Por Carlos Camacho Gaos.
Director del Centro Anáhuac de Liderazgo en Política y miembro del Comité de Energía de la Universidad Anáhuac México
En el umbral del período pre-electoral por la Presidencia de la República se vuelve imperativa una discusión seria de la política energética para el nuevo gobierno. El tema es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, siendo un elemento esencial para el bienestar de la población. No se trata solo del suministro energético, sino también de la política ambiental por los impactos que el modelo energético tiene en la contaminación atmosférica, el cambio climático y el impacto a la biodiversidad.
Sin definiciones detalladas, se cuenta con tres documentos que plasman la percepción sobre lo que debe ser el programa en la materia para el próximo sexenio (2024-2030) y el mediano plazo: 1) “Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030” del Frente Amplio por México; 2) “Proyecto de Nación 2024-2030”, en versión borrador, del partido MORENA; y 3) “Propuestas para los próximos años” presentado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo liderado por Rolando Cordera.
Con sus divergencias en objetivos y estrategias, los documentos coinciden en una premisa: “México requiere una estrategia de desarrollo con visión de largo plazo y legitimidad democrática que garantice el logro de objetivos de seguridad, igualdad y sustentabilidad ambiental en materia de energía”1.
La transición energética es un elemento fundamental en las propuestas, las cuales varían, pero coinciden en la urgencia de acelerar el proceso, tanto por intereses nacionales como por el cumplimiento de acuerdos internacionales.
Se parte del reconocimiento de una realidad innegable. México no tiene un objetivo establecido de cero emisiones, difícilmente se logrará el compromiso de reducirlas en 35% para el 2030. Esto se agrava por el hecho de que el 72% de la energía eléctrica del país proviene de combustibles fósiles.
Cada vez son más perceptibles los impactos del cambio climático, y no se han tomado las decisiones pertinentes de políticas públicas necesarias. Por otro lado, la situación financiera de PEMEX y CFE ejerce una presión considerable sobre la eficiencia del gasto. El tiempo disponible para una reestructuración exitosa que rescate a ambas se agota rápidamente.
Ante este escenario, los documentos referidos vierten posiciones distintas. El partido Morena plantea la derogación de la reforma energética del 2013, el compromiso de que el estado garantice la autosuficiencia eléctrica sustentable al tiempo que se establezca su acceso como derecho humano. También propone construir una nueva refinería para lograr la autosuficiencia y resolver el tema de las importaciones.
La estrategia se fundamenta en reducir el consumo de combustibles fósiles mediante la producción eléctrica y de biocombustibles de manera comunitaria y cooperativa; la generación distribuida y la explotación colectiva de fuentes renovables.
Respecto a la electricidad de fuentes renovables para industria y grandes comercios, se busca que la electricidad de bajo voltaje sea producida por agentes diferentes a CFE y que esta se concentre en la generación de medio y alto voltaje. Se establece un objetivo de transición a treinta años con la sustitución del 87% de energía primaria de la matriz energética, además de que se espera que la producción en pequeña escala de biocombustibles permitirá atenuar las exigencias actuales de Pemex.
Por su parte el Frente amplio por México establece con mucho más detalle argumentativo lo siguiente:
Tres principios esenciales deben guiar la definición de política energética: Estado de Derecho y transparencia; justicia energética y participación ciudadana; y sostenibilidad y resiliencia energética. Ello requiere un plan de financiamiento, con inversión mixta (pública y privada), cooperación internacional y financiamiento climático.
El sector eléctrico debe planearse integralmente, de forma participativa e incluyente en torno a las necesidades de la ciudadanía y de los estados. El Sistema Eléctrico Nacional debe universalizarse, ampliarse y fortalecerse mediante la modernización del sistema eléctrico de modo que facilite la integración de nuevas tecnologías que contribuyan a la electrificación y digitalización de la economía.
La ruta es la descarbonización mediante el retiro paulatino de las centrales obsoletas. También se requiere un mercado eléctrico en condiciones de competencia que fomente la generación distribuida y comunitaria con energía renovable y la descentralización del sistema.
Deben fortalecerse las entidades reguladoras y administrativas de energía (CRE, CNH, CENAGAS, IMP, ASEA, CENACE, CONUEE, FIDE). Debe contarse con un Consejo de Administración independiente en CFE y revisar el funcionamiento del correspondiente a PEMEX, además de normalizarse la operación del mercado eléctrico y revisar el arreglo institucional y regulatorio para integrar las distintas iniciativas del sector privado que permita implementar las acciones de eficiencia energética y de descentralización.
Deben reestablecerse las rondas petroleras, desarrollar infraestructura logística (transporte y almacenamiento) de petrolíferos, exigir a Pemex un nuevo plan de negocios basado en inversiones propias, del presupuesto federal y del sector privado que disminuyan sus costos operativos y financieros, al tiempo que se reestructure la deuda financiera y laboral y se elimine a la brevedad la deuda con proveedores.
El plan de financiamiento requiere modificar las reglas del Fondo Mexicano del Petróleo, para financiar el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de captura y reducción de emisiones, así como el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y revisar el funcionamiento del impuesto al carbono y la focalización de subsidios a los combustibles. Finalmente propone crear una Comisión Intersecretarial, que, con el Gabinete de Seguridad, vigilen y aseguren la operación de la logística de hidrocarburos, con el fin de erradicar el saqueo clandestino de combustibles.
Por su parte el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo propone establecer una estrategia de cero emisiones netas de carbono como premisa inicial, que establezca una política de Transición Energética que reduzca de manera progresiva y cuantificada el uso de los combustibles fósiles, comenzando con la eliminación de la utilización de carbón y combustóleo y se revisen las disposiciones actuales que restringen el desarrollo de las energías renovables.
CFE debe fijarse el objetivo explícito de prestar el servicio público de electricidad y fusionar en una sola las numerosas empresas que desempeñan esa función, apoyar con la generación nuclear de electricidad el soporte de energía firme para facilitar y hacer viable la expansión masiva de las fuentes de energía renovable e intermitente.
Asimismo, debe revisarse la legislación y disposiciones reglamentarias a fin de garantizar que Pemex opere como empresa productiva del Estado con efectiva autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión. Deben reformarse las disposiciones constitucionales que norman el uso de la renta petrolera y establecer destinos delimitados de los ingresos petroleros que garanticen la prioridad del ahorro y la inversión.
De igual forma, se debe reconocer un costo social del carbono y elevar progresivamente el impuesto correspondiente. Finalmente, se propone desarrollar una nueva política petrolera y petroquímica, abogando la primacía extractivista de los cambios en el uso del suelo; que parta del diseño de un nuevo sistema nacional de refinación integrado a los centros petroquímicos y de proceso de gas, de la conversión de las refinerías en plantas petroquímicas y articular un programa estratégico de manejo integral del gas natural y la creación de una Comisión Petroquímica de inversión mixta en actividades de transformación de hidrocarburos y de producción y uso de hidrógeno verde.
1Grupo Nuevo Curso De Desarrollo. Propuestas para los próximos años. Ciudad de México, octubre de 2023
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