En entrevista con Bloomberg Línea, Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), reveló que el Gobierno de México ha comenzado a desinvertir en las 13 plantas eléctricas que compró a la empresa española Iberdrola, cumpliendo así con las condiciones impuestas por el regulador. Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) ya ha reducido aproximadamente un 30% su participación en estos activos.

Esta desinversión es parte de los requisitos establecidos en la resolución de Cofece sobre la operación, que se realizó por un valor de 6,200 millones de dólares. Entre las condiciones se encuentra la reducción de la inversión del Gobierno al 51% y la designación de un operador independiente para las centrales eléctricas.

La operación se estructuró mediante un complejo esquema de financiamiento que involucró a Fonadin y a la banca privada. Adicionalmente, se informó que los principales fondos de jubilaciones en México, conocidos como Afores, se comprometieron a participar en una colocación de certificados de capital privado por 852 millones de dólares para financiar la compra de activos a Iberdrola.

Cofece también estableció que la administración y operación de las plantas deben ser llevadas a cabo por un administrador independiente y no por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este planteamiento asegura que los inversionistas privados, al finalizar los contratos de largo plazo con CFE, puedan tener un rol activo en las decisiones sobre la operación y administración de las plantas.