Héctor Ernesto Herrera Capetillo, profesor de planta y responsable del Observatorio de Análisis Global de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México

En la medida en que los gobiernos buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, así como con el Acuerdo de París (2015), la demanda de energías limpias, minerales críticos y nuevas tecnologías de bajas emisiones se ha convertido en uno de los principales motores de la transformación económica y tecnológica a nivel global.

En este contexto, y a pesar de que sólo representa 8% de la población mundial y 7% de la economía global, América Latina y el Caribe podría desempeñar un papel fundamental en la nueva economía energética dada su relevancia no sólo como una región con abundantes recursos naturales fósiles (petróleo, gas y carbón), sino particularmente por su producción energética renovable (hidroeléctrica, solar, eólica y bioenergía) y sus importantes reservas de minerales críticos, entre los que destacan el litio y el cobre.

Si bien, de acuerdo con el informe Prospectivas Energéticas de América Latina 2023 elaborado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), los combustibles fósiles representan todavía alrededor de dos tercios de la matriz energética de la región, esa cifra es considerablemente inferior al promedio mundial (80%). Este resultado se debe particularmente a que las energías renovables contribuyen al 60% de la generación de electricidad, cifra que se estima podría alcanzar 80% para el año 2050, según proyecciones de la AIE.

Cabe destacar que la energía hidroeléctrica representa por sí sola 45% del suministro eléctrico de la región y en algunos países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela proporciona la mayor parte de la electricidad. Por su parte, la energía solar fotovoltaica y la eólica, que actualmente representan 11% de la generación de electricidad regional, podrían llegar hasta un 40% en 2050. En ese rubro, Brasil, México, Chile y Argentina destacan como líderes.

La transición energética en América Latina y el Caribe ha sido impulsada por factores como la oportunidad económica, la innovación, las dinámicas geopolíticas, la mitigación del cambio climático y la seguridad energética. Con respecto al primero, como señala el reporte Renewable Power Generation Costs in 2024 de la International Renewable Energy Agency (IRENA), el costo promedio de la energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre sigue disminuyendo, lo que las convierte en unas de las fuentes más baratas para nuevas instalaciones en la mayoría de los mercados.

En gran parte del mundo, el costo nivelado de la electricidad para las energías renovables está por debajo del observado para las nuevas plantas de gas y carbón. Por tanto, invertir en energías renovables ya no es sólo una decisión ambiental, sino también una estrategia económicamente racional. De acuerdo con el Escenario de Descarbonización de la Energía de IRENA, para el 2050, la transición energética podría crear más de 12 millones de empleos en el sector energético tan sólo en Sudamérica, lo que se vincula a nuevas inversiones industriales en la fabricación de equipos, electromovilidad e infraestructura digital que demandarán crecientes cantidades de electricidad limpia durante las próximas décadas.

El contexto geopolítico se ha vuelto cada vez más inestable, marcado por interrupciones en las cadenas de suministro globales, sanciones financieras y comerciales, e incluso confrontaciones militares que han llevado a la afectación de pasos estratégicos como el Estrecho de Ormuz, lo que, a su vez, ha provocado el aumento en los precios del petróleo. Ante ese escenario, los recursos renovables permiten ampliar la competitividad en términos de costos, así como diversificar y reducir la dependencia de ciertas fuentes energéticas cuyos precios son más sensibles a la coyuntura internacional, por lo cual estos activos favorecen tanto a la economía como a la seguridad energética.

Como parte de su contribución a la mitigación del cambio climático, de seguir con el Escenario de Descarbonización de la Energía, el uso de energías renovables podría contribuir a una reducción del 75% de la emisión de gases de efecto invernadero para 2050 en comparación con los niveles de 2023, lo que favorecería la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, y aportaría a las metas climáticas y compromisos internacionales.

Adicionalmente, una mayor participación de fuentes renovables contribuiría a disminuir la contaminación atmosférica, reduciría la presión sobre los ecosistemas vulnerables asociados a la explotación intensiva de combustibles fósiles y fortalecería la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.

Sin embargo, también persisten retos importantes en este sector. Aunque la inversión en energías renovables ha aumentado, sigue siendo insuficiente frente a la demanda. Por lo tanto, se necesitan marcos regulatorios claros, simplificación administrativa y alianzas público-privadas para atraer más inversión. En el plano social, se requiere considerar una transición energética justa con energía moderna y asequible para todos, incluyendo a los sectores más vulnerables.

Como señala el informe Prospectivas Energéticas de América Latina 2023, en la región cerca de 17 millones de personas aún no tienen acceso a electricidad y existe una marcada desigualdad económica, donde el 10% más rico genera el 40% de las emisiones. Mientras que, en materia de sostenibilidad, América Latina y el Caribe requiere fortalecer sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para mantener su liderazgo en producción de minerales críticos y energías limpias, minimizando los efectos negativos en ecosistemas sensibles, la biodiversidad y la participación de las comunidades locales.

Por último, también se requiere de la modernización de la red eléctrica para mejorar la eficiencia y confiabilidad en la gestión de estos recursos en la región. En sintonía con esto, es indispensable también el fortalecimiento de la integración regional, ya que actualmente el comercio transfronterizo de electricidad y la cooperación energética son limitados, lo que significa el desaprovechamiento de los beneficios de complementariedad de recursos renovables entre países.

Como señala el informe Hacia una planificación sostenible para una transición energética justa en América Latina y el Caribe publicado por la CEPAL en 2023, los intercambios eléctricos entre países de la región son bajos en comparación con otras áreas del mundo, lo que refleja una débil integración que limita el aprovechamiento de recursos y las oportunidades de reducción de costos.

La abundancia de recursos naturales, la disponibilidad de minerales críticos y una matriz eléctrica comparativamente más renovable que la de muchas regiones del mundo colocan a América Latina y el Caribe en una posición privilegiada dentro de la nueva economía energética global. Aprovechar estas ventajas permitiría reducir su dependencia al mercado de combustibles fósiles, contribuiría a la reducción de gases de efecto invernadero y fortalecería su seguridad energética.

Sin embargo, materializar este potencial requerirá de políticas públicas de largo plazo que estimulen la inversión en tecnologías limpias, eficiencia energética e infraestructura eléctrica moderna, así como una gestión sostenible de los recursos naturales y una mayor cooperación regional. La transición energética no representa únicamente un desafío ambiental y energético, sino una oportunidad estratégica para redefinir el papel de América Latina y el Caribe en la economía mundial del siglo XXI.