El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el nuevo marco constitucional y legal en México otorga un trato más favorable a Pemex y CFE, lo que pone en desventaja a empresas estadounidenses. La observación se incluye en el informe “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”, publicado esta semana.

La reforma constitucional, firmada en octubre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum, redefine a las empresas estatales como “empresas públicas” y fue acompañada por un paquete de diez leyes que restructuran el sector energético mexicano. Según el informe, estas medidas restringen la participación privada, incluyendo la de compañías de Estados Unidos.

Uno de los cambios más relevantes es el derecho de preferencia para Pemex en la exploración y extracción de nuevos bloques de petróleo y gas. Aunque se permite la asociación con empresas privadas, Pemex debe mantener al menos 40% de propiedad en cualquier nuevo desarrollo. Además, se establece que 54% de la electricidad despachada debe provenir de activos de la CFE.

El informe también menciona que la Secretaría de Energía (Sener) publicará cada año un plan energético vinculante para garantizar el dominio de la CFE en el mercado eléctrico. No se precisa si estas medidas podrían violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está prevista para julio de 2026.

La administración mexicana ha justificado los cambios como una forma de revertir la liberalización energética de 2013. Además de priorizar la producción de hidrocarburos, el gobierno ha planteado nuevas líneas de trabajo como la producción de energía limpia en plataformas petroleras y el aprovechamiento de pozos abandonados para la extracción de litio.