La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que del 25 al 31 de octubre de 2025, no habrá estímulo fiscal al IEPS para los combustibles automotrices. Esto significa que los consumidores seguirán pagando el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de gasolina Magna, gasolina Premium y diésel, según el Acuerdo 151/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esta medida, la gasolina menor a 91 octanos (Magna) y el diésel acumulan 29 semanas consecutivas sin apoyo fiscal, desde que el estímulo fue retirado el 12 de abril de 2025. En el caso de la gasolina Premium, el retiro del beneficio se mantiene desde la segunda semana de octubre de 2023. Actualmente, los tres combustibles operan sin subsidio federal.
Los montos del impuesto por litro no han cambiado. Los conductores deben pagar 6.45 pesos por litro de gasolina Magna, 7.09 pesos por litro de diésel y 5.21 pesos por litro de gasolina Premium. Estos valores reflejan el gravamen completo aplicado por el gobierno, sin ajustes compensatorios.
La SHCP no explicó las razones específicas detrás de la continuidad del retiro del estímulo. Sin embargo, el acuerdo forma parte de la política de revisión semanal de tasas fiscales. El documento oficial indica que el porcentaje de estímulo aplicable será del 0.00%, lo que confirma la ausencia total de subsidio.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 99.82% en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones recientes. El servicio ya opera con normalidad en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. En Hidalgo, aún quedan 466 usuarios sin energía, los cuales serán atendidos en las próximas horas.
La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, explicó que las brigadas siguen trabajando en comunidades de difícil acceso. “Nos encontramos en las zonas más alejadas con estrategias específicas y esperamos lograrlo muy pronto”, dijo en conferencia presidencial. El avance se logró gracias a la coordinación con dependencias federales y al despliegue operativo en campo.
En las labores participan 1,602 trabajadores y trabajadoras eléctricas, apoyados por una infraestructura que incluye 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos. Estos recursos han permitido acelerar la reconexión en áreas rurales y garantizar la seguridad durante el proceso.
Como medida adicional, la CFE entregó 7,880 chips de telefonía e internet gratuitos en comunidades donde las redes tradicionales fueron afectadas. Esta acción busca garantizar la comunicación en zonas que quedaron incomunicadas tras el temporal.
La CFE indicó que las brigadas permanecerán activas hasta lograr el restablecimiento total del suministro eléctrico. También se busca mantener la estabilidad del sistema en los estados más afectados. El operativo forma parte de una estrategia integral para atender emergencias climáticas.
Finalmente, Calleja agradeció el esfuerzo del personal técnico. “El reconocimiento también a todos los compañeros electricistas que han logrado los resultados que hemos reportado”, expresó. La CFE reiteró su compromiso de alcanzar el 100% de reconexión conforme lo permitan las condiciones de acceso y seguridad.
En el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer dos disposiciones clave que definirán el nuevo marco operativo del sector:
El Acuerdo por el que se publica el Formato Único de Solicitud para el Expendio al Público de Petrolíferos, instrumento que reemplaza los esquemas de trámite heredados de la extinta CRE y formaliza la digitalización de los permisos bajo la Oficialía de Partes Electrónica de la CNE. Este formato simplifica tiempos de respuesta, integra validaciones fiscales automáticas (RFC, opinión de cumplimiento SAT) y estandariza la información técnica, ambiental y social de las estaciones de servicio.
El Acuerdo por el que la CNE deja sin efectos la regulación aplicable a las Ventas de Primera Mano y la regulación asimétrica de PEMEX y sus filiales, con el cual se derogan las directivas y metodologías emitidas por la CRE entre 2014 y 2020. La medida da cumplimiento al Sexto Transitorio de la Ley del Sector Hidrocarburos y simboliza el fin del régimen asimétrico que buscaba equilibrar el poder de mercado de Pemex frente a los privados, trasladando la supervisión al nuevo modelo de competencia regulada por la CNE.
El arranque de la arquitectura regulatoria
Ambas publicaciones confirman que la fase operativa de la reforma energética ya está en marcha. Los Reglamentos, publicados el 30 de septiembre, establecieron las bases jurídicas para que la CNE y la SENER asumieran las funciones regulatorias y técnicas que antes estaban distribuidas entre diversos órganos —entre ellos la CRE y la CNH—.
Con estas disposiciones, la autoridad inicia un proceso de reordenamiento administrativo que busca tres objetivos centrales:
• Simplificar trámites y homologar criterios entre los distintos eslabones de la cadena energética.
• Consolidar la supervisión de mercado bajo un solo ente rector.
• Establecer una plataforma digital unificada para permisos, reportes e información técnica.
Centralización y control
El nuevo papel de la CNE trasciende el aspecto burocrático: representa una reconfiguración institucional del modelo energético mexicano. La centralización de atribuciones permitirá —según el discurso oficial— una mayor coordinación interinstitucional y una visión sistémica de la política energética. Sin embargo, el reto está en equilibrar esa centralización con certeza jurídica, agilidad operativa y transparencia para los regulados.
Para las empresas del sector —desde estaciones de servicio hasta comercializadores y transportistas— este cambio implica revisar su cumplimiento regulatorio bajo el nuevo marco, actualizar documentación y anticipar los lineamientos que seguirán en semanas próximas, especialmente en materia de comercialización, almacenamiento y trazabilidad.
Conclusión
El 6 de octubre de 2025 marca el inicio de una nueva etapa de la regulación energética en México. Los actos publicados hoy en el DOF son más que simples ajustes administrativos: son las primeras piezas del nuevo rompecabezas normativo con el que la CNE buscará ordenar, supervisar y digitalizar el sector.
A partir de ahora, cada disposición publicada será un ladrillo más en la construcción de un modelo centralizado de gestión energética, donde el cumplimiento, la trazabilidad y la integración digital serán los ejes sobre los que girará el futuro de la política energética nacional.
El Fondo Pemex, creado en agosto de 2025 por el Gobierno federal, comenzó a operar como mecanismo financiero para atender los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El instrumento está a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que ya inició la validación de facturas por trabajos realizados este año. El objetivo es recuperar la cadena de pagos en el sector energético.
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) informó que Banobras convocó a cerca de 250 proveedores críticos para revisar documentación y establecer acuerdos. Según su presidente, Rafael Espino de la Peña, “ya hay certidumbre en que se va a pagar, porque ya está el dinero ahí”. Aunque los pagos aún no se han liberado, el proceso busca evitar que se acumulen nuevas deudas y restablecer la confianza comercial.
El fondo fue constituido por Banobras en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cuenta con respaldo del Gobierno Federal y tiene una capacidad de hasta 250 mil millones de pesos. Se financia mediante la banca de desarrollo, la banca comercial y inversionistas institucionales. Su propósito es garantizar que los proyectos de inversión de Pemex cuenten con recursos suficientes y se ejecuten en tiempo y forma.
Hasta el 17 de octubre, el fondo había dispersado 29 mil 197 millones de pesos. De ese total, 26 mil 285 millones se liberaron en octubre, correspondientes a 307 contratos de 154 proveedores en siete estados. Un programa piloto previo, realizado en septiembre, canalizó otros 2 mil 912 millones. Los pagos se autorizan tras la validación de entregables y la firma de convenios de re-documentación entre Pemex y las empresas.
Espino de la Peña advirtió que aún hay pendientes. Uno de ellos es el reconocimiento de trabajos ejecutados hasta 2024 que no han sido facturados. Amespac estima que Pemex mantiene una deuda de aproximadamente 20 mil millones de dólares con proveedores. Esto representa una quinta parte de sus compromisos comerciales. El representante pidió que el Gobierno mantenga una relación comercial predecible y conforme a mejores prácticas.
Por su parte, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, afirmó que el fondo busca fortalecer la gestión financiera de Pemex y facilitar el cumplimiento del Plan Estratégico 2025–2035. “Será un vehículo atractivo para el financiamiento y contará con garantía del gobierno federal, lo que hará que su costo de financiamiento sea muy bajo”, declaró. El avance en los pagos busca restablecer la confianza en la cadena de suministro y asegurar la continuidad de los proyectos energéticos.
Tras una fuga en el oleoducto Poza Rica-Madero, Pemex informó la recuperación de 345,000 litros de crudo derramado en el río Pantepec, en el estado de Veracruz. La empresa confirmó que el ducto fue sellado y se encuentra nuevamente en operación, bajo supervisión técnica.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, supervisó las labores de contención en el arroyo Citlaltépetl, donde se unió el hidrocarburo con el río Pantepec-Tuxpan.
En el operativo participan 750 trabajadores, personal de dependencias federales y seis compañías contratadas. Para contener el derrame se desplegaron 22 barreras marinas, 230 cordones oleofílicos, vehículos terrestres y marinos, además de equipos especializados como skimmers y respiradores autónomos. Las acciones se realizan bajo protocolos de seguridad ambiental y monitoreo constante.
Pemex señaló que, además de recuperar el crudo, se ha logrado proteger a las comunidades cercanas y atender los ecosistemas afectados. La empresa mantiene un seguimiento activo para garantizar la limpieza total y la remediación de la zona.
Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la respuesta inmediata de Pemex al cerrar válvulas y reparar el ducto. También informó que se analizan las causas del incidente y que tres empresas especializadas fueron contratadas para ejecutar el saneamiento bajo supervisión federal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que existen empresas estadounidenses involucradas en investigaciones abiertas por huachicol fiscal, en seguimiento a las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que “no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal”.
Sheinbaum destacó que las acciones emprendidas contra el contrabando de combustibles han generado resultados visibles, como el incremento en las ventas legales de gasolina, tanto por parte de Pemex como de empresas autorizadas para importar. “El combustible ilegal que entra a México ya es bastante menos”, afirmó, atribuyendo la disminución a una mayor vigilancia en aduanas y al seguimiento de las investigaciones.
En paralelo, la presidenta informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también realiza investigaciones sobre el ingreso irregular de combustibles al territorio mexicano. La colaboración entre ambos países se da en el contexto de una red compleja que, según una investigación de Reuters, involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a compañías fachada en México, Estados Unidos y Canadá.
El reportaje señala que la firma Ikon Midstream, con sede en Houston, facilitó la importación ilegal de diésel a México a través de la empresa Intanza, ubicada en Monterrey y presuntamente vinculada al CJNG. El combustible fue adquirido en Canadá, declarado como “lubricantes” para evadir impuestos, y transportado en buques que ingresaron de forma irregular a puertos como Ensenada y Guaymas.
Las investigaciones en curso apuntan a una estructura transnacional que opera mediante evasión fiscal, uso de empresas fachada y manipulación de documentos aduanales. El caso ha reactivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la frontera energética y revisar los esquemas de importación de hidrocarburos.
Las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México alcanzaron un nivel récord en mayo de 2025, con un promedio de 7.5 mil millones de pies cúbicos diarios, según datos de la Administración de Información Energética (EIA). Este volumen superó el promedio anual de 2024, que fue de 6.4 mil millones, y representa el nivel más alto desde 1975.
La EIA atribuyó el incremento a la mayor demanda del sector industrial, especialmente en la generación de electricidad. También coincidió con el aumento en el uso de sistemas de enfriamiento durante la temporada de calor en hogares, escuelas, empresas e industrias mexicanas.
Datos oficiales indican que 70 % del gas natural consumido en México es importado, siendo Estados Unidos el principal proveedor. La Secretaría de Energía (Sener) reportó que el consumo nacional aumentó 11.68 % entre 2019 y 2024, al pasar de 7.7 a 8.6 mil millones de pies cúbicos diarios.
Durante el sexenio anterior, varios proyectos privados de gasoductos fueron detenidos por conflictos sociales y por señalamientos del gobierno federal sobre “contratos leoninos”, que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar por gas no entregado. La puesta en servicio de nuevos ductos en el centro y suroeste del país permitió ampliar la capacidad de recepción.
Ante esta dependencia, el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reducir las importaciones mediante el fortalecimiento de la producción nacional. La meta es pasar de 3.8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2024 a 5 mil millones en 2030.
El sector de la infraestructura atraviesa una fase de transformación acelerada. La presión por atender la demanda energética, responder al cambio climático y sostener el crecimiento económico ha hecho visible la necesidad de una capacidad de diseño, construcción y mantenimiento que supera con creces la capacidad de la fuerza laboral actual. Este desafío fue el punto de partida del Year in Infrastructure and Going Digital Awards 2025, realizado en Ámsterdam, donde Bentley Systems reunió a ingenieros, desarrolladores y líderes industriales para analizar cómo la tecnología puede multiplicar esa capacidad.
Nathan Marsh, vicepresidente senior para Europa, Medio Oriente y África, abrió el encuentro recordando que la historia de los Países Bajos —un país que literalmente ganó territorio al mar— ilustra lo que la ingeniería puede lograr cuando se enfrenta a limitaciones extremas. En su discurso, trazó un paralelismo entre la innovación holandesa y los desafíos actuales: “No se trata solo de construir más, sino de hacerlo con mayor inteligencia, con herramientas que permitan a los ingenieros actuales producir resultados a una escala que antes era impensable”.
Marsh destacó que, ante la escasez global de ingenieros, la productividad se ha convertido en un imperativo estructural. La clave, afirmó, no está en aumentar el número de profesionales, sino en dotarlos de sistemas que integren datos, flujos de trabajo y decisiones automatizadas. Los casos presentados durante el evento mostraron reducciones de costos, tiempos y errores en rangos del 15 al 25 por ciento, producto de la aplicación de metodologías digitales.
Sin embargo, el ejecutivo advirtió que estas mejoras aún son insuficientes frente a la magnitud de los retos globales. “Para cerrar la brecha entre lo que el mundo demanda y lo que podemos entregar, necesitamos un salto en productividad. Ese salto ya está comenzando, y su nombre es inteligencia artificial”, apuntó.
Según Marsh, casi la mitad de los proyectos finalistas en esta edición incorporaron algún tipo de inteligencia artificial, pero lo relevante no es la adopción de la herramienta, sino su diversidad de usos: optimización de diseño, planeación predictiva, análisis geológico, detección de fugas o monitoreo en tiempo real, por mencionar algunos ejemplos. En Turquía, explicó, un proyecto de energía geotérmica redujo un plan de desarrollo de cinco años a uno solo, con un ahorro de 75 por ciento en costos. En China, una red eléctrica integró algoritmos de IA con drones y sensores para anticipar fallas, mejorando la eficiencia operativa en más de 60 por ciento.
Para el directivo, estos casos demuestran que la inteligencia artificial ya no es una promesa teórica, sino una herramienta funcional que amplía la capacidad de los ingenieros para tomar decisiones más rápidas y precisas. Sin embargo, señaló un punto crítico: el reto no es incorporar IA, sino hacerlo con contexto. “Las recomendaciones automatizadas solo son útiles si comprenden el propósito, las limitaciones y las condiciones físicas de un proyecto. En infraestructura, la precisión es innegociable”, dijo.
El experto de Bentley Systems describió cuatro capas de contexto que determinan la efectividad de la inteligencia artificial en el ámbito de la ingeniería:
Intención del proyecto: define objetivos, límites de costo, tiempo, seguridad y carbono.
Entorno físico y ambiental: que debe reflejar tanto las condiciones actuales como las proyectadas.
Memoria institucional: capacidad de aprender de experiencias previas y convertirlas en conocimiento accesible para nuevas generaciones de ingenieros.
Contexto ingenieril: establece los marcos normativos, las leyes físicas y las buenas prácticas que garantizan que las soluciones generadas por IA sean seguras y constructibles.
La combinación de estas dimensiones, explicó, permite que la IA genere recomendaciones basadas en realidades físicas y no en abstracciones estadísticas. “Un modelo de IA puede simular miles de escenarios, pero si no entiende la gravedad, las normas de carga o los códigos de seguridad, su recomendación es inútil”, subrayó.
En ese sentido, el aprendizaje de las máquinas solo tiene valor si se alimenta de información verificada y estructurada bajo estándares abiertos. Marsh insistió en que la interoperabilidad de los datos es una condición necesaria para escalar la productividad en toda la industria: “Si cada proyecto comienza desde cero, la industria se estanca. La apertura de datos permite que cada obra sea un punto de partida, no un punto final”.
Patrick Cozzi, Chief Platform Officer de Bentley Systems, retomó esa idea desde la perspectiva geoespacial. Explicó que la integración de Cesium —una plataforma abierta de modelado 3D— con herramientas como MicroStation y iTwin Capture representa un avance en la forma en que los ingenieros pueden contextualizar proyectos en el entorno real. “Las plataformas son los cimientos de la eficiencia digital. La visualización no es un fin en sí mismo, sino una base para tomar decisiones con mayor precisión”, afirmó.
Cozzi destacó que Cesium ha alcanzado más de 10 millones de descargas y se ha convertido en un estándar para el modelado geoespacial, integrándose con motores de simulación como Unreal Engine y NVIDIA Omniverse. Su función principal es conectar el mundo físico con el digital, incorporando entornos reales en las fases de planeación, diseño y operación. Este proceso, señaló, no solo mejora la coordinación entre disciplinas, sino que reduce riesgos en campo y costos de ajuste durante la construcción.
El ejecutivo presentó además los avances en detección automática de objetos y defectos mediante AI Feature Detectors, así como la introducción de Gaussian Splats, una técnica derivada de la gráfica computacional que incrementa la fidelidad visual de elementos delgados o transparentes, como cables, antenas o estructuras metálicas. Ambas innovaciones permiten un monitoreo más detallado y un análisis de infraestructura con base en información tridimensional real.
Finalmente, Cozzi abordó el uso responsable de la inteligencia artificial. Subrayó que los datos de los usuarios permanecen bajo su control y que la compañía mantiene un compromiso de transparencia sobre cómo se emplea la información en modelos entrenados. “La inteligencia artificial puede automatizar y acelerar, pero su valor depende de la confianza. La precisión técnica y la propiedad de los datos son condiciones que no se negocian en ingeniería”, concluyó.
El buque petrolero Torm Agnes descargó 120,000 barriles de diésel en el puerto de Ensenada el 8 de marzo, pese a que el recinto carece de infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables. La operación se realizó mediante mangueras conectadas directamente a camiones cisterna.
Según una investigación de Reuters, la maniobra fue ejecutada con precisión por un equipo que trabajó sin interrupciones, incluso durante la noche. El combustible fue adquirido en Canadá por la empresa texana Ikon Midstream, que lo declaró como lubricante en aduanas.
Autoridades mexicanas señalaron que el destinatario final era una fachada de uno de los cárteles más violentos del país. Ni la empresa ni su director ejecutivo respondieron a las solicitudes de comentarios. Su abogado pidió a Reuters cesar el contacto: “¡Nadie hablará con su reportero!”.
El caso forma parte del llamado huachicol fiscal, un esquema en el que el contrabando se disfraza de importaciones legales. Cinco fuentes gubernamentales indicaron que hasta un tercio del mercado mexicano de gasolina y diésel proviene de operaciones ilícitas.
Reuters estimó que el valor del combustible ilegal que ingresa a México supera los 20,000 millones de dólares anuales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó este tráfico como la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
La Secretaría de Marina anunció una investigación interna. “No toleraremos la corrupción bajo ninguna circunstancia”, declaró el almirante Raymundo Morales. En EU, legisladores buscan endurecer regulaciones, mientras funcionarios advierten sobre una nueva “flota oscura” de buques cisterna.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, en respuesta a lo que calificó como una “falta de compromiso serio” por parte del gobierno ruso para avanzar en un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.
Las medidas, anunciadas por el secretario del Tesoro Scott Bessent, se extienden a las filiales y empresas vinculadas en las que Rosneft y Lukoil tengan más del 50 % de participación, directa o indirecta. “El Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, declaró Bessent desde la Casa Blanca.
La nueva penalización incluye el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense, la prohibición de transacciones por parte de personas o empresas de EU, y la exclusión del sistema financiero estadounidense. Ambas compañías ya estaban sujetas a restricciones previas, pero esta acción amplía su alcance operativo.
Rosneft, empresa estatal, produce cerca del 6% del crudo mundial y casi la mitad del petróleo ruso. Junto con Lukoil, exportan aproximadamente 3.1 millones de barriles diarios, lo que las convierte en actores clave del sector energético global.
El Tesoro subrayó que estas sanciones buscan mermar la capacidad del Kremlin y reiteró su disposición a tomar nuevas medidas si fuera necesario. “Animamos a nuestros aliados a que se unan a nosotros y se adhieran a estas sanciones”, añadió Bessent.
Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, Washington ha sancionado a más de 6,000 personas y entidades vinculadas a la maquinaria bélica rusa. Las acciones se han intensificado en función de la evolución del conflicto y de los ataques registrados en territorio ucraniano.
La Casa Blanca indicó que no existen “planes inmediatos” para una nueva cumbre entre el presidente estadounidense y el líder ruso, pese a declaraciones recientes que apuntaban a un posible encuentro en el corto plazo.
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