas para robar petróleo crudo de Pemex en todo México, incluyendo la perforación ilegal de tomas en oleoductos, robando en refinerías y amenazando a empleados de Pemex.”
Según muestra la referida Alerta de FinCEN, posterior a obtener ilícitamente el petróleo crudo de Pemex, los cárteles lo transportan a tanques de almacenamiento en territorios controlados por ellos mismos. Luego, el crudo se transporta en camiones cisterna a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetado falsamente como “aceite de desecho” u otros materiales peligrosos relacionados con el proceso de refinado del petróleo y el gas natural. Tras cruzar la frontera de Estados Unidos, el petróleo crudo robado se entrega en terrenos baldíos de empresas estadounidenses antes de ser entregado finalmente a importadores estadounidenses cómplices y vendido en los mercados energéticos estadounidense y mundial.
Es por esa razón que se reconoce como un gran avance la asignación de un presupuesto de 23 mil mdp para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos a través del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, publicado el pasado 5 de agosto.
Con ese presupuesto se pretende instalar equipos de última generación para medir y controlar la calidad de los productos, así como la implementación del sistema informático “Unidad Central de Control”, que se integrará de información a lo largo de toda la cadena de valor de Pemex.
Tal estrategia pretende incrementar el cumplimiento de los controles volumétricos establecidos por el SAT del 15% al 96% de 2025 a 2035, lo cual representaría una mejora del 81% en la gestión y supervisión volumétrica, según señala el documento.
Asimismo, se planteó invertir 10,967 mdp para mantener y calibrar de forma continua los sistemas de medición, de tal forma que exista certeza en los puntos de transferencia de custodia, lo cual garantizará la trazabilidad volumétrica que se necesita para detectar desviaciones y pérdidas no operativas en las diversas instalaciones petroleras.
Finalmente, se describió la implementación de un sistema digital de control para el acceso de autotanques a instalaciones de almacenamiento y diversas refinerías.
Sin embargo, consideramos necesario mencionar que la obligación para los sujetos que llevan a cabo actividades relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos de llevar controles volumétricos entró en vigor en enero de 2022: hace tres años y medio.
Pero Pemex declara a través del Plan Estratégico que cumple en un porcentaje del 15%, y no solo eso, sino que prevé cumplir al 96% en diez años. ¡Diez años!
Entendemos que existen muchos factores que están relacionados con el robo de combustibles, pero podemos afirmar que –con base en los datos obtenidos por El Universal–, manteniendo las demás variables que afectan al fenómeno constantes, hoy en día existe un 15% de cumplimiento de la obligación de llevar controles volumétricos, y que hay una pérdida diaria por estos delitos de 56.7 mdp.
Entonces, si para establecer un parámetro, asumimos que el 100% de cumplimiento equivale a cero pérdida financiera (que es poco realista, pero lo usamos solo para generar este modelo), podemos dilucidar lo siguiente:
Conviene insistir en que los cálculos aquí presentados se realizan bajo el supuesto de que nada cambia en el entorno salvo el avance en el cumplimiento de los controles volumétricos. En ese sentido, este ejercicio no pretende ser una proyección oficial, sino una ilustración de la magnitud del costo de oportunidad que implica la lentitud del plan.
Bajo ese supuesto, el nivel actual de cumplimiento de 15% se traduce en pérdidas cercanas a 56.7 millones de pesos diarios, y aun con la inversión anunciada, el propio calendario de Pemex reconoce que se alcanzaría apenas un 96% de cumplimiento en 2035. Esto significa que durante los próximos diez años el país absorbería pérdidas acumuladas superiores a 129 mil millones de pesos, es decir, poco menos de cuatro veces lo que se planea invertir en la solución.
Como paréntesis, nos gustaría apuntar que, hace un año, los Resultados Preliminares al 30 de septiembre de 2024 de Pemex señalaban que el huachicol fiscal representa una variación entre lo exportado por Estados Unidos e importado en México de 40 millones de litros diarios de combustible. Si de esa cantidad calculamos la pérdida en recaudación de IEPS (tasa promedio de $5 por litro), el gobierno pierde alrededor de $200 millones diarios, lo que equivale a $73,000 millones al año.
¿Cómo es esto? ¿Se pierde más en impuestos que en el propio insumo o por qué esta inconsistencia en los números que ha provisto la propia empresa Pemex? La respuesta es fácil: a falta de controles volumétricos, Petróleos Mexicanos ni siquiera puede saber cuánto dinero está perdiendo el Estado mexicano, se trate de insumos o impuestos. Es más, nos atreveríamos a decir que, a causa de esta falta de cumplimiento, tampoco sabe cuánto produce a ciencia cierta. Fin del paréntesis.
En suma, el problema no es la inversión en sí misma, sino el tiempo excesivo que tomará implementarla, tiempo durante el cual las pérdidas de miles de millones de pesos seguirán creciendo.
Al respecto, si bien es cierto que no es un secreto que Pemex se encuentra en un bache financiero, con todas las viejas deudas a proveedores pendientes por pagar acumuladas, también es cierto que el fenómeno de robo de combustibles, que trae aparejado no solo pérdida de dinero, sino violencia y debilitamiento del estado de derecho, hace apremiante la implementación de las políticas públicas necesarias para erradicar el referido fenómeno.
A nuestro parecer, si la obligación de llevar controles volumétricos se implementó en 2022, para el año en que estamos ya debería haber un nivel de cumplimiento más homogéneo entre los sujetos obligados; y con mayor razón ahora que incluso las empresas que almacenen o utilicen para usos propios o autoconsumo deben contar con ellos, y con esto a veces estamos hablando de pequeños y medianos negocios, a los cuales se les está exigiendo invertir en sistemas de gestión, sistemas de medición y softwares funcionales y de seguridad.
Resulta desproporcional y poco consistente que la empresa del Estado más grande del país no sea evaluada conforme a piso parejo respecto de esos otros pequeños y medianos contribuyentes referidos, cuando ella tenía la obligación de cumplir tres años atrás.
Por esta razón, se considera que, si bien son de reconocer los esfuerzos y metas propuestas en el Plan Estratégico 2025-2035, los plazos propuestos para la implementación de los controles volumétricos deben acortarse, para establecer una situación de igualdad respecto de los demás sujetos obligados.
Para esto, el SAT deberá presionar con mayor intensidad a todos los sujetos obligados, sobre todo a aquellos que han tenido más de tres años para implementar los mecanismos que requiere la RMF vigente.
Además de lo anterior, estimamos que también vale la pena actualizar el marco regulatorio vigente por lo que hace a los controles volumétricos, con el fin de generar una política pública más eficaz y efectiva, que coadyuve en la prevención del robo de hidrocarburos.
En ese sentido, uno de los aspectos de esa mejora deberá consistir en elevar el nivel de las capacidades técnicas de expertos evaluadores (en entidades de acreditación) e inspectores (en unidades de inspección), así como la vigilancia por parte de la autoridad sobre el cumplimiento y mantenimiento de estos referentes, con el objeto de establecer un estándar mínimo que garantice la excelencia técnica y evite la corrupción en el sector, convirtiendo a los controles volumétricos en una medida confiable y blindada contra cualquier conflicto de interés.
En ambos casos, se debe garantizar la participación de especialistas que sean verdaderos peritos en la rama que van a evaluar. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque hoy en día, los expertos técnicos de las entidades de acreditación, que se encargan de examinar a los aspirantes a inspectores, saben de todo un poco, pero no están verdaderamente especializados, lo que ha conllevado a que las capacidades técnicas de las unidades de inspección tampoco estén al nivel que haría eficaz a la política pública.
Lo anterior tiene como resultado la práctica de inspecciones flexibles a los contribuyentes por lo que hace a controles volumétricos y que todo el tema de los controles volumétricos sea, más que una medida capaz de elevar la recaudación y disminuir el robo de hidrocarburos, un mero trámite susceptible de ser pagado.
La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a entregar los comprobantes de pago por los envíos de crudo y derivados a Cuba, realizados desde julio de 2023 a través de su filial Gasolinas Bienestar, al argumentar que se trata de una sociedad mercantil de derecho privado y, por tanto, no está obligada a transparentar dicha información.
La respuesta fue emitida tras una solicitud vía transparencia realizada por el diario El Universal. Pemex sostuvo que Gasolinas Bienestar no constituye una entidad paraestatal ni está sujeta a las disposiciones del artículo 117 de la Ley de la Empresa Pública del Estado. La empresa fue creada para evitar operar mediante PMI, su subsidiaria que comercia con Estados Unidos, y así no contravenir el embargo vigente sobre la isla.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que el argumento de Pemex contradice el artículo 6 constitucional. “No es por su carácter de empresa paraestatal o privada que se deba entregar la información, sino porque la razón social recibe o ejerce recursos públicos”, señaló. También advirtió que los acuerdos internacionales pueden tener implicaciones en la seguridad energética del país.
De acuerdo con reportes enviados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), los envíos a Cuba alcanzaron entre 19 mil y 23 mil barriles diarios, con un valor total de 1,300 millones de dólares, equivalentes al 3.3% de las exportaciones totales de la empresa. En contraste, las ventas a Estados Unidos han caído 40% en dos años.
Analistas como Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, señalaron que el uso de filiales privadas ha permitido a Pemex operar sin rendición de cuentas. “Es una más de las empresas creadas bajo el derecho privado que opacan información pública”, dijo, al recordar casos como PTI Infraestructura para la refinería de Dos Bocas y Gas del Bienestar, que tampoco han reportado resultados financieros positivos.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) autorizó 221 permisos para instalar nuevas estaciones de servicio en menos de dos meses, como parte de su estrategia para agilizar trámites en el sector energético. Esta cifra incluye 97 autorizaciones otorgadas a inicios de septiembre y 51 más en agosto, lo que marca una aceleración en la expansión de infraestructura.
Veracruz encabeza la lista con 15 nuevas gasolineras, seguido por Puebla con 10, Durango con 8 y Nuevo León con 6. También se registraron permisos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y otras entidades, con énfasis en zonas de menor cobertura.
Entre las empresas beneficiadas figuran Gas del Atlántico, Petro Fuels Zacatal, Combustibles Raga, Orvi Combustibles, Energéticos Chihuahuita, Grupo Gasolinero Mayall, Administradora del Mercado de Abastos Estrella, Inmobiliaria Samich, Corporativo Carpen Energy, Estación de Servicio Tres G, Gas-Mat y Sonigas.
La distribución de permisos apunta a mejorar el acceso en regiones con menor infraestructura, aunque en zonas como el Bajío y el norte del país, donde ya operan miles de estaciones, podría generar presión sobre precios y oferta local.
De mantenerse el ritmo actual, el sector podría sumar 300 nuevas estaciones hacia el cierre de 2025, en línea con los objetivos del regulador para fortalecer la cobertura nacional y facilitar el desarrollo de infraestructura energética.
La empresa Chevron Peru Exploration Limited, subsidiaria de propiedad total de Chevron, formalizó su ingreso al sector de exploración petrolera en el norte del mar peruano, tras adquirir una participación no operativa del 35% en los bloques Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la Cuenca de Trujillo. El acuerdo se concretó con Anadarko Perú Limited y recibió todas las aprobaciones regulatorias correspondientes.
La operación se enmarca en una estrategia de expansión regional. “Con este acuerdo, continuamos ampliando nuestro portafolio de exploración con oportunidades de alta calidad”, declaró Liz Schwarze, vicepresidenta de Exploración de Chevron. Por su parte, Anadarko mantendrá el rol de operador en los tres bloques, conservando también una participación del 35%.
La tercera parte del consorcio está conformada por Westlawn Perú S.A.C., afiliada de Westlawn Americas Offshore LLC, que adquirió el 30% restante. Las tres compañías colaborarán en el desarrollo de esta zona considerada de alto potencial energético.
“Estamos entusiasmados de ingresar a la promisoria Cuenca de Trujillo en Perú y de trabajar junto a nuestros socios comerciales y autoridades de gobierno”, señaló Patricia Pradal, presidenta de Chevron para Exploración en Sudamérica.
Chevron ha mantenido presencia en exploración y producción en América Latina por más de un siglo, y continúa evaluando oportunidades en la región, en línea con sus objetivos de crecimiento en áreas estratégicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se esperan más detenciones relacionadas con el caso de huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre contrabando de combustibles y falsificación de documentos aduanales. El caso involucra operaciones en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
Sheinbaum defendió el control de las aduanas por parte de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, al señalar que la recaudación aumentó tras asumir esa responsabilidad. “En este año ha aumentado la recaudación en casi 200 mil millones de pesos adicionales en Aduanas”, declaró.
La mandataria aseguró que cualquier funcionario civil o militar vinculado a actos de corrupción será investigado. “Si hay un elemento civil o militar o naval que esté involucrado en un acto de corrupción, se procede”, afirmó.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Roberto Farías Lagunas y Francisco Javier Antonio Martínez, empresarios señalados como parte de una red que sustrajo miles de millones de pesos. El operativo incluyó el decomiso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos y acciones en Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
La jueza federal Loretta Preska ordenó a YPF presentar en un plazo de 15 días la documentación solicitada en el proceso de discovery, como parte de la investigación que busca determinar si la petrolera argentina puede ser considerada alter ego del Estado argentino. Esta definición es central para establecer si los activos de la empresa podrían ser utilizados como parte del pago de la sentencia por 16,000 millones de dólares que pesa sobre el país.
Aunque Preska absolvió previamente a YPF de responsabilidad directa en el fallo, el litigio continúa en torno a la posibilidad de que sus bienes sean embargados por los beneficiarios de la sentencia. La jueza busca esclarecer los vínculos institucionales y operativos entre la empresa y el Estado, lo que podría modificar el alcance de la ejecución judicial.
“El desafío de YPF es demostrar su independencia del Estado argentino”, explicó el especialista Sebastián Maril en declaraciones a Noticias Argentinas. Si se determina que la compañía actúa como extensión del gobierno, sus activos podrían quedar expuestos a medidas de cobro por parte de los demandantes.
El caso, impulsado por el fondo Burford Capital, ha escalado en complejidad tras las apelaciones cruzadas presentadas por las partes. Por un lado, el Estado argentino busca revertir la sentencia condenatoria, mientras que Burford impugna la exoneración de YPF. Ambas posiciones serán expuestas ante la Cámara de Apelaciones el próximo 29 de octubre.
Este litigio internacional pone en juego no solo el patrimonio estatal, sino también la autonomía jurídica de una de las principales empresas energéticas de Argentina, en un contexto de alta sensibilidad financiera y política. La resolución sobre el carácter de YPF podría sentar un precedente en materia de responsabilidad corporativa y soberanía económica.
La Comisión Europea propuso este viernes prohibir la importación de gas natural licuado (GNL) de Rusia a partir de enero de 2027, como parte de un nuevo paquete de sanciones económicas. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmó que “la economía de guerra de Rusia se sustenta en los ingresos procedentes de los combustibles fósiles… es hora de cerrar el grifo”.
La medida se suma al endurecimiento de restricciones contra el petróleo ruso, incluyendo el veto a 118 buques adicionales que forman parte de la llamada “flota fantasma”, utilizada para evadir sanciones. Con esta ampliación, la lista negra ascendería a 560 embarcaciones. También se propone una prohibición total de transacciones con las compañías Rosneft y Gazprom Neft, así como la congelación de activos de otras empresas energéticas.
El paquete contempla nuevas acciones contra refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países que han facilitado operaciones con crudo ruso, incluidas compañías de China. Von der Leyen aseguró que los ingresos petroleros de Rusia en Europa han disminuido en un 90% en tres años, y que las sanciones seguirán hasta alcanzar una “paz justa y duradera”.
Además, se incluirán restricciones al acceso ruso a tecnologías estratégicas, como inteligencia artificial, datos geoespaciales y recursos críticos utilizados en la producción de armamento. También se ampliarán las sanciones a plataformas de criptomonedas, bancos rusos y entidades de terceros países que han facilitado transacciones para eludir medidas restrictivas.
La Unión Europea busca alinear sus sanciones con los socios del G7 y reforzar el apoyo a Ucrania mediante un esquema de financiamiento basado en activos rusos inmovilizados, sin tocar directamente los fondos. Von der Leyen adelantó que esta propuesta será presentada próximamente como parte de los esfuerzos para sostener la defensa ucraniana.
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