Por Itzel Alaniz
En 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un robo promedio de 19,600 barriles diarios de combustible, lo que representó pérdidas por 23,491 millones de pesos. El dato, incluido en el Reporte Anual 2025 (Form 20-F) presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, representa el nivel más alto desde la reducción registrada después de 2018.
No obstante, permanece por debajo de los niveles consignados por la propia petrolera en sus informes anuales de 2016, 2017 y 2018, cuando el robo de combustibles superó los 26,000, 43,000 y 58,000 barriles diarios, respectivamente.
De acuerdo con el informe, el volumen de combustible robado aumentó 15.3% respecto de 2024, cuando Pemex registró un promedio de 17,000 barriles diarios sustraídos de manera ilegal.
La empresa reconoce que el robo de hidrocarburos y el comercio ilícito de combustibles continúan entre sus principales riesgos operativos y financieros. Explica que estas actividades afectan sus resultados debido a la pérdida de producto, el incremento de los costos de operación y la necesidad de destinar recursos adicionales a vigilancia, seguridad y reparación de infraestructura.
Riesgo en la red de ductos
El reporte identifica a la red nacional de ductos como una de las áreas más vulnerables de la empresa. Pemex advierte que enfrenta riesgos por tomas clandestinas, fugas, derrames, explosiones, actos criminales y bloqueos de instalaciones, factores que pueden afectar la continuidad de sus operaciones.
Durante 2025, la petrolera registró 99 fugas y derrames en su sistema de transporte de hidrocarburos, frente a los 92 incidentes reportados en 2024.
Como parte de sus acciones para fortalecer la seguridad de su infraestructura, Pemex informó que evaluó el 100% de su red de ductos logísticos para identificar riesgos de integridad. El diagnóstico clasificó 8,626.2 kilómetros de ductos con riesgo medio y 8,735 kilómetros con riesgo bajo, sin reportar tramos catalogados con riesgo alto.
Asimismo, la empresa destinó 471.1 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación de ductos durante 2025 y presupuestó 2,489.1 millones de pesos para esas labores en 2026, con el objetivo de ampliar las actividades de conservación de la infraestructura.
Además del huachicol, Pemex advierte que enfrenta otros riesgos que pueden afectar su situación financiera y operativa, entre ellos la disminución en la producción de hidrocarburos, la necesidad de mayores inversiones, problemas operativos en instalaciones y los posibles daños ambientales derivados de fugas y derrames.
Coinciden calificadoras
Los riesgos identificados por Pemex coinciden con las alertas de agencias calificadoras. En su reporte de opinión crediticia del 26 de agosto de 2025 y en su actualización de calificación del 8 de septiembre de ese mismo año, Moody’s señaló que la petrolera enfrenta presiones sobre su flujo de efectivo, elevadas necesidades de inversión, retos operativos y una fuerte dependencia del apoyo del gobierno federal para cumplir con sus compromisos financieros.
Cambio estructural
El Reporte Anual 2025 (Form 20-F) también documenta los cambios en la estructura de la empresa tras la entrada en vigor de la Ley de Petróleos Mexicanos de 2025. A partir del 19 de marzo de ese año, Pemex dejó de operar como empresa productiva del Estado para convertirse en una empresa pública del Estado.
La reforma concentró las actividades de Pemex bajo una sola entidad. Como parte de la reorganización desaparecieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, mientras Petróleos Mexicanos asumió sus activos, derechos, obligaciones y funciones. La nueva estructura corporativa comenzó a operar el 1 de junio de 2025.
El documento también explica que desde 2025 la petrolera opera bajo un nuevo régimen fiscal. El gobierno federal sustituyó el Derecho de Utilidad Compartida y los derechos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos por el Derecho Petrolero para el Bienestar, que establece una tasa de 30% para petróleo y producción de combustibles, y de 11.63% para gas natural no asociado. Además, Pemex dejó de estar sujeto al pago del impuesto sobre la renta.
En materia de reservas, la empresa informó que sus estimaciones de petróleo y gas se calcularon conforme a los criterios técnicos de la SEC y únicamente consideran los hidrocarburos que tiene derecho a extraer y comercializar mediante asignaciones otorgadas por el Estado mexicano. Las reservas fueron auditadas por las firmas especializadas DeGolyer and MacNaughton, GLJ Ltd. y Ryder Scott Company.
El informe concluye que, al ser una empresa propiedad del gobierno federal, sus operaciones y obligaciones financieras también dependen de decisiones de política energética y de cambios regulatorios, factores que podrían influir en su desempeño futuro.






