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La agenda de las mujeres en el sector energético mexicano

Por: Katya Puga, Investigadora y consultora, I+D+P Investigación, Desarrollo y Participación

La participación de las mujeres en el sector energético mexicano ha logrado posicionarse en los últimos años gracias al impulso de iniciativas colectivas lideradas por mujeres con enorme visión y talento, mujeres que imaginaron y emprendieron la transformación de un sector tradicionalmente masculinizado. En 2018, en el marco de la presentación de la “Hoja de Ruta de Género para la Transición Energética”, la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE) cuantificó diversas brechas de desigualdad en la participación de las mujeres en el sector, que lograron visibilizar lo que cotidianamente vivían las mujeres en reuniones de trabajo en instituciones públicas y en empresas, en los salones de clases de las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), o en las centrales de energía. Su estudio fue pionero y mostró la subrepresentación de las mujeres, que entonces ocupaban sólo el 9% de los puestos estratégicos, el 30% de las posiciones de toma de decisión, y el 21% en las carreras universitarias o técnicas relacionadas con la energía.

La Hoja de Ruta trazó por primera vez los principios para erradicar la segregación horizontal y vertical de género, crear y fortalecer capacidades, especialmente entre las mujeres jóvenes, y reconocer las considerables contribuciones de las mujeres en el sector. En el mismo sentido se articularon importantes iniciativas como la asociación Mujeres en Energías Renovables México (MERM) y la colectiva Voz Experta, en las que participan mujeres especialistas que forman parte de instituciones públicas y empresas, tanto del sector eléctrico como del sector hidrocarburos. Muchas de las iniciativas que hemos visto prosperar en los últimos años convergieron en torno a un aspecto trascendental, el de aumentar, visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres en la industria energética en México.

En ocasión de la conmemoración del 8 de marzo, quiero sumar a esos esfuerzos algunas reflexiones en torno a temas que considero que podemos integrar a una agenda colectiva sobre el nexo género y energía, y que se centran en ampliar y fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en el contexto de la realización de proyectos de infraestructura energética. En esta reflexión hago eco de una de las claves que nos ha ofrecido la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, la de aprovechar estratégicamente la capacidad de representar los propios intereses y los intereses colectivos de género, a través de liderazgos universales, incluyentes y convocantes.

La participación en la toma de decisiones

En el desarrollo de los proyectos del sector energético la participación de las mujeres está condicionada por relaciones desiguales de poder a nivel comunitario. En las primeras etapas de los proyectos, cuando se llevan a cabo procesos de diálogo tendientes a suscribir acuerdos para el uso y ocupación de terrenos con ejidos y comunidades, las decisiones son tomadas fundamentalmente por hombres. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional (RAN), el porcentaje de mujeres con derechos de propiedad en los núcleos agrarios es de 22% en el caso de ejidos, y 25% en el de comunidades.[1]

La falta de acceso a la propiedad restringe en consecuencia la participación de las mujeres en los cargos de autoridad de los espacios de toma de decisión; en 2019, por ejemplo, sólo el 7.4% de los órganos de representación de los núcleos agrarios fueron presididos por una mujer. Entre 2020 y 2022 se han impulsado reformas importantes a la Ley Agraria, primero, para incluir a las mujeres hijas de ejidatarios o comuneros en la lista de personas sucesoras de derechos agrarios, segundo, para asegurar que el ejercicio de los derechos de propiedad se realice conforme a lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, tercero, para propiciar la paridad de género en la integración de los órganos de representación.

En este contexto, resulta insoslayable incluir el ejercicio pleno de los derechos de acceso de las mujeres a la tierra en la agenda del sector que aborda el nexo género y energía. Las empresas interesadas en desarrollar proyectos, al amparo de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, pueden contribuir a reducir asimetrías de poder en los procesos de negociación y construcción de acuerdos con los núcleos agrarios. Como punto de partida, las empresas pueden promover proactivamente la inclusión de las mujeres dichos procesos, pero también. trazar rutas de trabajo conjuntas con los ejidos y comunidades para lograr los objetivos de paridad de género en la conformación de los órganos de representación.

Asegurar el acceso a la toma de decisiones es apenas un primer paso que precisa de abordar también las capacidades y los recursos que son necesarios para fortalecer la autoridad y los poderes de las mujeres como sujetas titulares de derechos. Marcela Lagarde sugiere que empoderarse, como proceso personalísimo y subjetivo que coloca a las mujeres en una mejor posición personal y colectiva, implica la “generación y acopio de poderes vitales que permiten independencia y autonomía material, social, subjetiva y ética”, y advierte que para sustentar ese proceso son importantes tanto los esquemas de formación, como los mecanismos que reconozcan la legitimidad y la autoridad de las mujeres frente a la sociedad.[2] De ahí la importancia de que las empresas adopten explícitamente medidas de género-transformadoras, que contemplen prioritariamente medios y recursos para contribuir al fortalecimiento de capacidades y conocimientos de las mujeres que viven en las comunidades donde pretenden realizar los proyectos.

Más allá de los procesos relacionados con la construcción de acuerdos justos para el uso y ocupación de las tierras, durante las etapas de planeación de los proyectos emergen otras oportunidades para ampliar y fortalecer la participación de las mujeres. La legislación del sector energético, por ejemplo, obliga a las empresas promoventes de proyectos a realizar evaluaciones de impacto social con enfoque participativo y perspectiva de género. Por su parte, el Acuerdo de Escazú, establece que la toma de decisiones ambientales debe realizarse bajo principios de igualdad y no discriminación, es decir, la perspectiva de género debe ser integrada en la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental y en los procesos de consulta ambiental sobre los proyectos energéticos.

Lo anterior implica que las empresas adopten medidas afirmativas para asegurar que las mujeres que viven en las comunidades sean incluidas en los mecanismos de participación, en condiciones de igualdad. Dichas medidas deben estar explícitamente dirigidas a reducir las barreras que suelen enfrentar para ejercer sus derechos de participación, por ejemplo, actuar sobre los roles de género que las excluyen de los espacios públicos, o sobre factores que limitan su participación como el uso del tiempo y el acceso a recursos materiales y simbólicos. Las evaluaciones de impacto ambiental y social deben ser capaces de capturar los intereses, prioridades, necesidades y preocupaciones de las mujeres, y dar cuenta de la forma en que ellas podrían vivir y experimentar de forma distinta los impactos negativos y positivos de los proyectos, respecto del resto de la población. Esto será clave para asegurar que los resultados de la participación significativa sean debidamente considerados en la configuración de medidas de prevención y mitigación de impactos negativos, y de ampliación de los impactos positivos.

A este respecto, conviene recordar que se cuenta con un corpus teórico y metodológico muy amplio que ha perfeccionado instrumentos y herramientas que pueden ser de mucha utilidad durante las evaluaciones de impacto, por ejemplo, los análisis y diagnósticos de género, las auditorías de género, así como los análisis de necesidades prácticas y necesidades estratégicas de género, etc. La agenda de género y energía, en este sentido, tiene también una dimensión metodológica, colectivamente es posible impulsar un tránsito desde evaluaciones de impacto ciegas al género, hacia evaluaciones sensibles al género y, en última instancia, metodologías de evaluación de impacto género-transformadoras.

Un último aspecto que me gustaría destacar tiene que ver los esquemas de participación en el reparto justo y equitativo de beneficios asociados a los proyectos, y que se inscriben en las estrategias de creación de valor compartido entre las empresas y las comunidades. Lejos de una lógica transaccional, el desarrollo de proyectos energéticos tiene un gran potencial para la realización de derechos sociales y económicos de las mujeres, a través de esquemas que destinan recursos para el desarrollo de iniciativas comunitarias. Las empresas tienen la responsabilidad de asegurar que las mujeres de las comunidades incidan de manera significativa en la definición de prioridades, así como en las decisiones sobre el uso y gestión de los recursos.

Los elementos anteriores dan cuenta someramente de distintos momentos asociados al ciclo de realización de los proyectos en los que es clave asegurar la participación significativa de las mujeres. La visión, la palabra y la experiencia de las mujeres en las comunidades donde se realizan o se pretenden realizar proyectos constituye la mejor de las oportunidades para consolidar la agenda de género y energía. Desde las instituciones públicas y las empresas del sector es necesario impulsar la construcción de diálogos y alianzas con las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas, y mujeres afromexicanas e indígenas, pues la fuerza y potencia transformadora de la agenda depende de que esas voces sean incluidas.

La participación en clave transformadora

El incremento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión del sector energético es un fin en sí mismo, pero también un medio para avanzar intereses colectivos. La emergencia climática y ambiental sustenta muchos de los esfuerzos compartidos por muchas mujeres en la industria, en organizaciones y en comunidades que están dirigidos a acelerar la transformación del sistema energético en nuestro país, bajo paradigmas de justicia y enfoques basados en los derechos humanos.

En 2020, la REDMEREE acogió una iniciativa que convocó a un grupo diverso de mujeres para reflexionar sobre debates contemporáneos en torno a la transición energética justa, y en particular, para dilucidar qué contenido podría darse al paradigma de justicia energética con perspectiva de género. Entre las muchas autoras que se estudiaron destacaron los casos de Elizabeth Bell, Cara Daggett y Christine Labuski, quienes realizaron un estudio pionero en el que concluyeron que la perspectiva feminista sobre la energía ofrece un marco significativo y poco explorado, para comprender el conjunto de factores que sostienen y reproducen culturas energéticas insostenibles, pero también, un paradigma para diseñar sistemas energéticos verdaderamente justos.

En efecto, los procesos de transformación de los sistemas energéticos son procesos no solamente técnicos y económicos, sino profundamente políticos y en esa medida tienen un componente de género de interés para la agenda colectiva y común de las mujeres que participamos en el sector energético. En última instancia las trayectorias de transición energética son descripciones normativas de cómo podrían verse los nuevos sistemas energéticos, de modo que, a juicio de muchas investigadoras feministas, son un terreno fértil para explorar la justicia climática y los problemas de igualdad, ya que los cambios en los sistemas energéticos confrontan en esencia las desigualdades de poder.

La transformación de los sistemas energéticos implica repensar de fondo sus dimensiones políticas, económicas, socio ecológicas y tecnológicas, siendo centrales temas como la democratización en el acceso, generación y uso de la energía, la descentralización, la cultura del cuidado, la erradicación de las violencias en la producción de la energía, el replanteamiento del paradigma del crecimiento, la colaboración y el desarrollo basado en los intereses comunitarios. Construir colectivamente una agenda que desafíe las premisas y que piense la reducción de desigualdades vinculadas a culturas y prácticas energéticas injustas se convierte en una oportunidad portentosa para que las mujeres del sector impulsen lideren la transformación y el futuro de la energía en México.


[1] Para una revisión sobre los retos que enfrentan las mujeres para el pleno ejercicio de los derechos agrarios, se recomienda ver el informe “Mujeres por el acceso a la tierra” (SEDATU, 2021), disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674685/MUJERES_PEAT_02.pdf

[2] Marcela Lagarde y de los Ríos “El empoderamiento y el poderío de las mujeres” en El Feminismo en mi vida. Hitos, calves y topías. (México: Instituto Nacional de las Mujeres, 2013)

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