Por Raúl Livas Elizondo

Estos problemas hoy son evidentes ante la desaparición masiva de especies, la alteración de las características del medio ambiente y la evidencia de sus posibles efectos sobre el clima, así como en la persistencia de desigualdades económicas abismales, no solo en las diferentes regiones del mundo, sino dentro de gran parte de los países, por lo que se requiere de mecanismos mucho más sofisticados de cooperación global que los que hemos conocido en el pasado.

Si bien este panorama es motivo de preocupación, también se identifican señales de esperanza. Hace 20 años, grupos de científicos e investigadores descubrieron el efecto nocivo de los clorofluorocarbonos sobre la capa de ozono que protege a nuestro planeta y los efectos que esto podría tener sobre la biósfera y la salud, y lograron que los gobiernos actuaran en coordinación para remediar o, por lo menos, frenar el avance del problema. Con base en ese antecedente, grupos de expertos reunidos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático han trabajado arduamente para diagnosticar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sobre la atmósfera terrestre, y para proponer medidas que tiendan a mitigar, e incluso revertir, los efectos nocivos para la vida que persistirían de continuar con los modos de producción vigentes.

Por otra parte, la población humana ha crecido de tal manera que se requiere la acción global coordinada en materia de atención a la pobreza, educación, acceso a mejores alternativas de vida para las mujeres, para las minorías, y el reconocimiento de que todas y todos somos seres humanos con aspiraciones legítimas y similares a vivir nuestra vida de la mejor manera posible y de acuerdo con nuestras creencias y convicciones.

Durante los siglos XX y XXI hemos atestiguado una serie de reacciones pendulares en relación con la profundidad y variedad de acciones gubernamentales que se requieren para hacer frente a los retos. En los años de entreguerras, el mundo cobró consciencia de la necesidad de establecer mecanismos que regularan la convivencia y la producción para evitar el aniquilamiento, y a lo largo de las décadas hemos visto nacer y consolidarse diversas organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) entre muchas otras.

Con el paso del tiempo y la experiencia ganada, permeó el entendimiento de que las intervenciones diseñadas eran excesivas y, a partir de los años setenta, se configuró una serie de diagnósticos que coincidieron en la necesidad de liberalizar, desregular y aligerar en distintos frentes la actuación económica. Hoy, los problemas de emisiones de carbono y los extremos en materia de distribución de la riqueza que están afectando la gobernabilidad de los países nos colocan ante la necesidad de replantear, rediseñar y redirigir mecanismos de control que corrijan o mitiguen los efectos de estas condiciones extremas sobre nuestras vidas.

¿Hacia dónde dirigirnos? Por una parte, es claro que el mundo se orienta hacia modelos de crecimiento que sean amables con el medio ambiente. Modelos que establezcan límites al impacto que las actividades productivas pueden tener sobre aspectos que afecten los límites planetarios, límites que se puedan medir, supervisar y en caso de transgresión, castigar. Por otro lado, el crecimiento debe ser amable con las personas. En particular, se debe buscar el reconocimiento del derecho de todas a una buena vida. Destacan en este sentido los enfoques de inclusión para evitar que grupos humanos sean discriminados, marginados, rechazados y/o “cosificados” por sus creencias, género, preferencias o condición económica.

Si bien existe relativo consenso en lo que se quiere lograr, no existe consenso sobre cómo hacerlo. En particular, no se tiene claro cuál debe ser el papel del Estado en este proceso. Se busca que el Estado actúe de nuevas maneras, pero no se cuenta con recetas universales sobre cuáles deben ser sus acciones en específico. Un aspecto esencial de este debate es una profunda insatisfacción con el funcionamiento del mercado como mecanismo de diseño, asignación e implementación de la solución de los problemas antes mencionados. El debate en el sector energético en México puede enmarcarse en esta discusión.

En este contexto nos podemos hacer tres preguntas generales: 1) ¿qué debe hacer el Estado y qué deben hacer los particulares? 2) ¿cómo se deben regular las actividades de los particulares para estar en armonía con los objetivos generales de la sociedad? y 3) ¿cuáles deben ser los criterios que aplique al actuar directamente para resolver las tareas que la sociedad exige?

En relación con el sector energético, estas preguntas tocan estos aspectos:

La industria ha reaccionado proponiendo parámetros de autorregulación bajo los cuales los Consejos de Administración y las asociaciones empresariales adoptan criterios de responsabilidad social o ASG (medio ambiente, social y gobernanza), que deben tomar como premisas las restricciones que ahora sabemos que enfrenta el mundo. En particular, la industria financiera ha evolucionado hacia incorporar criterios de sustentabilidad en la asignación del crédito y ofrece primas de financiamiento, tasas más bajas o condiciones más amables hacia empresas, proyectos y activos que siguen estos parámetros.

Otra tendencia que proviene de la industria es la economía circular: se busca que los modelos de negocio incorporen y muestren detallada y explícitamente costos, como el de emitir desperdicios, así como criterios operativos, de maximización de valor y de proceso, a considerar en todas las decisiones.

En complemento a la actuación espontánea por parte de la industria, los gobiernos de distintos tamaños y tendencias se han movilizado para acelerar los procesos regulatorios y de estímulos para atender la crisis planetaria, en particular a los efectos climáticos de las emisiones de GEI. El Protocolo de Kyoto de 1997 y el Acuerdo de París de 2016 son claros ejemplos de estos esfuerzos. Muchas empresas de la industria de hidrocarburos se han reconfigurado como empresas de energía, todos con miras a alcanzar el codiciado “Net Zero” en el año 2050. También se han establecido mecanismos fiscales o regulatorios
a las emisiones de GEI.

También se esperan nuevos mecanismos de cooperación global con exigencias de cumplimiento más estrictas que generarán sanciones (comerciales) para quienes no contribuyan con dar atención a mitigar los efectos climáticos de sus procesos productivos.

Una última línea, no tan frecuente a nivel internacional, es incrementar la participación activa (producción directa) del Estado en la solución de los problemas. Esto implicaría la creación o fortalecimiento de empresas públicas que atiendan directamente la problemática. No es una propuesta común en el segmento de países industrializados; en México ha sido la ruta elegida por la presente administración.

Este marco analítico de industria y política pública es pertinente para navegar la complejidad del entorno energético que nos toca vivir a nivel nacional e internacional. Por ello, la Universidad Anáhuac ha diseñado un programa para preparar a jóvenes profesionistas para contar con herramientas para navegar en un mundo afectado por estas temáticas. En esta primera entrega se ha planteado el tema general; en futuras ediciones se abordarán temas específicos de relevancia.

Raúl Livas Elizondo es académico de la Cátedra de Planeación Estratégica de la Universidad Anáhuac México y Socio Consultor de Energea. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Ha participado en la transformación del sector como consultor y como funcionario en el Gobierno Federal y en Petróleos Mexicanos (Pemex). Es doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.