Por: Marcela G., subdirectora comercial de Énestas Energy & Gas

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético. Ha trabajado estrechamente con equipos multidisciplinarios, integrando áreas legales, operativas y regulatorias para impulsar el desarrollo industrial y la transición energética en el país. Su experiencia incluye posiciones en empresas de renombre para la industria energética del país. Es Licenciada en Mercadotecnia por la UAdeO Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con dos maestrías: en Administración de Empresas con especialidad en Emprendimiento por la Grenoble Ecole de Management en Francia y en Innovación en Desarrollo Empresarial por el Tecnológico de Monterrey .

En este contexto, los impuestos verdes han emergido como una estrategia clave para desincentivar actividades contaminantes y financiar proyectos de sustentabilidad. Sin embargo, en países como México, donde la transición energética aún enfrenta desafíos estructurales, la implementación y efectividad de estos gravámenes genera un intenso debate: ¿realmente contribuyen a la descarbonización del país o simplemente elevan la carga fiscal de las empresas sin lograr el impacto ambiental deseado?

Los impuestos verdes en México: origen y evolución

Los impuestos verdes, también conocidos como impuestos ambientales, son cuotas obligatorias, que se implementan a nivel federal, las cuales son independientes de los instrumentos a nivel estatal, y se aplican principalmente a las industrias que generan impactos negativos en el medio ambiente, como la emisión de GEI, la extracción de recursos naturales y la producción de desechos peligrosos, con el objetivo de desalentar su uso y fomentar alternativas más sostenibles.

En México, los primeros esfuerzos por regular la contaminación a través de mecanismos fiscales surgieron en la década de 1970 con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. No obstante, fue hasta los años 2000 cuando se empezaron a aplicar políticas fiscales más específicas, alineadas con las estrategias globales para mitigar el cambio climático.

La base de estos tributos radica en el principio de «quien contamina, paga», buscando que los responsables de la degradación ambiental asuman el costo de sus acciones. Sin embargo, su implementación varía considerablemente de un estado a otro, de acuerdo con las actividades regionales.

Recaudación y uso de los impuestos ambientales: ¿cumplen su propósito?

Si bien, la tarifa de los impuestos ambientales en México sigue estando por debajo de los referentes internacionales, su recaudación ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Solo durante 2023 el cobro por impuestos verdes fue de 2 mil 590 MDP; lo que representa en promedio, el 3.5% de los ingresos por tributos.

No obstante, la implementación de estas medidas es variable en el país, en la actualidad, 15 estados cuentan con legislaciones que contemplan impuestos ambientales, entre ellos Baja California, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelos, Yucatán, Zacatecas, y recién en 2025, Colima se suma a la lista.

Cada estado ajusta estos impuestos conforme a su contexto ambiental e industrial. Nuevo León, por ejemplo, aplica cuatro de estos cinco impuestos, mientras que San Luis Potosí solo grava las emisiones a la atmósfera, en este último caso, la medida entró en vigor en junio de 2024.

Retomando el caso anterior de San Luis Potosí, y por ejemplificar con un combustible de uso recurrente, cada litro de diésel emite aproximadamente 2.596 kg de CO₂, por lo que las empresas deberán pagar lo equivalente a 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, $339.42 pesos por cada tonelada de CO2 equivalente, según la Ley de Ingresos del estado.

La recaudación recae en la fiscalización y coordinación entre las autoridades ambientales y fiscales clave para garantizar su efectividad. En entidades como el Estado de México, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente determina qué empresas deben cumplir con estos tributos, mientras que la Secretaría de Finanzas se encarga de su cobro.

Competitividad empresarial: el dilema del desarrollo sostenible

Estos impuestos, en México no solo buscan incentivar la adopción de prácticas más sustentables en empresas e industrias, sino también promover el uso de tecnologías y procesos menos contaminantes. Sin embargo, su implementación también plantea desafíos para la competitividad empresarial, ya que pueden aumentar costos de operación si no se diseñan adecuadamente.

En este contexto, la reacción ha sido variada, hay quienes lo perciben como un estímulo apara incorporar tecnologías y recursos más ecológicos, mismo que resulta en la reducción de costos asociados con sanciones, además de que mejora la reputación corporativa, y por otro lado, existe la incertidumbre ante el posible ascenso en los costos operativos de las empresas, específicamente de aquellos que dependen del uso de recursos naturales, ya que se teme que esta iniciativa sea tajante o bien, genere una doble tributación.

Para que estos impuestos sean efectivos sin afectar desproporcionadamente a las empresas, es fundamental encontrar un equilibrio entre la fiscalidad ambiental y el desarrollo económico. La clave radica en la educación de los sectores, así como en la complementación con incentivos que fomenten prácticas e inversión en energías limpias o más amigables con el planeta. Un diseño inteligente de estos tributos permite que las compañías adopten soluciones sostenibles sin comprometer su rentabilidad ni su capacidad de crecimiento.

En este sentido, más allá de la recaudación económica, la eficacia de los impuestos se mide, por la capacidad para reducir las emisiones contaminantes y la generación de residuos, por lo que entre más exitoso sea su implementación de estos impuestos ambientales, menor será la recaudación obtenida, ya que sí no se genera contaminación, no se aplica el impuesto.

El impacto de los impuestos verdes en la transición energética

Más allá de la competitividad, el verdadero propósito de estos impuestos es fomentar la transición energética, es decir, el cambio gradual hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

En este contexto, estos tributos contribuyen al proceso de diversas maneras, como encarecer las fuentes de energía más contaminantes, lo que incentiva a las industrias a buscar alternativas más limpias y eficientes. Así mismo, los recursos recaudados financian programas y proyectos de mitigación del cambio climático, desde infraestructura energética hasta incentivos para la adopción de energías renovables.

También, crean un marco regulatorio que desincentiva las actividades altamente emisoras de GEI, impulsando a las empresas a mejorar su eficiencia energética, y al gravar la extracción y aprovechamiento de recursos naturales no renovables, promueven un uso más eficiente y sustentable de la energía.

Para que realmente cumplan con su propósito, es necesario que los recursos se destinen efectivamente a proyectos de transición energética, lo que será clave para que el país avance en su meta de reducir las emisiones de carbono y aumentar la participación de energías limpias en la matriz energética.

Un aliado clave en el camino hacia la descarbonización

El país enfrenta múltiples desafíos, ante la transición energética, desde la dependencia del petróleo hasta la necesidad de mejorar la infraestructura para energías renovables. En este contexto, existen alternativas más amigables con el medio amiente, que nos ayudan en la transición hacía un México más limpio, por ejemplo, el gas natural emerge como un combustible viable para reducir las emisiones contaminantes.

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto ambiental, emitiendo hasta un 30% menos de CO₂ en comparación a otros combustibles, lo que permite reducir significativamente las emisiones sin necesidad de realizar inversiones inmediatas en energías renovables, siendo un puente fundamental en rumbo a una economía descarbonizada.

Además, México cuenta con empresas especializadas que pueden brindar soluciones competitivas e integrales en la distribución y uso de gas natural y Gas Natural Licuado (GNL), el estado líquido del combustible, que permite transportar a grandes distancias donde la infraestructura de gasoductos no es accesible, y almacenar mayor cantidad en un menor espacio, permitiendo a las industrias optimizar su consumo energético y reducir su huella de carbono sin afectar su competitividad.

En conclusión, los impuestos verdes han demostrado ser una herramienta clave para fomentar prácticas sostenibles y financiar proyectos ambientales en México. Sin embargo, para que su impacto sea positivo, deben diseñarse de manera estratégica, evitando afectar la competitividad de las empresas y asegurando que los recursos se destinen realmente a la transición energética.

En este camino, combustibles como el gas natural juegan un papel fundamental como el combustible fósil más limpio, permitiendo reducir las emisiones contaminantes mientras se consolidan las energías renovables. Una combinación de políticas fiscales bien estructuradas y tecnologías de transición permitirá que México avance hacia un futuro energético más sustentable, donde el desarrollo económico y la sostenibilidad vayan de la mano.

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