Organizaciones civiles han solicitado al gobierno mexicano frenar de forma progresiva la quema rutinaria de gas —conocida como flaring— en zonas habitadas, debido a sus impactos ambientales y sanitarios. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y CartoCrítica dirigieron su petición a Pemex y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al advertir que esta práctica ha aumentado en tierra firme, justo donde vive la población.

“Aunque su reducción es parte de compromisos internacionales, en México ha aumentado, sobre todo en tierra firme, justo donde habita la población”, señalaron ambas organizaciones. También exigieron establecer vigilancia ambiental y epidemiológica, así como garantizar atención médica especializada para las comunidades cercanas a los mecheros de la industria petrolera, donde se liberan contaminantes como benceno, óxidos de azufre y partículas ultrafinas.

El flaring permite a los operadores despresurizar equipos mediante la quema del exceso de gas, una medida originalmente concebida para emergencias. Sin embargo, su uso se ha generalizado. Según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el 70 % del gas producido en México está asociado a la extracción de petróleo y se quema diariamente. La organización sostiene que el problema “no es técnico, sino político y económico”, ya que se ha optado por desechar el gas en lugar de almacenarlo, procesarlo o transportarlo para otros usos.

En 2023, México se ubicó entre los diez países que más desaprovecharon gas metano a nivel mundial. Este compuesto tiene un potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el dióxido de carbono, lo que agrava su impacto climático y representa un riesgo adicional para la salud pública.