Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron las leyes secundarias de la reforma energética con 22 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones. Estas modificaciones serán sometidas a discusión y votación en el Pleno en los próximos días.

El paquete legislativo incluye cambios en la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Además, armoniza otras cinco leyes con el objetivo de establecer un sector energético basado en la soberanía nacional y la justicia social.

Durante la discusión, senadores de Morena destacaron que estas reformas revierten la reforma energética de 2013, impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, afirmó que las modificaciones buscan fortalecer a Pemex y la CFE, evitando su privatización y manteniendo los precios de combustibles y electricidad estables en términos reales.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, criticó la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), argumentando que esta medida viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según Anaya, la creación de un nuevo órgano regulador bajo control de la Secretaría de Energía podría generar conflictos comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Claudia Anaya, senadora del PRI, sostuvo que la inversión privada en el sector energético se mantiene, aunque con un modelo de negocios distinto que reduce los impuestos a la inversión en Pemex del 50 % al 30 %, y hasta un 12 % en el caso del gas.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que las reformas no incluyen mecanismos suficientes para garantizar la transparencia y evitar la corrupción en el sector energético.

Entre los principales cambios, el dictamen establece que Pemex y CFE operarán como empresas públicas con criterios de eficiencia y transparencia, sin que sus actividades sean consideradas monopólicas. También se establece que la CFE deberá mantener al menos el 54 % del promedio anual de la energía inyectada a la red.

Las leyes también reconocen por primera vez el concepto de justicia energética, con el objetivo de reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se mantiene el compromiso de no incrementar tarifas por encima de la inflación y se establecen áreas específicas de participación para la iniciativa privada en el sector eléctrico.

El dictamen ha sido turnado a la Mesa Directiva del Senado, que lo someterá a discusión y votación en el Pleno esta misma semana.