Por: Juan Francisco Torres Landa R. Socio de Hogan Lovells México
Estamos viviendo momentos de grandes definiciones. El mundo se encuentra en una situación de grandes conflagraciones, unas de carácter armado como el caso de Ucrania, y otras en el ámbito comercial en que las cadenas de suministro que tradicionalmente se habían establecido se están redefiniendo por el impacto de la pandemia y por una serie de tensiones geopolíticas que no vaticinan un regreso a lo que era la normalidad hasta hace algunos años.
El común denominador es que los países están buscando como reducir riesgos políticos que pueden dañar sus economías domésticas en el momento en que las principales industrias dependan de proveedores que se ubiquen en lugares muy lejanos o con riesgos de confrontación política. La lógica que imperó en muchos años fue impulsar una globalización a ultranza para ver cómo se lograban ahorros en el suministro de piezas y componentes sin importar en qué país se ubicará la mejor alternativa con base a un simple análisis de costo unitario. Pero esta lógica se enfrentó con otra realidad totalmente distinta, en particular coincidiendo con la pandemia de Covid-19 y el rompimiento geopolítico entre China y los Estados Unidos.
Así se reescribieron en poco tiempo las reglas sobre el cómo las principales industrias en cada país debían repensar la mejor forma de lograr una cadena de suministro, que si bien es cierto privilegie en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, también considere que estar cerca de casa es crítico para reducir exposición a riesgos y costos por temas políticos, logísticos, fletes, seguros, etc.
Todo lo anterior lo destacamos porque explica en gran medida la coyuntura en la que nos encontramos en el mundo y particularmente en México. Se abrió una ventana de una oportunidad histórica que se conoce bajo los vocablos “nearshoring” u “onshoring” y que implica justamente el atraer geográficamente a los proveedores críticos para bajar la exposición a los riesgos señalados.
México pertenece a un bloque económico clave como lo es Norteamérica y tiene el instrumento jurídico necesario para impulsar la mejor estrategia para obtener réditos de este sisma mundial en temas empresariales. Anteriormente el TLCAN y hoy el T-MEC genera el marco de referencia obligado para verificar que México pueda beneficiarse ampliamente de la gran oportunidad que significa el ser anfitrión de múltiples inversiones que hoy buscan reubicarse mundialmente, particularmente aquellos que tienen su principal sede de operaciones y/o de cubrir necesidades comerciales en Norteamérica.
Y es así que hay condiciones que se tienen que validar para que dicha ola de posibles y actuales inversiones tenga el impacto y dimensiones que se aspiran y deberían lograrse. Estamos hablando, entre otras, de infraestructura, seguridad pública, seguridad jurídica, disponibilidad de agua, y por supuesto como tema central, suministro de energía eléctrica. Sin menospreciar la importancia de todos esos factores que ameritan un estudio individual, para los efectos de esta columna me quiero concentrar en el tema de la electricidad, ese insumo de vital importancia para el funcionamiento de plantas industriales.
La realidad que estamos viviendo hoy en día exige una revisión puntual y estricta sobre lo que acontece en nuestro país en el sector de energía eléctrica. En una definición en extremo desafortunada, desafiando las bases de la reforma estructural plasmada constitucionalmente para generar seguridad jurídica, a partir de finales de 2018 se puso en marcha una política de cuestionamiento, dilución y eventual erradicación de la política de privatización en la generación de energía eléctrica. Y lo decimos como una mala decisión porque hay evidencia incontrovertible de lo lesivo que ha sido tal impulso en el cambio de las políticas públicas respectivas. Nos explicamos a continuación.
Fue en 2019 en que se dieron las últimas subastas de generación de energía eléctrica, proceso en el cual los distintos oferentes del flujo proponían costos de producción y entrega a la propia CFE, de tal suerte que la entidad pública (que conserva el monopolio de distribución y venta final) pudiera beneficiarse de costos de compra cada vez menores, y menor exposición a depender de sus inversiones para la creciente demanda de consumo. Pues fue en ese último momento de las subastas que se lograron los costos más bajos de compra de energía eléctrica, pero me refiero a los costos más bajos no solamente en México, ¡sino en el mundo! De ese tamaño el beneficio de una reforma que iba por muy buen rumbo y que por razones ideológicas y de un nacionalismo trasnochado se ha puesto en pausa y destierro en la práctica.
El problema no solamente ha sido entonces que no se ha respetado el que muchos inversionistas comprometieron sus recursos para generar dichas fuentes de generación de electricidad (en su gran mayoría utilizando tecnologías amigables al medio ambiente y con una alta consciencia ecológica), sino que además se ha apostado a reemplazar el flujo eléctrico con otro proveniente del uso de viejas plantas que queman principalmente carbón y combustóleo. El resultado es simplemente desastroso, mayores costos, menor confiabilidad y un impacto ambiental brutal. Difícil pensar en lograr un peor resultado que lo que han hecho en tan solo 4 años. Evidentemente el caso de la irrupción en la seguridad jurídica de inversiones es algo que no se puede perder de vista y que es ya materia de reclamos formales en el contexto de medios de resolución de controversias conforme al T-MEC. Sombrío panorama para México en el momento en que dichos paneles lleguen a las conclusiones técnicas de como se violentaron las reglas esenciales del T-MEC y las consecuencias adversas en represalias legalmente adoptables contra nuestro país.
La situación que enfrentamos en este momento es simplemente de emergencia. Por un lado tenemos una demanda incremental de empresas que pretenden mudarse a nuestro país, y cuyo común denominador es que exigen confiabilidad y limpieza en el flujo eléctrico que requieren para operar las plantas que pretenden operar en México. El hecho es que, si en el territorio nacional no se puede contar con el suministro suficiente, confiable, oportuno, económico y sustentable, entonces dejamos de ser una opción viable para estos efectos.
Lo que lo anterior significa es que la oportunidad histórica que el onshoring presupone no es una veta interminable o permanente. Tiene un periodo de vigencia y se va a agotar en un plazo relativamente breve. Esto se traduce en que habrá muchas compañías que tendrán que determinar el mejor lugar para reubicar sus instalaciones ante la necesidad imperante de salir de China. Estamos ya metidos de lleno en ese proceso, y aunque hay una presencia importante de empresas que han saturado los parques industriales cercanos a la frontera norte de México, esto se está agotando precisamente porque ya no hay electricidad disponible y la CFE se niega a comprometer más volumen y es además absolutamente incapaz de hacerlo con energía que tenga calidades sustentables y amigables al ambiente.
Es por ello que tenemos una verdadera calamidad en las manos. Si el gobierno federal actual no recapacita en su absurda decisión de inhabilitar producción privada y ecológica de electricidad, esto se traducirá en que haya cientos o miles de proyectos que, aunque les encantaría ubicarse en México ante los evidentes beneficios logísticos y operativos, procurarán otros lugares como son Vietnam, Indonesia, Centroamérica, Caribe o Sudamérica. De hecho, ya sabemos que hay varios proyectos que se han escapado porque no podían demorar la toma de decisiones. El problema es real y vigente. Cada minuto que pasa se desvanecen las inversiones.
Hacemos un llamado al sentido común y conminamos a quienes tienen a su cargo la conducción de la política energética en el país a repensar las decisiones que tomaron al inicio del sexenio y que claramente no han generado los resultados que avalen un buen destino. De hecho, lo contrario es lo cierto. Por ello aún estamos a tiempo en dar marcha atrás a lo que no ha servido, a permitir que los particulares retomen las subastas de electricidad, que CFE se beneficie de mayores flujos y menores costos, que se detenga el daño ambiental insensato, y que al país no le pase de noche la lluvia de inversiones que hoy aún existen y que pronto se desvanecerán. El tiempo apremia y la energía es crítica.
