Por: Manuel Rodríguez González

Los cambios geopolíticos registrados en lo que va del siglo XXI en las regiones petroleras del planeta nos han dejado una lección contundente: ninguna Nación puede desatender su responsabilidad de garantizar la seguridad energética. De ella depende no solo el funcionamiento de la economía, sino la vida cotidiana de la sociedad.

Una omisión en este terreno se experimentó crudamente en la «pobreza energética» que padecieron los sectores más vulnerables del viejo continente. Esto fue producto del conflicto bélico en Europa del Este iniciado en 2022, el cual desembocó en un recorte del suministro de gas ruso hacia Europa. La dependencia de este recurso disparó los precios de manera estratosférica y puso en riesgo a la población incluso durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

El caso más reciente es el conflicto en curso en Medio Oriente. En este escenario, Estados Unidos asume una postura estratégica al consolidarse como el principal productor de hidrocarburos a nivel global, especialmente tras tomar el control de la producción y reservas de Venezuela —consideradas las más importantes del mundo—. Esta posición le ha permitido sortear el cierre del Estrecho de Ormuz, punto clave por donde se transporta el 20% de la producción de crudo y gas natural licuado (GNL), cuyos mercados principales son los países asiáticos, encabezados por China.

La reducción del suministro de GNL procedente de Qatar y Emiratos Árabes Unidos ha sido de 300 millones de metros cúbicos diarios (bcm) desde el primero de marzo, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Esto retira del mercado más de 2,000 bcm semanales, de los cuales el 90% se destinaba a Asia.

México no está exento de esta vulnerabilidad. Como lo han reconocido las autoridades del sector, de los 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural diarios (MMpcd) que consumimos, importamos 6,800 MMpcd. Es decir, el 75% de nuestro suministro proviene del exterior y, de ese total, el 100% llega de Estados Unidos. Ante este panorama, el Estado Mexicano ha puesto finalmente sobre la mesa la explotación de recursos prospectivos en campos no convencionales para alcanzar una producción de más de 8,000 MMpcd para el año 2035.

La propuesta de la administración federal es un ejercicio de Pragmatismo Soberano. No se trata de elegir entre medio ambiente o desarrollo; se trata de utilizar la ciencia para lograr ambos. Con la creación del Comité Científico de alto nivel —integrado por especialistas de la UNAM y el IPN—, México evaluará con rigor técnico la viabilidad de explotar nuestros recursos no convencionales mediante tecnologías que han evolucionado significativamente.

Poseemos un tesoro en el subsuelo: recursos prospectivos por 141,494 MMMpc que podrían blindar nuestra economía por décadas. Sin embargo, como lo ha señalado la Presidenta, esta explotación solo será posible si es sustentable. Las nuevas tecnologías nos ofrecen hoy lo que antes parecía imposible: gestión hídrica de bajo impacto mediante el uso de aguas saladas profundas, insumos biodegradables y monitoreo continuo para proteger nuestros acuíferos. Se trata de la misma geología —Cuenca de Burgos en el lado mexicano, abarcando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— que hoy permite a Texas ser potencia mundial; México tiene ahora la oportunidad de aprovecharla con responsabilidad y visión de futuro.

Manuel Rodríguez González
www.manuelrodriguez.mx