El Gobierno de México pondrá en marcha, a partir del 24 de abril, un nuevo complemento obligatorio dentro del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) enfocado al sector de hidrocarburos. Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la supervisión en la venta de combustibles y reducir las actividades ilegales en el mercado.

Con este nuevo mecanismo, las gasolineras y distribuidores deberán incluir datos específicos sobre la procedencia de los combustibles que comercializan. Además, la emisión de facturas estará sujeta a la validación de permisos oficiales, con lo que se busca vincular directamente las operaciones comerciales con el cumplimiento de la normativa vigente.

La herramienta fue desarrollada por el SAT, en conjunto con la SENER y la ATDT, con la finalidad de optimizar la trazabilidad de las transacciones y reforzar la vigilancia en este sector.

Uno de los puntos clave es que los establecimientos que no cuenten con permisos actualizados ante la autoridad energética no podrán emitir CFDI por la venta de gasolina regular, premium o diésel. Esto significa que la falta de regularización podría impedir la facturación y afectar directamente la operación de las estaciones de servicio.

La iniciativa busca limitar prácticas como el contrabando técnico, la evasión de impuestos y el robo de combustibles, al exigir que cada operación esté respaldada por información verificable y autorizaciones vigentes. En este contexto, el Gobierno ha llamado a los empresarios del sector a revisar sus permisos y ponerse al día antes de la fecha límite para evitar afectaciones.

Según estimaciones oficiales, las acciones para combatir el mercado ilegal han permitido recuperar ingresos fiscales importantes; sin embargo, las autoridades admiten que aún existen pérdidas significativas derivadas de operaciones irregulares.

Así, el nuevo CFDI se perfila como una herramienta fundamental para impulsar la transparencia, aumentar la recaudación y fortalecer el control en la cadena de distribución de combustibles, en un escenario donde la regulación y la supervisión siguen en aumento.