Por Miriam Grunstein
En momentos clamorosos como éste, se me ocurren dos cosas: el petróleo sí se vende, e Iberdrola también puede vender sus activos, si así le conviene. También, es debido subrayar que no hay un acto de autoridad que en la Constitución se denomine “nacionalización”. En lenguaje común, cuando el estado priva de su propiedad a cualquier persona, por una causa de utilidad pública, ese acto se llama “expropiación” y pulula, como espanto a este derecho, en el artículo 27 Constitucional. De la “nacionalización” nuestra carta magna no dice nada.
Es interesante que los apóstoles del verbo constitucional lo usen como letra de cambio para fines políticos que podrían salirnos muy caros. Esta distorsión de la aun no consumada venta de los activos de Iberdrola, y el uso desaseado del lenguaje por parte del presidente para abajo, no es conveniente para nadie, ni siquiera para él y su gobierno. En primer lugar, porque tenemos aún en suspenso el estallido de un panel con los Estados Unidos y Canadá, y ambos países (o al menos el primero) es extremadamente celoso de los derechos de propiedad. En la filosofía política y Jurídica de este país, la propiedad privada es un derecho humano y no –como en el nuestro- una vergüenza.
¿Para qué, entonces, patear el avispero innecesariamente cuando no hubo una privación forzosa de los activos de Iberdrola? Me pregunto qué se pretende comunicar y a quién.
Si los receptores del mensaje fueron sus votantes, no creo que haya sumado mucho a su popularidad. Entre sus seguidores, el presidente tiene un apoyo constante y sonante por muchas otras razones, que nada tienen que ver con la falsa desposesión de los activos de una empresa eléctrica. Y cuando todo mundo tiene las maletas hechas para partir al balneario ¿qué le va a importar si el gobierno de México dice que en uso de su poder le quitó los fierros a una empresa española?
Los que sí deben estar con las antenas paradas son aquéllos con quienes, tras meses de sentarnos a negociar, no llegamos a acuerdo alguno. Días antes del anuncio de la falsa nacionalización, Estados Unidos anunció el enésimo ultimátum de que, o el gobierno de México cede en las consultas sobre violaciones al TMEC por su política energética, o debemos prepararnos para una controversia de la cual, como ya se dijo hasta la náusea, es muy posible que no salgamos bien librados. Ante esa advertencia, los medios reportaron que Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, instó al gobierno a arreglar esas diferencias e, incluso, se reportó que le pidió al presidente la renuncia de Manuel Bartlett, archi enemigo por razones inescrutables de Iberdrola.
Y así como muchos de nosotros tenemos listos los boletos para volar a mejores horizontes, Iberdrola también. En un mundo donde hay tantos lugares buenos donde pasarla bien, sólo aquéllos comprometidos con el sufrimientos se aferran a lugares donde no son queridos. Esta empresa fue de las primeras, o tal vez la primera, en generar para CFE. La relación fue por muchos años funcional en el peor de los casos y buena en el mejor de ellos hasta que la buena voluntad y los contratos de interconexión con su cliente expiraron. Ante la imposibilidad de renovarlos, negoció con el gobierno, recibe 6,000 millones de dólares a cambio de centrales añosas y se niega a perder su tiempo y su dinero en una controversia onerosa y tardada. Si yo fuera accionista de Iberdrola, exclamaría ¡Ole!
