Por: Carlos Vallejo Galván Socio fundador de la firma QUA ENERGY CONSULTING . Abogado con más de 20 años en el sector energético, especialidad en Derecho energético por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y diplomado en “Compliance” por la Universidad Panamericana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el mismo rubro. Actualmente es director Jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético ARSE.
Qué son los impuestos al carbono
Adoptado por primera vez en Escandinavia a comienzos de 1990, es un instrumento financiero que sirve para asignar un precio o valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gravando los bienes o actividades debido a las emisiones que producen. Es un impuesto que asigna explícitamente un precio a las emisiones de GEI.
En México, el gobierno establece un precio al carbono de forma explícita, el costo está directamente vinculado a la cantidad de emisiones generadas. Proporciona certidumbre respecto al costo marginal de emitir CO y crea incentivos para transitar a formas de producción menos intensivas en GEI.[1]
Por qué surgen
Surge como una política para mitigar el cambio climático ya que el Dióxido de Carbono (CO2) es el principal causante del cambio climático, de ahí que sugiera la necesidad de responsabilizarnos de los costos sociales que provocan las emisiones de este tipo de gases cambiar patrones de conducta reducir las externalidades.
Particularmente en México, surge en 2013 y vigente desde 2014, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público introdujo un impuesto especial (IEPS) sobre el carbono como un impuesto verde destinado a reducir la emisión de gases asociada a los combustibles fósiles, principalmente gasolina y diésel.
Por otra parte, surge como un reconocimiento expreso a los impactos del cambio climático -Acuerdo de París- y realiza acciones para disminuir la vulnerabilidad de sociedades y ecosistemas ante este fenómeno, así como acciones para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas en su territorio.[2]
Este impuesto también busca alcanzar una mayor eficiencia económica e implementar objetivos de política además de generar ingresos. La versatilidad de los impuestos al carbono también implica que es importante que los creadores de política que estén considerando su adopción tengan un panorama claro de las opciones disponibles y cómo esas opciones se adaptan al contexto y los objetivos de política de la jurisdicción. [3]
Los impuestos a la gasolina tienen un impacto significativo en toda la población: un efecto directo sobre los hogares de ingresos medios y altos a través del transporte privado, pero aún más importante, de manera indirecta sobre los hogares de ingresos bajos, a través del transporte público y de los costes asociados al transporte de todos los bienes y servicios, incluidos por supuesto los alimentos. [4]
Marco regulatorio a nivel federal en México[5]
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), impuesto aplicable sobre la producción, importación y enajenación de combustibles fósiles destinados a procesos de combustión, con la excepción del gas natural y otros combustibles fósiles no destinados a procesos de combustión tales como las parafinas, materia prima para negro de humo y asfaltos. Para la producción de combustibles fósiles, México estableció la cuota de USD 0.80 por litro de combustóleo y USD 1.88 por tonelada de carbón mineral y USD 1.41 por tonelada de coque de petróleo.
El IEPS se utiliza para compensar el subsidio que el gobierno federal ha aportado a favor de los consumidores cuando los precios de la costa norteamericana del Golfo son más altos y, cuando estos caen se obtiene una recaudación positiva debido a que en México los precios son inelásticos y, en el mercado Internacional los precios de petróleo y gasolinas son elásticos, sin embargo, permanece incierto el destino de los fondos recaudados cuando la recaudación es positiva.[6]
El IEPS establece una tasa impositiva a los combustibles fósiles con base en la cantidad de CO2 que contienen. La cuota del impuesto varía según el tipo de combustible cubierto, esto debido a que algunos combustibles tienen un mayor contenido de carbono que otros. En 2023, para la producción de combustibles fósiles, México estableció la cuota de 23.58 pesos/tonelada de coque de petróleo, 41.63 pesos/tonelada de carbón mineral y 55.28 pesos/tonelada de coque de carbón.[7]
Qué ocurre a nivel estatal
Después de una serie de amparos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una serie de impuestos ambientales fueron validados para el estado de Zacatecas en el 2019. La sentencia publicada por la SCJN fue particularmente importante, ya que valida la capacidad de los estados, y no solo del gobierno federal para el desarrollo de impuestos no sólo sobre los recursos naturales, sino también relacionados con el medio ambiente que comprenden a remediación ambiental, emisión de gases a la atmósfera, contaminación del suelo, subsuelo y agua, y disposición final de residuos sólidos en vertederos públicos y privados.
La referida sentencia de la SCJN sentó las bases para que los estados, a través de sus legislaturas locales pudieran emitir las leyes sobre impuestos ambientales, a través de leyes fiscales.
Con base en información expuesta en el evento denominado “México Carbon Forum 2024”, celebrado en la Ciudad de León, Guanajuato el paso mes de agosto, los estados de nuestro País que cuentan con instrumentos normativos vigentes sobre impuestos al carbono, siendo los estados de Zacatecas, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Durango, quienes demostraron el progreso obtenido en materia de mitigación de los efectos en la emisión de GEI, siendo el estado de Querétaro el segundo lugar con el precio más alto al carbono en toda América Latina, con un valor de valor de 640.5 por tonelada. Por otra parte, Colima y Jalisco cuentan con sus respectivas propuestas a ser aprobadas por sus Congresos Estatales.
Aunque la medida pretende incentivar a las industrias al disminuir su huella de carbono de acuerdo a estudios recientes su efectividad es limitada debido a su bajo costo por tonelada de dióxido de carbono equivalente, ya que el promedio nacional ronda alrededor de 71.32 pesos por tonelada -salvo el caso de Querétaro- el cual es muy bajo en comparación a los datos que arrojan el Banco Mundial y la OCDE quienes determinan que es un valor muy bajo de lo que realmente se necesita para desincentivar las emisiones a la atmósfera de GEI.
[1] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/505777/Ficha_informativa_SCE__1_.pdf
[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/505777/Ficha_informativa_SCE__1_.pdf
[3]Guía del impuesto al carbono “Un Manual para Creadores de Política” World Bank Group Partnership for Market Readiness https://documents1.worldbank.org/curated/ar/953371535608358671/pdf/129668-V1-WP-SPANISH-PUBLIC.pdf
[4] El impacto distributivo de los impuestos verdes en México https://www.afd.fr/es/carte-des-projets/el-impacto-distributivo-de-los-impuestos-verdes-en-mexico
[5] MÉXICO Plataforma Mexicana de Carbono Impuestos al Carbono en estados mexicanos Jessica Garcia, Eduardo Piquero, David Colín y Fernando Aguilera
https://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/carbonomx.pdf
[6] Impuestos ambientales al Carbono en México y su progresividad: una revisión analítica Luis Huesca Reynoso y Alejandra López Montes http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econinfo/398/02huesca.pdf
[7] Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias UK PACT México2 Plataforma Mexicana de Carbono https://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Reporte%20impuesto%202023%20final.pdf
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