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Pemex defiende carácter privado sobre envíos de crudo a Cuba

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La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a entregar los comprobantes de pago por los envíos de crudo y derivados a Cuba, realizados desde julio de 2023 a través de su filial Gasolinas Bienestar, al argumentar que se trata de una sociedad mercantil de derecho privado y, por tanto, no está obligada a transparentar dicha información.

La respuesta fue emitida tras una solicitud vía transparencia realizada por el diario El Universal. Pemex sostuvo que Gasolinas Bienestar no constituye una entidad paraestatal ni está sujeta a las disposiciones del artículo 117 de la Ley de la Empresa Pública del Estado. La empresa fue creada para evitar operar mediante PMI, su subsidiaria que comercia con Estados Unidos, y así no contravenir el embargo vigente sobre la isla.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que el argumento de Pemex contradice el artículo 6 constitucional. “No es por su carácter de empresa paraestatal o privada que se deba entregar la información, sino porque la razón social recibe o ejerce recursos públicos”, señaló. También advirtió que los acuerdos internacionales pueden tener implicaciones en la seguridad energética del país.

De acuerdo con reportes enviados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), los envíos a Cuba alcanzaron entre 19 mil y 23 mil barriles diarios, con un valor total de 1,300 millones de dólares, equivalentes al 3.3% de las exportaciones totales de la empresa. En contraste, las ventas a Estados Unidos han caído 40% en dos años.

Analistas como Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, señalaron que el uso de filiales privadas ha permitido a Pemex operar sin rendición de cuentas. “Es una más de las empresas creadas bajo el derecho privado que opacan información pública”, dijo, al recordar casos como PTI Infraestructura para la refinería de Dos Bocas y Gas del Bienestar, que tampoco han reportado resultados financieros positivos.

CNE autoriza 221 nuevas gasolineras; Veracruz, Puebla y Durango concentran permisos

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La Comisión Nacional de Energía (CNE) autorizó 221 permisos para instalar nuevas estaciones de servicio en menos de dos meses, como parte de su estrategia para agilizar trámites en el sector energético. Esta cifra incluye 97 autorizaciones otorgadas a inicios de septiembre y 51 más en agosto, lo que marca una aceleración en la expansión de infraestructura.

Veracruz encabeza la lista con 15 nuevas gasolineras, seguido por Puebla con 10, Durango con 8 y Nuevo León con 6. También se registraron permisos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y otras entidades, con énfasis en zonas de menor cobertura.

Entre las empresas beneficiadas figuran Gas del Atlántico, Petro Fuels Zacatal, Combustibles Raga, Orvi Combustibles, Energéticos Chihuahuita, Grupo Gasolinero Mayall, Administradora del Mercado de Abastos Estrella, Inmobiliaria Samich, Corporativo Carpen Energy, Estación de Servicio Tres G, Gas-Mat y Sonigas.

La distribución de permisos apunta a mejorar el acceso en regiones con menor infraestructura, aunque en zonas como el Bajío y el norte del país, donde ya operan miles de estaciones, podría generar presión sobre precios y oferta local.

De mantenerse el ritmo actual, el sector podría sumar 300 nuevas estaciones hacia el cierre de 2025, en línea con los objetivos del regulador para fortalecer la cobertura nacional y facilitar el desarrollo de infraestructura energética.

Chevron concreta participación en bloques petroleros de Perú

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La empresa Chevron Peru Exploration Limited, subsidiaria de propiedad total de Chevron, formalizó su ingreso al sector de exploración petrolera en el norte del mar peruano, tras adquirir una participación no operativa del 35% en los bloques Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la Cuenca de Trujillo. El acuerdo se concretó con Anadarko Perú Limited y recibió todas las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La operación se enmarca en una estrategia de expansión regional. “Con este acuerdo, continuamos ampliando nuestro portafolio de exploración con oportunidades de alta calidad”, declaró Liz Schwarze, vicepresidenta de Exploración de Chevron. Por su parte, Anadarko mantendrá el rol de operador en los tres bloques, conservando también una participación del 35%.

La tercera parte del consorcio está conformada por Westlawn Perú S.A.C., afiliada de Westlawn Americas Offshore LLC, que adquirió el 30% restante. Las tres compañías colaborarán en el desarrollo de esta zona considerada de alto potencial energético.

“Estamos entusiasmados de ingresar a la promisoria Cuenca de Trujillo en Perú y de trabajar junto a nuestros socios comerciales y autoridades de gobierno”, señaló Patricia Pradal, presidenta de Chevron para Exploración en Sudamérica.

Chevron ha mantenido presencia en exploración y producción en América Latina por más de un siglo, y continúa evaluando oportunidades en la región, en línea con sus objetivos de crecimiento en áreas estratégicas.

Sheinbaum confirma más detenciones por huachicol fiscal

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se esperan más detenciones relacionadas con el caso de huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre contrabando de combustibles y falsificación de documentos aduanales. El caso involucra operaciones en el municipio de Tampico, Tamaulipas.

Sheinbaum defendió el control de las aduanas por parte de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, al señalar que la recaudación aumentó tras asumir esa responsabilidad. “En este año ha aumentado la recaudación en casi 200 mil millones de pesos adicionales en Aduanas”, declaró.

La mandataria aseguró que cualquier funcionario civil o militar vinculado a actos de corrupción será investigado. “Si hay un elemento civil o militar o naval que esté involucrado en un acto de corrupción, se procede”, afirmó.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Roberto Farías Lagunas y Francisco Javier Antonio Martínez, empresarios señalados como parte de una red que sustrajo miles de millones de pesos. El operativo incluyó el decomiso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos y acciones en Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.


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YPF deberá entregar información clave en litigio contra EU

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La jueza federal Loretta Preska ordenó a YPF presentar en un plazo de 15 días la documentación solicitada en el proceso de discovery, como parte de la investigación que busca determinar si la petrolera argentina puede ser considerada alter ego del Estado argentino. Esta definición es central para establecer si los activos de la empresa podrían ser utilizados como parte del pago de la sentencia por 16,000 millones de dólares que pesa sobre el país.

Aunque Preska absolvió previamente a YPF de responsabilidad directa en el fallo, el litigio continúa en torno a la posibilidad de que sus bienes sean embargados por los beneficiarios de la sentencia. La jueza busca esclarecer los vínculos institucionales y operativos entre la empresa y el Estado, lo que podría modificar el alcance de la ejecución judicial.

“El desafío de YPF es demostrar su independencia del Estado argentino”, explicó el especialista Sebastián Maril en declaraciones a Noticias Argentinas. Si se determina que la compañía actúa como extensión del gobierno, sus activos podrían quedar expuestos a medidas de cobro por parte de los demandantes.

El caso, impulsado por el fondo Burford Capital, ha escalado en complejidad tras las apelaciones cruzadas presentadas por las partes. Por un lado, el Estado argentino busca revertir la sentencia condenatoria, mientras que Burford impugna la exoneración de YPF. Ambas posiciones serán expuestas ante la Cámara de Apelaciones el próximo 29 de octubre.

Este litigio internacional pone en juego no solo el patrimonio estatal, sino también la autonomía jurídica de una de las principales empresas energéticas de Argentina, en un contexto de alta sensibilidad financiera y política. La resolución sobre el carácter de YPF podría sentar un precedente en materia de responsabilidad corporativa y soberanía económica.

Bruselas propone veto al GNL ruso y refuerza sanciones energéticas

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La Comisión Europea propuso este viernes prohibir la importación de gas natural licuado (GNL) de Rusia a partir de enero de 2027, como parte de un nuevo paquete de sanciones económicas. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmó que “la economía de guerra de Rusia se sustenta en los ingresos procedentes de los combustibles fósiles… es hora de cerrar el grifo”.

La medida se suma al endurecimiento de restricciones contra el petróleo ruso, incluyendo el veto a 118 buques adicionales que forman parte de la llamada “flota fantasma”, utilizada para evadir sanciones. Con esta ampliación, la lista negra ascendería a 560 embarcaciones. También se propone una prohibición total de transacciones con las compañías Rosneft y Gazprom Neft, así como la congelación de activos de otras empresas energéticas.

El paquete contempla nuevas acciones contra refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países que han facilitado operaciones con crudo ruso, incluidas compañías de China. Von der Leyen aseguró que los ingresos petroleros de Rusia en Europa han disminuido en un 90% en tres años, y que las sanciones seguirán hasta alcanzar una “paz justa y duradera”.

Además, se incluirán restricciones al acceso ruso a tecnologías estratégicas, como inteligencia artificial, datos geoespaciales y recursos críticos utilizados en la producción de armamento. También se ampliarán las sanciones a plataformas de criptomonedas, bancos rusos y entidades de terceros países que han facilitado transacciones para eludir medidas restrictivas.

La Unión Europea busca alinear sus sanciones con los socios del G7 y reforzar el apoyo a Ucrania mediante un esquema de financiamiento basado en activos rusos inmovilizados, sin tocar directamente los fondos. Von der Leyen adelantó que esta propuesta será presentada próximamente como parte de los esfuerzos para sostener la defensa ucraniana.

Gasolinas y diésel cumplen 24 semanas sin estímulo fiscal

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, por vigésima cuarta semana consecutiva, no aplicará estímulo fiscal a la gasolina Magna ni al diésel, de acuerdo con el decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida estará vigente del 20 al 26 de septiembre de 2025, y se suma a una tendencia sostenida desde abril.

Los consumidores deberán pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) completo por cada litro de combustible. En el caso de la gasolina menor a 91 octanos (Magna), el impuesto será de 6.45 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá una carga fiscal de 7.09 pesos por litro, equivalente al 100% del IEPS. Por su parte, la gasolina Premium, que no recibe estímulo desde octubre de 2023, mantiene un impuesto de 5.45 pesos por litro.

La eliminación del estímulo fiscal para estos combustibles comenzó el 12 de abril de 2025 en el caso de Magna y diésel, y se ha mantenido sin modificaciones desde entonces. Hacienda no ha emitido comentarios sobre una posible reactivación del apoyo, en un contexto marcado por presiones presupuestarias y ajustes en el gasto público.

La decisión impacta directamente en el precio final de los combustibles, en un momento en que el mercado enfrenta desafíos por la volatilidad internacional y la demanda interna. El IEPS, diseñado como un instrumento fiscal para regular el consumo y generar ingresos, ha sido objeto de debate por su efecto en el bolsillo de los consumidores.

Asume Beatriz Robles presidencia de Comisión de Energía del Senado

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El Senado de la República formalizó la designación de la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez como nueva presidenta de la Comisión de Energía, en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien dejó el cargo el 1 de septiembre para encabezar la Mesa Directiva del Senado.

La decisión fue avalada por el Pleno como parte de los ajustes aprobados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en las presidencias de comisiones legislativas. Robles Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario de Morena y senadora por Querétaro, cuenta con experiencia legislativa como diputada federal entre 2018 y 2021, y ahora asume un rol estratégico en un momento clave para la política energética nacional.

Su nombramiento coincide con el inicio del análisis del Paquete Económico 2026, que contempla un incremento de 7.7% en el presupuesto de Pemex, así como ajustes en el gasto destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Comisión de Energía del Senado tiene entre sus atribuciones la discusión y dictaminación de iniciativas relacionadas con hidrocarburos, electricidad y transición energética, sectores que han sido priorizados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, Robles Gutiérrez se comprometió a impulsar una agenda que atienda los desafíos en exploración y producción, fortalezca la seguridad energética y responda a las necesidades del mercado de gasolinas y electricidad.

5 accidentes urbanos con hidrocarburos en México

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México ha enfrentado algunos de los accidentes urbanos más graves vinculados al manejo de hidrocarburos, con impactos devastadores en zonas habitacionales. San Juanico (1984), Guadalajara (1992), Tlahuelilpan (2019) e Iztapalapa (2025) son referentes de esta problemática.

La explosión en San Juanico dejó más de 500 muertos y 7,000 heridos tras una fuga de gas LP en instalaciones de Pemex. En Guadalajara, vapores de gasolina en el drenaje provocaron una serie de explosiones que causaron 212 muertes y destruyeron 8 km de calles.

En Tlahuelilpan, una toma clandestina encendida provocó la muerte de 137 personas. Más recientemente, en Iztapalapa, la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia ha dejado 20 muertos* y más de 90 heridos, reactivando el debate sobre seguridad energética en zonas urbanas.

Estos eventos han evidenciado la vulnerabilidad de las ciudades ante el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Expertos advierten que se requieren protocolos más estrictos, trazabilidad y coordinación interinstitucional para evitar nuevas tragedias.

Panamá inicia proceso de concesión para gasoducto interoceánico

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dio inicio al proceso de selección de concesionario para construir un gasoducto de 77 kilómetros que conectará el Caribe panameño con el Pacífico, con el objetivo de facilitar el transporte de propano, butano y etano desde Estados Unidos hacia mercados asiáticos como China, Japón y Corea del Sur.

El proyecto, cuya construcción está prevista para 2027, busca responder al crecimiento sostenido en la demanda de gas de petróleo, que según estimaciones de la ACP “se va a doblar en los próximos 10 años”. El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, advirtió que si Panamá no desarrolla esta infraestructura, podría surgir “una ruta diferente” para el transporte de estos combustibles.

Durante un evento realizado en la ciudad de Panamá, más de 45 representantes de empresas energéticas participaron en el primer acercamiento al mercado. Entre las 23 compañías interesadas figuran Shell y ExxonMobil, lo que refleja el alcance internacional del proyecto. La ACP prevé seleccionar al concesionario en el cuarto trimestre de 2026.

El gasoducto permitiría movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios, en un esquema logístico que contempla la llegada del combustible en buques al Caribe, su traslado terrestre por el ducto, y su reembarque en el Pacífico rumbo a Asia. El costo estimado oscila entre 2,000 y 8,000 millones de dólares, dependiendo de si se transportan los tres gases o solo alguno de ellos.

Actualmente, el Canal de Panamá moviliza cerca del 5% del comercio marítimo mundial, y más del 90% del propano, butano y etano enviados desde Estados Unidos a Asia transitaba por esta vía hasta 2023. Sin embargo, ese porcentaje ha disminuido, lo que ha motivado a la ACP a buscar alternativas que mantengan la competitividad logística del canal frente a otras rutas emergentes.