Especialistas del sector advirtieron en el GLP Summit 2026 que la acumulación de obligaciones, la falta de reglas específicas y los cambios frecuentes en componentes del precio máximo pueden desalentar nuevas inversiones. Con una capacidad de almacenamiento estimada en apenas dos días, plantearon además la necesidad de recuperar el diálogo entre industria y autoridades.

La regulación del gas licuado de petróleo (LP) enfrenta un problema de diseño que comienza a trasladarse a la operación cotidiana de las empresas, la inversión y la capacidad del sector para cumplir con nuevas exigencias. Durante el GLP Summit 2026, especialistas coincidieron en que el desafío pasa por construir reglas específicas, aplicables y compatibles con las características de una industria de la que dependen más de 100 millones de mexicanos.

Luis González Esquivel, abogado especialista en el sector energético, aseguró que se trata de regulaciones hechas en el escritorio. El problema, explicó, surge cuando las obligaciones se diseñan sin verificar que existan las condiciones técnicas y administrativas necesarias para cumplirlas.

“Queremos cumplir el marco regulatorio, pero la misma regulación te pone ciertas trabas”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó los requisitos para registrar unidades vehiculares y acreditar el cumplimiento de normas de seguridad cuando todavía pueden existir limitaciones en la disponibilidad de unidades de inspección o especialistas capaces de realizar algunas de las pruebas exigidas.

El abogado aclaró que sus comentarios no proponen no regular, sino hacerlo de una manera más eficiente en beneficio del sector energético nacional. Señaló que parte del problema se originó cuando el gas LP quedó incorporado dentro de disposiciones generales para petrolíferos, pese a que su almacenamiento, transporte y distribución presentan características diferentes a otros combustibles.

“No puedes comparar un proyecto de exploración y explotación con un proyecto de entrega de última milla y no puedes pretender regular con la misma ley a todo. Eso no debe pasar”, sostuvo.

En tanto, Fernando Gracia, director general de Enerpres Group, coincidió en que el desafío regulatorio adquiere una dimensión especial por la escala y la importancia social del mercado mexicano.

En el país se movilizan más de 700,000 toneladas mensuales de gas LP y alrededor de 27 millones de viviendas utilizan cilindros o tanques estacionarios.

“El gas LP es más que un combustible en México y en América Latina. Es hablar de bienestar social, impulso económico y seguridad energética”, afirmó.

Ampliar almacenamiento con mejora de certidumbre

Uno de los principales rezagos identificados durante el panel está en la infraestructura. Aunque México cuenta con 34 instalaciones de almacenamiento de gas LP, Gracia consideró que la capacidad disponible continúa siendo reducida frente al tamaño de la demanda.

“Tenemos sólo dos días de almacenamiento, cuando deberíamos tener al menos unos siete u ocho días como mínimo para prevenir cualquier posible contingencia, desabasto o situación de infraestructura que comprometa el suministro constante a la población”, señaló.

El especialista planteó que ampliar la capacidad a través de inversión pública y privada permitiría amortiguar disrupciones y episodios de volatilidad. Añadió que se tiene que diversificar los orígenes del combustible y “no depender de una sola fuente de suministro”.

El transporte por ducto representa otro pendiente. Frente a una operación apoyada fuertemente en miles de unidades terrestres, Gracia describió como limitada la infraestructura disponible y señaló que sistemas como el ducto Cactus-Guadalajara requieren nuevas inversiones y ramificaciones para complementar la logística nacional.

Eso sí, la posibilidad de ampliar infraestructura depende también de mayor previsibilidad económica. En ese terreno, una de las principales críticas se dirigió al esquema de precios máximos y particularmente a la variación frecuente de algunos de sus componentes.

“Cada semana, en función de ciertas variables, hoy es un valor, la semana entrante es otro. Creemos que eso definitivamente no ayuda a estimular inversión”, afirmó Gracia, que además reconoció el objetivo gubernamental de proteger al consumidor y contener presiones inflacionarias, pero consideró que determinados componentes deberían mantenerse estables durante periodos más largos y modificarse únicamente cuando existan condiciones extraordinarias.

La incertidumbre económica también puede terminar conectándose con un problema de seguridad. Rosanety Barrios, actual analista independiente, explicó que toda regulación debe equilibrar dos objetivos que permanentemente están en tensión: proteger económicamente al consumidor y mantener estándares adecuados de calidad y seguridad.

“Si un regulador aprieta el lado económico, entonces de manera natural una industria va a buscar disminuir costos para mantener margen”.

Esa búsqueda de eficiencias tiene un límite, porque “disminuir un costo puede implicar que se corre el enorme riesgo de quitarle calidad al servicio o producto que se ofrece. Y si pierde calidad, entonces entramos en el terreno, en este caso, de la inseguridad”.

Para Barrios, la intervención actual del Estado debe entenderse dentro de una política energética cuyo eje de bienestar tiene un peso central. En ese contexto, el gas LP difícilmente puede quedar fuera de la atención gubernamental por su penetración entre los hogares mexicanos.

La industria ya no puede depender solo del volumen

Barrios identificó también un cambio estructural en el negocio. A diferencia de otros mercados de consumo, “el gas LP se vive como un genérico en todo el país y al usuario final le da exactamente igual quién le va a llevar el producto a su casa”.

Esa característica ha contribuido a una relación distante entre consumidores y distribuidores, pero también abre espacio para una transformación.

“La industria tradicional, la industria tal y como se vino desarrollando en el pasado, creo que entró ya en un punto de inflexión y hay que actuar, hay que adelantarse a esos cambios que vienen”, afirmó la especialista, quien advirtió que el crecimiento futuro difícilmente podrá construirse solo aumentando los volúmenes comercializados.

La alternativa, explicó, es “pensar en dar un servicio mucho más completo para ir ganando lealtad en el usuario que hoy no la tiene”.

Así, oportunidades en tecnología, digitalización y nuevas herramientas de logística aparecen para modernizar la distribución, aunque Gracia advirtió que incorporar nuevos requerimientos tecnológicos desde la regulación debe hacerse con proporcionalidad.

“Tenemos que tener mucho cuidado de no perder de vista la premisa de toda regulación, que son las condiciones mínimas y no las óptimas”, sostuvo.

La distancia entre autoridades y empresas apareció como otro punto de coincidencia entre los participantes. Barrios advirtió que la falta de conocimiento mutuo puede alimentar un círculo regulatorio difícil de romper.

Aseguró que mientras se mantenga dicha desconexión con la autoridad, el único lado a donde se continuará dirigiendo la situación es al incremento de la desconfianza.

Por eso, su recomendación al sector fue anticiparse, pues antes de que exista una mayor regulación por parte de la autoridad, las empresas deben “autorregúlense” y mejorar sus condiciones antes de que sea una obligación.

En tanto, Fernando Gracia también consideró necesario reconstruir canales institucionales de comunicación y recordó la experiencia de los comités consultivos nacionales de normalización, donde industria y autoridades podían discutir requerimientos desde etapas previas a la publicación formal de una regulación.

“Hay una responsabilidad compartida entre regulador y sector privado. Si logramos una agenda común, podemos consolidar un sector más seguro, competitivo y, sobre todo, sostenible a largo plazo”, concluyó.