El mercado de combustibles en México atraviesa un momento de alta sensibilidad debido a la volatilidad internacional en los precios del petróleo. En este contexto, el gobierno federal ha alcanzado un acuerdo con concesionarios de estaciones de servicio para establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel, una medida orientada a contener el impacto económico en sectores clave como el transporte y la logística.

La decisión se tomó tras una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que participaron representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos y empresarios del sector gasolinero. El acuerdo, aunque no formalizado mediante un documento legal, implica un compromiso de colaboración para mantener el precio en niveles estables.

El objetivo principal de esta medida es evitar un efecto dominó en la economía, ya que el diésel es fundamental para el transporte de mercancías. Un incremento en su precio podría traducirse en mayores costos logísticos y, en consecuencia, en aumentos generalizados en los precios al consumidor.

Para facilitar este control, el gobierno ha implementado reducciones en el IEPS, buscando compensar el incremento en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que aproximadamente el 34% de las estaciones no estaban cumpliendo con el precio sugerido, lo que llevó a intensificar el diálogo con el sector.

Además, las autoridades han anunciado revisiones fiscales en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria para identificar posibles irregularidades en la comercialización del combustible. Estas acciones buscan garantizar transparencia y evitar prácticas que distorsionen el mercado.

El contexto internacional también juega un papel determinante. Las tensiones en Medio Oriente han generado incertidumbre en el suministro global, afectando rutas clave como el estrecho de Ormuz y elevando la volatilidad de los precios del petróleo. Este escenario ha obligado a los gobiernos a tomar medidas para proteger sus economías internas.

Desde una perspectiva estratégica, el acuerdo refleja un enfoque de política pública que combina incentivos fiscales, supervisión regulatoria y coordinación con el sector privado. En un entorno donde los precios energéticos pueden fluctuar rápidamente, este tipo de mecanismos permite mitigar impactos y preservar la estabilidad económica.