Por Tatiana Adalid
Aplicar calificativos sobre el acceso a la energía para nuestras actividades esenciales se vuelve un activo común en tiempos de crisis, donde el acceso a este bien se vuelve más difícil.
Pasa en México, pero también en otras regiones: durante el arranque del Foro Económico Mundial, en el panel Energy Outlook: Overcoming the Crisis, Catherine MacGregor, CEO de Engie Group, se refirió a la independencia energética de Europa de Rusia, una situación frente a la que algunos países parecen avanzar a pasos veloces, mientras que otros se rezagan. Minutos antes el vice-canciller de asuntos económicos y acción climática de Alemania, Robert Habeck, había aludido que la dependencia del gas ruso por más de una década había sido un “error estratégico” que ahora se estaba corrigiendo en semanas.
La importancia que se pone a la independencia tiene un simil discursivo en México: la soberanía energética, una afirmación que ha servido como sustento para las reformas eléctricas -de la política de confiabilidad a la reforma constitucional- emprendidas en los últimos años.
La creciente necesidad energética, producto de la evolución productiva y de los cambios en los estilos de vida, pone presión sobre las fuentes de energía, pero no solo en términos de acceso a ellas, también en el discurso, lo que la convierte en una moneda de cambio para los gobiernos, las empresas y los organismos internacionales.
Pero ¿qué significa para los que interactúan en el mercado energético desenvolverse en un entorno donde los calificativos marcan el rumbo? ¿si promoviste uso de gas ruso atentaste contra la independencia de tu país en términos energéticos? O si promoviste que se asentaran empresas energéticas ¿fue una amenaza contra la soberanía energética?
La respuesta a estas dos últimas preguntas es tan ambigua como el origen de la discusión. Visto en términos brutos, sin contexto, muy probablemente responderíamos que no, pero si nos paramos del lado de quienes ahora gobiernan ambos entornos, europeo y mexicano en las condiciones actuales, diríamos que sí.
En ambos casos, la respuesta no encamina hacia una solución real para los usuarios y sí pone peso extra hacia lo que debería ser una premisa: buscar que los ciudadanos y las empresas de cada país en lo individual, pero de todos en lo general, accedan a la energía asequible y limpia sin poner de por medio calificativos.
En cambio la respuesta a la primera pregunta es una ecuación compleja. Significa interactuar en un ambiente donde las empresas deben ser capaces de ver más allá de la ideología que rodea al acceso a la energía al mismo tiempo que cuidan su reputación individual y la de un sector que es clave para el futuro.
Roberto Bocca y Harsh Vijay Singh, ambos del WEF, en un artículo a propósito de la transición energética, consideran que reducir los riesgos para las inversiones energéticas en un entorno inflacionario, con incremento en los precios de los insumos y afectaciones a las cadenas de suministro, será una de las claves para lograr el objetivo de tener una economía con menos dependencia de las energías fósiles.
Los intangibles para las empresas, como la reputación, según diversos análisis, pueden representar desde el 30% de su valor en el mercado y aliviar presiones para su operación. ¿Qué pasa si en sentido contrario se afecta la reputación de empresas y sectores? La viabilidad para desenvolverse no solo daña a las propias compañías, también afecta a un sector que debe ser prioritario para las personas.
Hay un reconocimiento de una crisis energética global -carbón, gas y petróleo- que está poniendo presión sobre los consumidores a través de precios estratosféricos y podría presionar la transición energética. Es indispensable que la crisis de precios y acceso no se transforme en una crisis de reputación que entorpezca o encarezca las indispensables inversiones en el sector. El acceso y futuro están en ello.
*Tatiana Adalid
Socia Directora 27 Pivot
Experta en temas de reputación y en el sector energético