La captura de Iván Cazarín Molina reduce una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Pero mientras el combustible ilícito encuentre gasolineras dispuestas a venderlo, el negocio continuará.

Fuerzas federales detuvieron el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, a Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque», identificado por las autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura este martes y lo vinculó con homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Su situación jurídica será definida por un juez.

El financiamiento del huachicol

Para la industria energética, el perfil de Cazarín Molina se relaciona de forma directa con el robo de combustible, ya que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como responsable de esa operación dentro del CJNG, un negocio que, de acuerdo con esa dependencia, le reportaba decenas de millones de dólares al año a él y a la organización.

Según el esquema descrito por Washington, el combustible robado se almacenaba en tanques ubicados en Veracruz, de donde proviene su apodo, y se vendía a través de una red de gasolineras de apariencia legítima, operadas por familiares y prestanombres. El propio Tesoro ha identificado el robo de combustible como la actividad ilícita, distinta al tráfico de drogas, que más ingresos le genera al CJNG.

La captura, por tanto, contribuye al combate del huachicol en dos frentes, pues desarticula una estructura dedicada a convertir combustible robado en dinero y reduce una de las fuentes de financiamiento de la capacidad operativa del crimen organizado, que incluye armas, corrupción y control territorial, y con ella la violencia y la extorsión en las regiones donde opera.

El caso se suma a acciones más amplias. Según cifras presentadas por la Presidencia de la República, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República detuvo a 2,654 personas por delitos relacionados con combustibles.

Detener no basta

Las detenciones son parte del combate al huachicol, pero ocurren cuando el combustible ya fue sustraído, transportado, almacenado y vendido. Y las redes criminales suelen recomponerse tras la caída de uno de sus operadores.

El caso de «El Tanque» muestra que el esquema se vuelve rentable en la venta al público en estaciones de servicio aparentemente legales, donde el producto robado se mezcla con el lícito y adquiere apariencia de legalidad. Evitarlo requiere un mecanismo que opere todos los días y en cada instalación, y ese mecanismo son los controles volumétricos.

Controles volumétricos y respaldo documental de cada litro

El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación obliga a quienes producen, transportan, almacenan, distribuyen o venden hidrocarburos y petrolíferos a llevar controles volumétricos como parte de su contabilidad; desde 2025, la obligación alcanza también a ciertas empresas que almacenan o consumen combustible para sus propias operaciones.

La lógica consiste en comparar lo que físicamente entra, se almacena y sale de una instalación con lo que amparan las facturas y los pedimentos de importación. El combustible robado no tiene respaldo documental de origen; si llega al tanque de una gasolinera con controles volumétricos en funcionamiento, aparece una diferencia entre lo medido y lo facturado que la autoridad fiscal puede detectar. Más que perseguir al delincuente, el control volumétrico restringe el mercado del producto ilícito.

El sistema se compone de las siguientes piezas, cada una con una función.

Medición. Equipos que registran cuánto combustible se recibe, cuánto se almacena y cuánto se despacha, calibrados por laboratorios acreditados. Sin una medición exacta, cualquier diferencia en el inventario puede justificarse como merma o error del equipo, y en ese margen puede ocultarse el producto ilícito. Como referencia, un error de 0.5% en una instalación que maneja un millón de litros diarios equivale a 5,000 litros al día sin explicación.

Sistema de gestión de mediciones. Es el conjunto de procedimientos que garantiza que los equipos midan correctamente no solo el día de la revisión, sino todos los días, mediante calibraciones y mantenimiento programados, personal capacitado y registro de cada intervención. Así queda constancia de quién intervino un equipo, cuándo y por qué, lo que dificulta alterarlo para ocultar volúmenes.

Sistema informático. Toma de manera automática los datos de los equipos de medición y los vincula con las facturas, los pedimentos y el tipo de producto. Al eliminar la captura manual, que es un punto de manipulación frecuente, y llevar un registro de fallas, alarmas e intentos de modificación, cada litro queda asociado a su respaldo documental.

Reportes. El sistema genera reportes diarios y mensuales, y estos últimos se envían al SAT. Con ellos, la autoridad puede cruzar, instalación por instalación, lo recibido, lo vendido y lo que hay en existencia contra la facturación del propio contribuyente y la de sus proveedores.

Dictamen de laboratorio. Determina qué producto es realmente el que se mueve y su calidad; por ejemplo, el octanaje de las gasolinas. Con ello se evita el huachicol fiscal, que es el combustible declarado como otra mercancía para evadir impuestos, así como la adulteración.

Verificación independiente. Un tercero autorizado revisa que equipos y sistemas funcionen correctamente y emite un certificado. Esta revisión busca que el control se aplique en la operación y no solo se declare.

Prevenir y perseguir

La captura de un operador retira a una persona de la actividad ilícita, mientras que un sistema de controles volumétricos implementado correctamente reduce el mercado de esa actividad. Ambos frentes se complementan, y el preventivo opera de manera permanente en cada instalación, no depende de un operativo y genera la información que hace posibles las investigaciones.

Su eficacia, sin embargo, no es automática. Depende de la calidad de la medición y de los laboratorios que la respaldan, del rigor e independencia de quienes verifican, del uso que la autoridad haga de la información y de que el incumplimiento tenga consecuencias. Un control implementado de forma deficiente o una verificación sin rigor reproducen el problema que pretenden resolver. Fortalecer esos elementos es la vía para que cada litro que se vende en México tenga que demostrar de dónde vino.