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Hitachi y Baker Hughes desarrollan los Energy Hubs, una solución integrada para abastecer de energía a centros de datos de alta densidad

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El desarrollo de la infraestructura digital global se encuentra en un punto de inflexión estructural determinado por la rápida adopción de tecnologías de inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y servicios consolidados en la nube, tendencias que imponen una demanda de potencia eléctrica sin precedentes sobre los sistemas de transmisión internacionales. En este escenario de alta exigencia técnica, la disponibilidad de fluido eléctrico y las prolongadas líneas de tiempo para la interconexión física se han constituido como los principales factores de restricción para la expansión sectorial, superando la relevancia del acceso a la tierra o la disposición de capital financiero.

Para dar respuesta a estos desafíos de suministro y continuidad de negocio, las corporaciones Hitachi y Baker Hughes han formalizado una alianza estratégica destinada a proveer soluciones de energía bajo el concepto de Energy Hubs, un ecosistema energético integrado y gestionado de forma activa que unifica múltiples fuentes de generación y tecnologías de control en un único sistema coordinado y fabricado a la medida de las necesidades del mercado tecnológico.

La arquitectura de un Energy Hub se diferencia de los modelos tradicionales de suministro al permitir esquemas de generación en sitio bajo las modalidades de energía puente, suministro principal o soporte complementario, integrándose de forma armónica con la infraestructura de distribución de la empresa de servicios públicos local. La flexibilidad operativa del sistema viabiliza un funcionamiento dinámico que transita sin interrupciones entre estados interconectados a la red, operaciones en isla totalmente aisladas y fases de transición intermedia, empleando inteligencia digital avanzada para optimizar el rendimiento térmico, elevar los índices de fiabilidad y disminuir los costos de ciclo de vida del activo.

Asimismo, este diseño modular ha sido proyectado para asimilar de forma nativa la incorporación de combustibles limpios del futuro, tales como el hidrógeno verde, así como soluciones de cogeneración y aprovechamiento geotérmico, respondiendo de manera oportuna a las crecientes presiones regulatorias en materia de descarbonización y sustentabilidad corporativa sin comprometer las métricas de tiempo de actividad o disponibilidad del centro informático.

La sinergia comercial e industrial establecida entre ambas organizaciones permite fusionar el liderazgo de Hitachi en infraestructura de redes de alta y media tensión, sistemas de potencia y plataformas de gestión digital, con el portafolio especializado de Baker Hughes en materia de conversión de energía, que abarca turbinas de gas preparadas para la combustión de hidrógeno, generadores de alta eficiencia, sistemas de automatización, condensadores síncronos y software de gestión de potencia.

Esta consolidación de capacidades tecnológicas bajo una única estructura de suministro elimina las complejidades operativas inherentes a las arquitecturas eléctricas tradicionales del mercado de centros de datos, las cuales suelen depender de una multiplicidad de proveedores independientes, introduciendo riesgos de integración física, desalineación en los cronogramas de construcción y una fragmentación en las responsabilidades contractuales frente a fallas sistémicas de los equipos.

La relevancia de implementar estas soluciones integradas se acentúa al observar las proyecciones de crecimiento del sector digital, cuyo valor de mercado se estima que escalará hacia el umbral de un billón de dólares para el año 2035, impulsado por una actividad constructiva continua que expandirá la huella física de los más de 4,000 complejos de procesamiento de datos que se encuentran actualmente operativos o en fase de producción global.

El modelo propuesto por Waseem Ahmad, vicepresidente de la división de centros de datos de Hitachi Americas, busca proveer un marco de referencia que asegure una mayor eficiencia termodinámica inmediata al tiempo que facilita la transición gradual hacia fuentes energéticas de bajo impacto ambiental. Al alinear bajo un mismo paraguas de ejecución técnica la generación de electricidad, la distribución de voltaje y los sistemas de control digital, los operadores de infraestructura crítica acceden a un modelo de ejecución simplificado que reduce los riesgos de desarrollo y transforma la disponibilidad de energía en una ventaja competitiva de largo plazo.

La aprobación de los planes de inversión por parte de los Fondos de Inversión para el Clima impulsa la descarbonización de los sectores industriales de México y Brasil

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La reconfiguración de las cadenas globales de valor y la necesidad de alinear la producción manufacturera con las metas globales de mitigación del cambio climático exigen el despliegue de mecanismos de financiamiento innovadores y de gran escala. La junta de gobierno de los Fondos de Inversión para el Clima, organización conocida globalmente como CIF, otorgó su respaldo formal a los primeros planes de inversión en su tipo orientados de forma específica a la descarbonización industrial de México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina.

Mediante este acuerdo institucional, cada país recibirá una asignación de 250 millones de dólares en fondos de carácter catalítico, un capital semilla que tiene la finalidad de desbloquear más de 5,000 millones de dólares en esquemas combinados de cofinanciamiento en los que participarán activamente los bancos multilaterales de desarrollo y corporativos del sector privado internacional, acelerando la transición hacia procesos productivos de baja huella de carbono en regiones donde la base industrial registra una rápida expansión.

La urgencia de intervenir en estos mercados se sustenta en el peso relativo que la actividad fabril posee sobre el inventario de gases de efecto invernadero de cada nación, representando actualmente el 11 por ciento de las emisiones totales en Brasil y el 18 por ciento en el territorio mexicano. Los planes de inversión aprobados por los CIF estiman que la ejecución coordinada de las obras e innovaciones tecnológicas permitirá evitar la liberación de casi 2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de forma anual, un volumen de mitigación ambiental que resulta equiparable al carbono que absorben de manera natural 33 millones de árboles cada año, impulsando simultáneamente la generación de empleos verdes y garantizando una transición justa para las comunidades laborales involucradas en la cadena de valor industrial.

Para el caso específico de México, la estrategia de inversión de 250 millones de dólares posibilitará la movilización de 1,680 millones de dólares en recursos de cofinanciamiento, una estructura de capital donde 1,200 millones de dólares provendrán directamente de inversionistas privados, alcanzando una tasa de apalancamiento financiero cercana a una relación de uno a siete. El plan mexicano dirigirá sus recursos de manera prioritaria hacia cuatro subsectores industriales clasificados como de difícil mitigación o hard-to-abate, que comprenden las ramas del hierro y el acero, el aluminio, el cemento y la manufactura de productos químicos de alta densidad.

El financiamiento se distribuirá mediante el uso de instrumentos que no requieren de una garantía soberana para maximizar la atracción de capitales corporativos independientes, logrando una alineación estructural con los objetivos fijados en el Plan México y en la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la nación, soportando la reconfiguración sistémica de los esquemas de producción industrial, el uso de vectores energéticos limpios y la modernización de los sistemas logísticos.

Por otra parte, el programa diseñado para Brasil prevé catalizar más de 3,000 millones de dólares en fondos complementarios, de los cuales 1,360 millones de dólares serán provistos por inversionistas privados, fijando una tasa de cofinanciamiento global que supera la relación de uno a doce. La iniciativa sudamericana concentrará sus líneas de financiamiento en las industrias del hierro y el acero, el cemento, así como en las ramas de químicos y fertilizantes, tres subsectores que concentran de manera conjunta el 65 por ciento de todas las emisiones gaseosas del sector industrial brasileño, logrando la descarbonización a través de inversiones en tecnologías de procesos de baja emisión, planes de eficiencia energética profunda y el desarrollo de clústeres industriales sustentables que se integrarán formalmente a la Plataforma de Inversión para la Transformación Ecológica y Climática de Brasil.

Tanto México como Brasil encabezan la lista de los siete países inaugurales seleccionados para formar parte de este programa global de los CIF, una iniciativa diseñada para preparar las economías en desarrollo ante las exigencias de un mercado global de productos industriales verdes que proyecta alcanzar un valor comercial de 2 billones de dólares en todo el mundo para el año 2030, operando bajo un modelo inédito que reserva entre el 50 por ciento y el 100 por ciento de los recursos disponibles a nivel de proyecto para la ejecución exclusiva de empresas del sector privado.

La Comisión Europea emite dictamen aprobatorio sin condiciones para la concentración de Saavi Energía y CIEM bajo el control de Grupo México y Global Infrastructure Management

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El fortalecimiento y la reconfiguración del mercado eléctrico privado en América del Norte avanzan a través de transacciones corporativas de gran calado que reciben la validación de las principales autoridades de competencia a nivel global. La Comisión Europea dictaminó la aprobación formal de la operación financiera mediante la cual Grupo México y Global Infrastructure Management, firma que opera bajo la estructura de control del fondo internacional BlackRock, adquieren el control conjunto de las empresas Saavi Energía y de la Controladora de Infraestructura Energética México, conocida por sus siglas como CIEM.

La resolución institucional, emitida bajo los lineamientos y criterios técnicos establecidos en el Reglamento de Concentraciones de la Unión Europea, determinó de manera concluyente que la transacción no genera riesgos competitivos ni preocupaciones en materia de monopolios dentro del Espacio Económico Europeo, lo que posibilitó una autorización expedita y exenta de condiciones o remedios estructurales debido a que el impacto directo de los activos se localiza en los mercados energéticos de México y los Estados Unidos de América.

La transacción corporativa, integrada formalmente en los registros regulatorios comunitarios bajo el número de expediente M.12487, fue desahogada y evaluada mediante la aplicación del procedimiento simplificado de revisión de fusiones, un mecanismo normativo reservado para aquellas operaciones donde se constata de forma fehaciente que el impacto comercial en el mercado interior de la Unión Europea es limitado o nulo.

El portafolio de infraestructura involucrado en esta compraventa de acciones comprende un conjunto diversificado de activos vinculados a las actividades de generación de electricidad a gran escala, el transporte mediante redes de transmisión de alta tensión y la distribución de energía, concentrados de forma primordial en nodos industriales estratégicos del territorio mexicano y del suroeste del mercado estadounidense, zonas que registran un crecimiento sostenido en la demanda de potencia eléctrica por parte de usuarios comerciales e industriales pesados.

El propósito central de esta adquisición se inserta de manera directa en una estrategia conjunta de largo plazo diseñada entre Grupo México y GIP para constituir y consolidar una plataforma de generación de energía eléctrica privada con una escala de operación relevante y altamente competitiva dentro del entorno energético de México.

El desarrollo de esta infraestructura unificada responde de manera directa al incremento exponencial en la demanda energética asociado con la expansión de la actividad manufacturera, el auge de los proyectos industriales derivados del fenómeno de la relocalización de cadenas globales de suministro o nearshoring, y la multiplicación de sectores productivos de alta intensidad en el consumo de fluidos eléctricos, tales como los centros de datos y las plantas de ensamble tecnológico de última generación.

La combinación de estos activos de generación no solo busca consolidar y apuntalar el posicionamiento de Saavi Energía como un suministrador y generador independiente clave para el sector privado nacional, sino que funciona como una herramienta de integración vertical para la división minera de Grupo México. Al controlar fuentes de generación eléctrica propias, el conglomerado industrial asegura el autoabastecimiento de sus operaciones extractivas y metalúrgicas, mejorando de manera sustancial su estructura de costos corrientes y su resiliencia operativa en la producción de metales industriales de alta demanda global, como es el caso del cobre.

Asimismo, la conclusión favorable de este proceso regulatorio ante los tribunales europeos estrecha de forma definitiva la relación de negocios entre el grupo mexicano y los fondos administrados por BlackRock, estableciendo un marco de cooperación financiera que facilita el diseño y la ejecución de nuevas inversiones conjuntas en proyectos de infraestructura energética de gran envergadura tanto en la República Mexicana como en otros mercados internacionales integrados.

El costo por kilómetro y la telemetría avanzada se posicionan como los ejes de la rentabilidad en el transporte de carga pesada en México.

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La administración científica de las flotas de transporte de carga y la contención de los gastos operativos en las cadenas de suministro demandan la adopción de indicadores de desempeño avanzados que superen las mediciones tradicionales de gasto bruto en insumos. En este contexto de optimización operativa, un análisis exhaustivo realizado en conjunto por las firmas automotrices y tecnológicas ELAM FAW Trucks, NatGas y AnzenTec ha identificado que variables críticas como el control de la velocidad, las revoluciones por minuto del motor, los tiempos de ralentí y los hábitos específicos de conducción pueden generar discrepancias de hasta un 34 por ciento en el rendimiento de combustible de unidades de carga pesada.

Este hallazgo sitúa al costo por kilómetro como el indicador estratégico de mayor relevancia para las organizaciones dedicadas a la distribución de mercancías en el mercado mexicano, demostrando de manera contundente que la eficiencia financiera de una flota no se encuentra sujeta únicamente a las especificaciones de fábrica de los vehículos, sino al monitoreo continuo y al análisis de los datos generados durante la operación real en carretera.

Los resultados de esta investigación sectorial, presentados formalmente durante el encuentro técnico denominado de la carretera al reporte, análisis real del GNV en el transporte de carga en México, recopilaron la información operativa de más de 200,000 kilómetros recorridos en condiciones reales de trabajo durante el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo del presente año.

El estudio integró las métricas de más de 50 ciclos de operación distribuidos en 10 estados de la República Mexicana, evaluando de forma específica el comportamiento dinámico de los camiones que transitan diariamente por los principales corredores industriales y logísticos de la nación, con especial énfasis en las rutas comerciales de las regiones Centro-Bajío, Centro-Golfo, Norte Industrial y Occidente, con el objetivo de aislar los factores que inciden directamente sobre la rentabilidad de las empresas transportistas y determinar el impacto real del uso de combustibles alternativos frente al diésel tradicional.

Dentro de las observaciones estadísticas más destacadas del reporte, se constató que dos unidades gemelas impulsadas por motores de Gas Natural Vehicular registraron rendimientos contrastantes de 1.90 y 1.41 kilómetros por litro equivalente, una brecha cercana al 34 por ciento que se atribuye de forma directa a la gestión humana del activo y a las políticas corporativas de velocidad de crucero, lo que pone de manifiesto que una fracción considerable de las pérdidas logísticas puede mitigarse mediante la intervención digital de las flotas.

Asimismo, la auditoría económica documentó que, al contrastar una unidad del modelo ELAM FAW JH6-430 GNV con un tractocamión diésel de configuración y capacidad de arrastre equivalentes bajo el mismo régimen de servicio, se obtuvieron ahorros de hasta un 29 por ciento en el gasto energético, una cifra que, de acuerdo con las proyecciones financieras, se traduce en un beneficio neto superior a los 81,000 pesos mensuales y un acumulado de 977,000 pesos anuales por vehículo, proporcionando un argumento sólido para las corporaciones que evalúan la renovación de sus activos productivos y la diversificación de sus matrices de consumo energético.

La viabilidad operativa de estos esquemas de transporte sustentable se encuentra estrechamente vinculada a la madurez de la infraestructura de suministro en los nuevos polos manufactureros y zonas de desarrollo industrial que se expanden en el país bajo el impulso de la relocalización de inversiones. Los directivos de las firmas participantes señalaron que la densidad actual de las estaciones de servicio de gas natural vehicular permite a los operadores planificar rutas de larga distancia con total continuidad, transformando la disponibilidad del combustible de una incógnita logística a un apalancamiento financiero para reducir los costos de flete.

La implementación de la telemetría avanzada surge de este modo como la herramienta indispensable para dotar de visibilidad a los tomadores de decisiones, permitiendo traducir los datos aislados de carretera en estrategias concretas de capacitación, control de velocidad y mantenimiento predictivo, consolidando un ecosistema de transporte inteligente que impacta de manera directa el costo por kilómetro y la competitividad estructural del sector empresarial.

Gasolineras pierden hasta 35% de rentabilidad en medio de presión fiscal y competencia

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Por Itzel Alaniz

Las estaciones de servicio en México registraron una caída de hasta 35% en los márgenes de rentabilidad entre febrero y mayo de 2026 debido a un incremento de costos operativos, presiones regulatorias y la competencia dentro del mercado energético, explicó Enrique Quintana, economista y analista, durante la Primera Jornada de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y Diésel.

El sector gasolinero atraviesa un entorno complejo ya que solo la venta de combustibles no garantiza ganancias suficientes para los empresarios del sector. Aunado a esto, se suman factores como los costos de seguridad, el endurecimiento de las revisiones fiscales y ambientales y la creciente competencia entre las 400 marcas de combustibles que existen actualmente y que operan en el país.

“Si la venta de combustibles no está generando ese margen, hay que buscar otras cosas”, mencionó Quintana en referencia a la diversificación de servicios complementarios y sistemas de recarga para vehículos eléctricos.

Además, indicó que México afronta riesgos asociados al huachicol fiscal mediante una red que se intensificó en el 2019. El analista considera que el robo de combustible es un fenómeno afecta el mercado energético nacional. Con este panorama, la inseguridad representa un costo adicional para los empresarios, específicamente en entidades donde hay mayor extorsión y cobro de derecho de piso.

El factor internacional

Por otro lado, explicó que el panorama internacional continúa en incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas que persisten desde los últimos meses en Medio Oriente. Esto llega a afectar de manera significativa la infraestructura energética, de acuerdo con el analista.

Cuando inició el conflicto, se presentaron niveles altos en el precio de los combustibles a principios de año; conforme continuó, hubo una moderación. No obstante, la normalización de los precios se dará de manera gradual debido a factores como los costos de refinación, la recuperación de inventarios y la demanda estacional de Estados Unidos.

“Subieron los precios por elevador y van a bajar por escalera”, explicó.

En este sentido, la recuperación total del mercado energético dependerá de la estabilización de las rutas de suministro y de la reconstrucción de infraestructura afectada. Por lo que las consecuencias de los conflictos entre países podrían seguir presentes durante varios meses.

Estos comentarios coincidieron con los de Alejandra León, directora de Estrategia para Latinoamérica de S&P Global Energy, y Sergio Meana, Business Development Manager de Argus Media, quienes consideraron que si bien el Estrecho de Ormuz podría volver a aperturarse tras una firma de paz, los barcos petroleros podrían tardar de entre cuatro a seis meses en volver a transitar libremente y retomar sus rutas.

“Es difícil que lleguen a un acuerdo en 30 o 60 días”, revelaron en su participación. Si las negociaciones fracasan, el panorama para los precios del petróleo se complicaría, añadieron.

Además, también indicaron que el acuerdo de paz firmado en el Palacio de Versalles es “frágil”, y advirtieron que el acuerdo podría colapsar, ya que las tensiones geopolíticas continúan por el control de esa vía marítima, por donde circulan 21 millones de barriles diarios de petróleo.

“Los precios no alcanzaron el nivel que se esperaba cuando inició el conflicto, que era de 200 dólares por barril. Sin embargo, si el Estrecho de Ormuz vuelve a cerrar de manera total o parcial, el precio podría ubicarse entre 150 y 180 dólares por barril”, explicaron.

También detallaron que la guerra provocó una pérdida de entre 14 y 16 millones de barriles diarios de producción global de crudo, cifra que refleja la magnitud del impacto internacional del conflicto.

El impacto en México

En cuanto a México, señalaron que si el precio internacional del petróleo aumenta, el gobierno tendría pocas herramientas para evitar que ese incremento se refleje en el precio de las gasolinas.

Durante años anteriores, el gobierno podía reducir o eliminar de forma temporal el cobro de impuestos a los combustibles para contener las alzas de precios. Sin embargo, las finanzas públicas enfrentan mayores presiones, por lo que existe menos capacidad para otorgar esos apoyos fiscales.

Además, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera incertidumbre económica y obliga al gobierno a actuar con cautela en el manejo del presupuesto.

Por esa razón, resulta difícil aplicar subsidios amplios a los combustibles o regresar a mecanismos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) negativo, mediante los cuales el gobierno no solo dejaba de cobrar el impuesto, sino que incluso compensaba parte del costo de las gasolinas.

La Asociación de Industrias de Energía Solar demuestra la mínima huella territorial de los proyectos fotovoltaicos sobre los suelos agrícolas de alta productividad en los Estados Unidos

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El análisis de la ocupación del suelo para la instalación de infraestructura energética renovable ha tomado un papel central en las discusiones de planeación territorial y diseño de políticas públicas a nivel internacional. En la víspera de que el Senado de los Estados Unidos inicie la evaluación y debate en torno al proyecto de ley agrícola de 2026, la Asociación de Industrias de Energía Solar, conocida por sus siglas en inglés como SEIA, ha publicado un reporte estadístico detallado que demuestra que las plantas de energía solar a gran escala emplean únicamente el 0.07 por ciento de las tierras agrícolas consideradas de primera calidad en todo el territorio de la nación norteamericana.

Los resultados de este estudio sectorial pretenden aportar certidumbre técnica a un debate que con frecuencia se fundamenta en suposiciones sobre el desplazamiento de las actividades agropecuarias, evidenciando que la superficie destinada a la captación fotovoltaica es sustancialmente menor que el área absorbida por la expansión urbana periférica y los desarrollos recreativos residenciales en las diversas entidades del país.

A través del despliegue de una herramienta cartográfica interactiva desarrollada por la propia SEIA, se ha hecho evidente que incluso en las demarcaciones geográficas que registran los mayores índices de penetración y conectividad de energía solar a la red eléctrica, la proporción de suelos agrícolas de alto valor utilizados para este fin jamás excede el umbral del 0.5 por ciento del inventario disponible.

Al revisar los casos específicos de los estados con mayor densidad de infraestructura de conversión de potencia, destaca el caso de California, donde los parques solares ocupan 77.8 millas cuadradas de las 18,077.8 millas cuadradas de terrenos agrícolas de primera calidad existentes, lo que equivale a un marginal 0.43 por ciento de la superficie con aptitud productiva. Un comportamiento similar se observa en el estado de Rhode Island, donde la ocupación de celdas fotovoltaicas abarca 0.9 millas cuadradas de un universo de 213 millas cuadradas de tierras fértiles, representando el 0.42 por ciento de su territorio cultivable, una condición en la que el desarrollo suburbano y los complejos deportivos triplican con holgura el espacio ocupado por las centrales de generación de electricidad limpia.

La difusión oportuna de estos balances territoriales responde directamente a los esfuerzos de cabildeo e influencia regulatoria frente a las restricciones contempladas en la versión de la Ley Agrícola que fue aprobada de forma previa por la Cámara de Representantes. Dichas modificaciones normativas buscan bloquear los canales de financiamiento provenientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, afectando de manera específica a los subsidios e incentivos del Programa de Energía Rural para Estados Unidos de Norteamérica, conocido comúnmente como REAP, para todas aquellas instalaciones solares montadas sobre estructuras en suelo que posean una poligonal de afectación de 20.23 hectáreas o más en terrenos aptos para el cultivo.

El liderazgo corporativo de la SEIA, encabezado por su presidente y director ejecutivo Tim Pawlenty, ha argumentado de manera reiterada que este tipo de prohibiciones y límites normativos severos terminan por perjudicar la estabilidad financiera de los pequeños productores agrícolas independientes, dado que el arrendamiento de fracciones de terreno a empresas desarrolladoras de energía les proporciona una fuente de ingresos fijos, predecibles y de largo plazo que complementa los ingresos variables derivados de las cosechas tradicionales.

La gobernanza socioambiental de los grandes proyectos de infraestructura energética encuentra en los esquemas agrovoltaicos una solución técnica idónea para conciliar las metas de descarbonización con la preservación de los entornos rurales y las actividades comunitarias. Las investigaciones de mercado respecto a la opinión de la población civil muestran que las instalaciones fotovoltaicas utility-scale suelen generar una percepción ligeramente negativa cuando se plantea que sustituyen parcelas de cultivo tradicionales, sin embargo, el diseño híbrido que integra actividades de pastoreo, apicultura o agricultura de baja altura debajo de los módulos solares logra transformar los niveles de desaprobación en posturas neutrales o de aceptación, incluso entre los sectores más críticos de la población.

De este modo, la industria fotovoltaica busca demostrar que el uso inteligente del suelo permite equilibrar la producción de alimentos de alta calidad con la generación de electricidad asequible, el incremento en la recaudación fiscal de los municipios periféricos y el sostenimiento económico de las familias que habitan el sector rural del país.

México requiere fortalecer su seguridad energética y garantizar el abasto de combustibles: Onexpo

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Por Itzel Alaniz

El país necesita fortalecer su seguridad energética mediante un abasto oportuno de combustibles, mercados ordenados y mayor confianza en los actores formales que participen en la proveeduría del expendio de gasolina y diésel, comentó Enrique Felix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleos (Onexpo).

Durante su mensaje de bienvenida que ofreció en la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y Diésel, Felix Robelo dijo que el espacio de análisis podría generar visiones convergentes para el estudio de factores que inciden en el mercado nacional de las gasolinas y el diésel para fortalecerlo en seguridad en aspectos de abasto, suministro, distribución y expendio final de los combustibles.

“Venimos a escuchar, a compartir diagnósticos, a ordenar datos y elementos útiles que contribuyan a las soluciones que México necesita en este ambiente internacional e interno de alta volatilidad que no ha dado lengua desde hace algunos meses”, mencionó.

Esta jornada de análisis con los expertos del sector se dio mientras el mundo enfrenta un alza en los precios de sus combustibles. Una de las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, región por la que transita alrededor de 20% del petróleo global. Cabe recordar que esta zona resultó bloqueada por parte de Irán, país agredido por Estados Unidos e Israel.

En este sentido, el presidente de la Onexpo dijo que los asistentes forman parte de la cadena de combustibles amplia, compleja y esencial que pasa por los mercados internacionales de referencia, por las condiciones de suministro, de almacenamiento, de los costos logísticos como el transporte y la distribución que se elabora con la operación diaria de cada estación de servicio.

Asimismo, recordó que el sistema energético engloba a toda la población que requiere de él: familias, productores, comercio, industrias y servicios públicos. La importancia del sector es relevante, ya que repercute en la movilidad y en la vida diaria de millones de personas.

“Una cadena tan amplia requiere comunicación, información, confianza y disposición para encontrar puntos de convergencia, de diálogo y de compromisos compartidos”, detalló.

Enfatizó que esta primera jornada nacional pretende ser una aportación oportuna y valiosa, un punto de partida para ordenar la conversación, para escuchar a todos los eslabones, para reconocer la complejidad creciente del sector.

Además, mencionó que todo ello es en favor de la seguridad energética, el interés del consumidor y la certidumbre para que se cumpla desde la legalidad y la formalidad de la cadena de valor de las gasolinas y el diésel.

Irán formaliza la libre navegación comercial en el Estrecho de Ormuz bajo el pacto de distensión temporal pero rechaza las cláusulas de inspección atómica

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Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

El restablecimiento del tránsito seguro en los corredores marítimos de alta densidad de Medio Oriente representa una condición indispensable para la estabilización de los precios del crudo y la reducción de los costos logísticos en las cadenas de suministro de las economías occidentales. El embajador de la República Islámica de Irán ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, ratificó de manera formal que el Estrecho de Ormuz se encuentra completamente abierto para el paso de todas las embarcaciones comerciales de gran calado, una disposición operativa que se ejecuta en estricto apego a las cláusulas estipuladas en el acuerdo preliminar de paz bilateral alcanzado con la administración gubernamental de los Estados Unidos.

El representante diplomático detalló que las líneas navieras internacionales se verán exentas de realizar cualquier tipo de pago, arancel o contraprestación económica por el uso de esta vía acuática durante la vigencia del periodo de sesenta días fijado por las delegaciones oficiales para avanzar hacia la redacción de un tratado de paz definitivo.

La reactivación de las operaciones portuarias y de tránsito regular en el Golfo Pérsico no implica una restauración absoluta del orden geopolítico previo al estallido de las hostilidades en la región. Las autoridades de Teherán han manifestado que el destino del estrecho posterior al vencimiento del plazo de dos meses, incluyendo la eventual autorización para el cruce de contingentes y buques de guerra de armadas extranjeras, dependerá de manera directa del éxito y los consensos alcanzados en las mesas de negociación política en curso.

La diplomacia persa anticipó que la arquitectura de seguridad en Ormuz experimentará modificaciones estructurales debido a los aprendizajes estratégicos del conflicto, anunciando el inicio de un proceso de concertación bilateral con el Sultanato de Omán, nación con la cual comparte los derechos de soberanía territorial sobre las aguas del canal, para delimitar las nuevas disposiciones de control y los protocolos de inspección de carga que se implementarán de forma permanente.

En el plano de las salvaguardas internacionales y el control de tecnologías críticas, la postura oficial del gobierno iraní introduce un elemento de discordancia frente a los reportes previos difundidos por los departamentos económicos de Washington. El embajador Bahreini desmintió de forma categórica que su país haya otorgado el consentimiento técnico para que los delegados de la Agencia Internacional de Energía Atómica lleven a cabo misiones de verificación o inspecciones especiales dentro de la infraestructura de los centros de desarrollo nuclear del territorio iraní, sosteniendo que no se han entablado mesas de diálogo formal sobre dicha materia y catalogando como falsas las declaraciones que daban por hecho la entrada inmediata de los técnicos de las Naciones Unidas a sus complejos industriales.

Asimismo, la distribución y destino operativo de los recursos financieros internacionales representa un punto de desencuentro normativo entre las partes firmantes del alto el fuego. En referencia al desbloqueo de activos bancarios retenidos en el extranjero, cuyo valor asciende a 12,000 millones de dólares pagaderos en dos exhibiciones sucesivas de 6,000 millones de dólares cada una, la representación de Irán sostuvo que será la única entidad con la facultad legal de determinar el destino de dichos recursos monetarios, rechazando las afirmaciones del ejecutivo estadounidense que apuntaban a un esquema de fiscalización conjunta operado por el estado de Qatar para la adquisición exclusiva de granos y materias primas agrícolas procedentes del sector agropecuario de Norteamérica.

Las fases subsecuentes de la cumbre diplomática se estructurarán a partir del despliegue de dos comisiones técnicas de trabajo que sesionarán de manera simultánea, enfocándose de forma respectiva en el diseño del calendario para la anulación total de las sanciones económicas internacionales y en la delimitación de las capacidades operativas del programa atómico persa.

Chevron y Microsoft transforman el suministro eléctrico de la Inteligencia Artificial mediante un esquema cerrado de generación a gas natural en Texas

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El acelerado despliegue de la computación de alto rendimiento y el procesamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial exigen una reconfiguración profunda en las estrategias de abastecimiento energético de los grandes consorcios tecnológicos globales. La corporación energética Chevron Corp ha concretado un contrato comercial de 20 años con Microsoft Corp con la finalidad de suministrar energía eléctrica generada a base de gas natural a un complejo de centros de datos proyectado para edificarse en la región occidental del estado de Texas, una infraestructura que por su escala de diseño posee el potencial de consolidarse como uno de los centros de procesamiento de datos más grandes dentro del territorio de los Estados Unidos.

Este esfuerzo de infraestructura energética, denominado formalmente como Proyecto Kilby, será desarrollado de manera conjunta con el fondo de inversión Engine No. 1, estimándose que la toma de la decisión final de inversión por parte de los cuerpos directivos se verifique formalmente en el transcurso de los próximos meses del presente año.

Las previsiones técnicas provistas por la firma petrolera con sede en Houston señalan que las instalaciones de generación eléctrica comenzarán a entregar los primeros flujos de energía en el año 2028, iniciando un proceso de escalamiento paulatino que busca alcanzar una capacidad totalizada de 2.67 gigavatios con el paso del tiempo. Dicha capacidad nominal equivale al volumen necesario para respaldar la demanda residencial de más de 530,000 hogares en la entidad texana, una dimensión que refleja la magnitud del consumo requerido por las granjas de servidores destinadas al entrenamiento de algoritmos de lenguaje natural.

Para asegurar la viabilidad del suministro y mitigar los retrasos en las cadenas de proveeduría global, el consorcio desarrollador ya ha formalizado la adquisición y el pedido en firme de siete turbinas de gas natural de alta capacidad a la compañía industrial GE Vernova Inc, asegurando los activos críticos de generación frente a una cartera de pedidos de manufactura que suele registrar saturaciones de varios años de antelación.

La viabilidad financiera y la rentabilidad del Proyecto Kilby se sustentan en una ventaja geográfica y de costos sumamente específica vinculada al aprovechamiento del gas natural extraído de la cuenca del Pérmico, considerada la formación geológica y el yacimiento petrolífero más prolífico del continente americano. En esta zona geográfica, el gas natural es obtenido de manera masiva como un subproducto asociado a la extracción de crudo, generando volúmenes de producción que con frecuencia superan la capacidad de evacuación de los gasoductos existentes y obligando a los operadores a quemar el exceso como residuo industrial.

Esta condición de saturación del mercado local se traduce en precios deprimidos del gas en boca de pozo, un insumo de bajo costo que Chevron direccionará hacia el emplazamiento de generación eléctrica situado en las inmediaciones de la ciudad de Pecos, creando una demanda cautiva dentro de la propia cuenca que evita el desperdicio del recurso energético y optimiza el rendimiento económico de sus operaciones extractivas primarias.

La arquitectura de este acuerdo corporativo plantea un cambio de paradigma en la gobernanza energética al estructurarse como un sistema cerrado de autogeneración que entregará la electricidad de forma directa al complejo informático de Microsoft, operando al margen de la red eléctrica regulada y sin la intervención de las empresas de servicios públicos locales.

Esta decisión de diseño responde a las crecientes tensiones políticas y sociales derivadas de la expansión de los centros de datos en los Estados Unidos, cuya demanda combinada proyecta duplicar la capacidad requerida por el sector digital hasta alcanzar los 77 gigavatios para el año 2030 según los modelos analíticos de la firma BloombergNEF. El impacto de esta demanda concentrada sobre las redes de distribución convencionales ha comenzado a elevar los costos tarifarios para los consumidores residenciales finales, detonando una reacción regulatoria adversa que las empresas tecnológicas buscan eludir mediante el desarrollo de plantas de generación dedicadas que garanticen la continuidad absoluta de sus operaciones sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico comunitario.

La creación del Consejo de Planeación Energética y del Sistema Nacional de Información Energética establece las bases para la gobernanza energética de largo plazo en México

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La estructuración de una política energética integral y la correcta administración de los recursos estratégicos nacionales exigen la creación de plataformas de gobernanza corporativa e institucional que unifiquen los esfuerzos de las dependencias, organismos reguladores y empresas productivas del Estado.

En este contexto de fortalecimiento normativo, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, presidió los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Planeación Energética, una instancia colegiada que asume la responsabilidad legal y operativa de coordinar, evaluar y dar un seguimiento sistemático a la planeación energética en todo el territorio de la República Mexicana. Este nuevo órgano de deliberación técnica reúne de forma directa a las instituciones fundamentales del sector, configurando un espacio de articulación que tiene como propósito diseñar la hoja de ruta que guiará las inversiones en infraestructura eléctrica, de hidrocarburos y de fuentes renovables con una perspectiva de seguridad y soberanía nacional.

El hito técnico más destacado de este encuentro extraordinario consistió en la presentación formal y el despliegue del Sistema Nacional de Información Energética, el cual se proyecta como el principal activo digital y la herramienta estratégica de análisis de datos para la toma de decisiones críticas de la administración pública y los participantes regulados.

Este nuevo sistema tecnológico tiene el mandato de integrar, procesar, actualizar y poner a disposición de los tomadores de decisiones un compendio analítico de información confiable, transparente y verificada bajo estándares de calidad internacional, permitiendo estructurar escenarios prospectivos de largo plazo que mitiguen los riesgos asociados a la oferta y la demanda de energía en el mercado nacional, al tiempo que dota de certidumbre jurídica y técnica a los planes de expansión del sistema eléctrico y de refinación.

La necesidad de contar con una base de datos centralizada e interinstitucional responde a las complejidades técnicas de la transición energética global y a la urgencia de coordinar de manera eficiente los planes de inversión de las agencias gubernamentales con las necesidades de consumo de los sectores productivos.

Los miembros del Consejo de Planeación Energética señalaron que el acceso a diagnósticos robustos es una condición indispensable para optimizar el aprovechamiento responsable de las reservas de la nación y para diseñar políticas públicas de largo aliento que promuevan la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de las redes de transmisión, evitando la duplicidad de funciones en las agencias públicas y promoviendo una cultura de rendición de cuentas basada en métricas científicas y datos duros de libre acceso.

La consolidación de este marco institucional reafirma la posición del gobierno federal de situar al sector energético como el motor fundamental del desarrollo industrial y la principal palanca para asegurar el bienestar social de la población civil del país.

Los trabajos coordinados por Luz Elena González Escobar pretenden garantizar que la explotación, distribución y comercialización de los recursos energéticos se traduzcan en beneficios tangibles para la economía doméstica de las familias mexicanas, combinando la rectoría del Estado con la modernización tecnológica de los procesos informativos. Con la puesta en marcha de estas herramientas de planificación y el inicio de las sesiones formales de este consejo, el país establece un precedente de gobernanza digitalizada que asume los retos de la transición y la seguridad energética mundial desde una base científica, planificada y de estricto interés público.