La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en reunión ordinaria semipresencial,  aprobó en votaciones el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la votación nominal en lo general y en lo particular, se obtuvieron 22 votos a favor, 10 sufragios en contra y cero abstenciones. El dictamen se remitirá ahora a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El documento concluye que se estima conveniente la aprobación de la iniciativa en estudio, debido a que las propuestas que la conforman tienden al rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del estado, garante del suministro de electricidad para la seguridad nacional; garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, así como mantener las tarifas bajas conforme a los intereses de la Nación y en beneficio de los usuarios finales.

Se añade en el dictamen que el cambio normativo en examen de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE, en detrimento de los competidores del mercado eléctrico mayorista (MEM).

“Lejos de ello, la propuesta del Ejecutivo federal está basada en el principio angular consagrado en el artículo 25 constitucional, conforme al cual al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional y por ello tiene a su cargo la planeación, conducción y coordinación de la actividad económica nacional”, sostiene.

Argumenta que “la iniciativa tiene pleno sustento constitucional, porque está estrechamente relacionada con el ejercicio de las atribuciones inherentes al desarrollo del área estratégica, contemplada en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Ley Fundamental, referente a la Planeación y Control del Sistema Eléctrico Nacional y al Servicio Público de Transmisión y Distribución”.

Reitera que “se coincide con el promovente, en el hecho de que la Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica. El sistema del despacho de los generadores eléctricos, impuesto por la reforma energética en la Ley de la Industria Eléctrica es uno de los mecanismos que ha demostrado imponer a la generación privada privilegios, con graves perjuicios a la CFE, que es la empresa obligada a prestar el servicio público de energía a todo el país”.

Indica que “es fundamental modificar la jerarquización del despacho de las centrales eléctricas”, señala. “Este órgano legislativo en materia energética de la Cámara baja refleja la voluntad de mantener el interés público expresado en la norma jurídica, que satisface al máximo los intereses de la población mexicana, en este caso el servicio de energía eléctrica”.

Resalta que “la fijación de criterios de despacho a modo y en beneficio del sector privado, por encima del interés público, aún con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza, en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo de generación por Kilowatt-hora menor”.

Se agrega que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados refiere que la propuesta de reformas “tiene por objeto fomentar un mercado de competencia igualitaria, que reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias para todos los generadores, bajo condiciones equitativas independientemente de su fecha de entrada en operación comercial”.

El dictamen acusa que “la reforma constitucional de 2013 y sus leyes secundarias se enfocaron en entregar a la industria privada las actividades de generación y comercialización, beneficiando a los inversionistas privados, otorgándoles ventajas en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios encubiertos y privilegios diversos”.

Explica que “las Empresas Productivas subsidiarias de CFE se fragmentaron, convirtiéndolas en pequeñas empresas, con una alta carga burocrática (Consejos de Administración, jurídicos, equipos de transparencia, duplicidad de funciones administrativas, entre otras), incrementando los costos de operación e impidiéndoles competir equitativamente”.

Recalca que “en armonía con la política del Gobierno federal de combate a la corrupción y a la impunidad, este órgano legislativo de la Cámara baja considera que es necesario fortalecer las medidas de respeto al Estado de Derecho”.

Para ello “se otorgará la obligación a la Comisión Reguladora de Energía de invalidar los permisos de autoabastecimiento y sus modificaciones que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la Ley, previo el desahogo del procedimiento administrativo de audiencia que legalmente corresponda, garantizando los principios de legalidad y debido proceso consagrados en la Constitución”.

Este miércoles la mayoría de la 4T avalará también la “opinión” favorable a la iniciativa en la Comisión de Economía, que preside el PRI, en la que la oposición presentará un dictamen alterno que reprueba la propuesta presidencial.

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