En su primer día en funciones como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva revocó normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro, frenó procesos de privatizaciones y restableció medidas de combate a la deforestación en la Amazonía, entre sus primeras medidas de gobierno.
Además, sostuvo reuniones con varios jefes de Estado de América Latina, entre ellos sus pares de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Guillermo Lasso, y Honduras, Xiomara Castro, entre otros, lo que refleja el deseo de la región de que Brasil contribuya más en el escenario internacional en comparación con el aislamiento diplomático que desempeñó Bolsonaro.
En las primeras 24 horas desde la ceremonia de investidura del domingo en Brasilia, el mandatario empezó a cumplir algunas de sus principales promesas electorales, tras derrotar al ex presidente ultraderechista.
Lula decidió, mediante decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CAC) civiles, categoría que multiplicó sus miembros con las flexibilizaciones de su predecesor y reunía en julio pasado un arsenal de más de un millón de armas, casi el triple que las 350 mil 600 registradas en diciembre de 2018, según el Instituto Sou da Paz.
El decreto también redujo los límites para la compra de armas y municiones y suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro, que también proliferaron en los últimos cuatro años. En la decisión, Lula creó un grupo de trabajo para elaborar un nuevo reglamento para el Estatuto del Desarme, ley impulsada por su primer gobierno en 2003 para desarmar a la población civil.
El nuevo mandatario firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia en 600 reales –unos 113 dólares–, promesa conseguida luego de una trabajosa negociación con el Congreso en diciembre para garantizar recursos excepcionales.
Además, firmó un reajuste del salario mínimo con incremento de mil 212 reales a mil 320 reales (unos 249 dólares) y revocó los procesos de privatización de ocho estatales, entre ellas Petrobras y Correos, iniciados durante la administración de Bolsonaro.
