jueves, abril 2, 2026
17.8 C
Mexico City
Inicio Blog Página 108

Google invierte en energía hidroeléctrica en EU

0

Google concretó el mayor acuerdo corporativo de energía hidroeléctrica del mundo, al asegurar hasta 3 gigavatios de capacidad en Estados Unidos a través de una alianza con Brookfield Asset Management. El pacto contempla contratos iniciales de compra a 20 años por un total de 3,000 millones de dólares, vinculados a dos instalaciones en el estado de Pensilvania. Este esfuerzo marca un nuevo precedente en la búsqueda de soluciones energéticas limpias a gran escala por parte del sector tecnológico.

La decisión se enmarca en los crecientes requerimientos de energía asociados al despliegue de centros de datos para inteligencia artificial y servicios en la nube. Según medios especializados, Google prevé una inversión adicional de 25,000 millones de dólares en infraestructura tecnológica en Pensilvania y estados cercanos, como parte de su estrategia regional para ampliar su capacidad operativa en los próximos dos años. “El compromiso energético está alineado con nuestras metas de sostenibilidad y expansión digital”, indicó una fuente vinculada al proyecto.

Además de este acuerdo hidroeléctrico, Google ha consolidado otras iniciativas sin precedentes, incluyendo contratos por energía geotérmica libre de carbono y proyectos de energía nuclear avanzada. En paralelo, mantiene una colaboración técnica con PJM Interconnection, el operador de red más grande del país, para aplicar inteligencia artificial en procesos de conexión de nuevos suministros al sistema eléctrico nacional.

Los detalles del convenio serán presentados por Ruth Porat, presidenta de Alphabet, durante una cumbre sobre inteligencia artificial en Pittsburgh. En dicho encuentro, que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, se prevé el anuncio de inversiones combinadas en IA y energía por un total de 70,000 millones de dólares, subrayando la interdependencia entre capacidad tecnológica y soluciones energéticas sostenibles.

CNE propone nuevo trámite para autoconsumo eléctrico

0

La Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un nuevo esquema regulatorio orientado a establecer los requisitos para obtener el permiso de generación eléctrica en modalidad de autoconsumo interconectado, específicamente para centrales con capacidades entre 0.7 y 20 megawatts (MW).

La iniciativa forma parte de la agenda de modernización institucional impulsada por el gobierno federal en materia energética y busca dotar de mayor certeza jurídica y técnica a quienes desarrollan este tipo de proyectos. Según el anteproyecto publicado en la plataforma oficial, el trámite contempla un formato único de solicitud que deberá incluir tanto datos generales como técnicos del proyecto, entre ellos la tecnología a emplear, el tipo de combustible primario (en su caso), la ubicación georreferenciada de la central, su capacidad instalada, y estimaciones de generación anual.

También se requiere presentar un plan de financiamiento, un plan de negocios (cuando el proyecto aún no esté en operación), los estados financieros de los dos últimos años, y evidencia de experiencia técnica en proyectos similares. Para proyectos con generación intermitente, como solar o eólica, se deberá especificar el tipo de respaldo técnico con el que contará la central. Entre los requisitos adicionales destacan el diagrama unifilar del punto de interconexión, el programa simplificado de obras, el estudio de impacto del CENACE, y la manifestación de impacto social aprobada por la autoridad competente.

El acuerdo está diseñado para facilitar el desarrollo de proyectos que abastezcan directamente las necesidades del usuario final, sin recurrir al suministro básico o calificado. En este sentido, busca aligerar la presión sobre la red eléctrica nacional y fomentar esquemas con mayor eficiencia operativa y autonomía energética.

La CNE deberá inscribir el trámite en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, además de publicar el formato oficial tanto en su portal como en el Diario Oficial de la Federación. El acuerdo se activará una vez que entren en vigor los reglamentos correspondientes a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Planeación y Transición Energética, cuya publicación se prevé para septiembre de 2025.

EU evalúa salida de la AIE tras previsiones

0

Estados Unidos podría modificar su vínculo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tras cuestionamientos surgidos desde sectores republicanos, que critican la metodología del organismo con sede en París. El secretario de Energía, Chris Wright, indicó que se consideran dos vías: reformar la operación de la agencia o retirar al país de la misma, en respuesta a lo que calificó como previsiones poco realistas sobre la evolución del sistema energético.

La controversia se origina en la incorporación de escenarios que proyectan una estabilización de la demanda mundial de petróleo hacia finales de la década, fundamentados en políticas gubernamentales favorables a los vehículos eléctricos y la transición energética. Según Wright, dichas proyecciones no reflejan el comportamiento real del mercado, postura que coincide con el énfasis de la administración Trump en mantener el uso de combustibles fósiles como eje de seguridad energética.

El organismo internacional ha defendido sus modelos, señalando que se construyen sobre supuestos técnicos diversos que evalúan posibles trayectorias de evolución energética. Sin embargo, voces como la del senador republicano John Barrasso han acusado a la AIE de actuar como promotora de la transición energética, desdibujando su papel como ente técnico y neutral frente a los desafíos energéticos y climáticos.

El debate podría tener implicaciones para el liderazgo geopolítico de Estados Unidos en temas energéticos globales, dado su papel histórico como principal contribuyente financiero y técnico dentro de la AIE. Por ahora, Washington mantiene abierto el diálogo con el organismo, mientras explora escenarios de reforma institucional que, de no prosperar, podrían desembocar en una eventual salida del país.

Pemex solicita autorización para listar bonos SIC en BMV

0

Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizó una solicitud ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para listar bonos en circulación por 3,777 millones de dólares, originalmente emitidos en la Bolsa de Luxemburgo. Los títulos, con vencimiento en 2031 y una tasa anual de 5.95%, buscan ser inscritos en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), plataforma que permite a inversionistas locales adquirir instrumentos extranjeros sin salir del mercado nacional.

La deuda corresponde a una emisión realizada en 2020 bajo el esquema de pagarés a mediano plazo, con aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En su notificación, Pemex indicó que los recursos se utilizarían para recomprar y refinanciar pasivos existentes, en el marco de una estrategia de manejo de deuda que contempla obligaciones por más de 2.45 billones de pesos, de los cuales cerca de 405 mil millones corresponden a compromisos con proveedores.

Especialistas han señalado que esta decisión puede estar relacionada con el contexto financiero de la petrolera estatal, que no cuenta con grado de inversión en dos de las tres principales agencias calificadoras. Pemex tiene calificaciones de B3 con Moody’s y B+ con Fitch Ratings, mientras que solo S&P Global le asigna BBB, considerada dentro del rango de grado de inversión.

De ser aprobada, los bonos identificados con la clave de pizarra PEM0131 se integrarían al sistema electrónico de negociación de la BMV a partir del 17 de julio de 2025, abriendo nuevas rutas de visibilidad para Pemex en el mercado mexicano y posibles condiciones de financiamiento más competitivas.

Corte de EU suspende temporalmente orden de cesión de YPF

0

El proceso judicial que enfrenta Argentina por la expropiación de acciones de la petrolera estatal YPF tuvo un nuevo giro este martes, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Estados Unidos decidiera suspender de forma temporal la orden de cesión del 51% de la compañía como parte de una sentencia que asciende a 16,100 millones de dólares.

La medida permite que los fondos demandantes —Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management— presenten objeciones antes del 17 de julio a la solicitud argentina de prorrogar la suspensión mientras el país mantiene activa su apelación. A su vez, el Gobierno tendrá plazo hasta el 22 de julio para responder, según lo informado por el tribunal en Manhattan. El caso será evaluado por el “próximo panel disponible” de tres jueces, aunque la fecha de resolución no ha sido definida.

La disputa se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió la participación de la empresa española Repsol en YPF sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen y Eton Park. Estos inversionistas están representados por la firma de financiación de litigios Burford Capital, que espera recibir el 35% y el 73% de las compensaciones correspondientes a Petersen y Eton Park, respectivamente.

El Gobierno de Argentina ha expresado que la cesión de su participación mayoritaria en YPF —considerada la principal empresa energética del país— podría tener efectos desestabilizadores sobre su economía, debido al valor estratégico de esos activos.

A raíz de estas preocupaciones, la jueza federal Loretta Preska aceptó previamente posponer la ejecución original para dar tiempo a que la administración de Javier Milei solicitara amparo en instancias superiores. Esta suspensión, ahora validada por el Tribunal de Apelaciones, ofrece una ventana legal que mantiene en pausa la entrega de acciones, mientras se profundiza la pugna jurídica entre el Estado argentino y los fondos litigantes.

Empresas de EU urgen a Sheinbaum solución a adeudos de Pemex

0

Una asociación empresarial del sector energético alertó al gobierno federal sobre el posible retiro de operaciones en México si Petróleos Mexicanos (Pemex) no regulariza adeudos acumulados por servicios prestados. La advertencia fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante una carta que expone los riesgos operativos derivados de la falta de pagos.

El organismo, el Energy Workforce & Technology Council (EWTC), representa a más de 250 compañías que brindan servicios petroleros y tecnológicos en América del Norte. En el documento, el Consejo reporta 1,854 millones de dólares en adeudos correspondientes a labores realizadas entre 2024 y 2025, además de prever un incremento significativo de compromisos financieros para 2026, que podría superar los 2,500 millones de dólares.

Según el EWTC, los retrasos están relacionados con obstáculos administrativos en el sistema de codificación interna de Pemex, lo que impide emitir facturas y validar pagos a los proveedores. La organización sostuvo que estas inconsistencias comprometen la viabilidad operativa, el empleo en comunidades locales y la continuidad de inversiones en el país.

“Las demoras en los pagos impactan directamente la cadena energética nacional. Las compañías que representamos desean seguir trabajando en México, pero necesitan condiciones claras y confiables para hacerlo”, puntualizó el presidente del Consejo, Tim Tarpley, en su petición.

El grupo empresarial pidió al Ejecutivo federal tomar tres medidas urgentes: reconocer oficialmente los adeudos pendientes, garantizar acceso a la plataforma digital de pagos, y establecer un calendario transparente de pagos futuros. Asimismo, solicitó involucrar a la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, en la gestión de soluciones.

El llamado ocurre en medio de un contexto sensible para el sector energético mexicano, donde la predictibilidad financiera, la rendición de cuentas y la capacidad para mantener colaboraciones internacionales son factores clave para preservar la confianza institucional.

El reciclaje de paneles fotovoltaicos en México: un imperativo para la sostenibilidad energética

0

Por Leopoldo Prendes Herrera, académico de la Facultad de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Universidad Anáhuac México

La Ley de Transición Energética promulgada en México en 2015 sentó las bases para fomentar el uso de energías limpias, con especial énfasis en la generación fotovoltaica. Este marco legal ha impulsado un crecimiento sostenido de la capacidad instalada en sistemas solares, posicionando al país como uno de los líderes regionales en adopción de energía solar. Sin embargo, este avance implica una responsabilidad significativa, establecer mecanismos efectivos para el reciclaje de paneles y componentes fotovoltaicos al final de su vida útil.

La responsabilidad social de las empresas del sector energético va más allá de la generación de energía limpia. Incluye también la implementación de estrategias de economía circular, en las cuales el reciclaje y la correcta disposición de residuos tecnológicos se vuelven esenciales. Esta responsabilidad debe abarcar a todos los actores de la cadena de valor, léase, fabricantes, distribuidores, integradores, instaladores y usuarios finales.

En la actualidad, México cuenta con más de 2.3 millones de metros cuadrados de paneles solares instalados, lo que equivale a aproximadamente 2 GW de capacidad (Asolmex, 2023). Considerando que la vida útil promedio de un panel fotovoltaico es de 25 años, se espera que en la próxima década comience un proceso masivo de reemplazo, este proceso podría generar miles de toneladas de residuos, principalmente vidrio, aluminio, silicio y pequeñas cantidades de metales pesados como el cadmio y el plomo. Según estimaciones de IRENA (2016), México podría generar hasta 630,000 toneladas de residuos de paneles al año para 2050, sin considerar pérdidas tempranas que podrían aumentar esa cifra hasta 1.5 millones de toneladas.

Factores como el deterioro prematuro, desastres naturales (el huracán Otis dejó inservibles un número considerable de paneles) y la obsolescencia tecnológica han acelerado la necesidad de soluciones estructuradas de reciclaje (Rafiqui, 2024). A pesar de que el reciclaje puede recuperar materiales por un valor estimado de hasta USD 15 mil millones a nivel global para 2050, en México la tasa de reciclaje actual es prácticamente nula.

En paralelo, la generación distribuida ha tenido un crecimiento significativo en México. Según datos de CFE Distribución, al primer semestre de 2024 existen 431,340 contratos de interconexión vigentes exclusivamente bajo este esquema, que representan una capacidad instalada de 3,643 MW. Esta cifra da cuenta del dinamismo de este segmento del mercado solar, que opera con centrales menores a 0.5 MW y que ha sido el motor principal de la expansión solar residencial y comercial en el país. Este crecimiento también plantea un futuro desafío en cuanto al volumen de equipos que necesitarán ser reciclados, destacando la urgencia de preparar estrategias integrales de gestión de residuos desde ahora (CFE Distribución, 2024).

Sin una estrategia de reciclaje, el impacto ambiental de estos residuos podría reducir drásticamente los beneficios ecológicos asociados al uso de energías limpias. El abandono de paneles en rellenos sanitarios representa un riesgo significativo de contaminación de suelos y aguas, además de una pérdida de materiales valiosos que podrían reintegrarse a la cadena productiva.

El reciclaje de paneles implica procesos especializados que permiten recuperar hasta el 90% de sus materiales. El vidrio templado se separa y se reutiliza, el marco de aluminio se funde y se reintegra a procesos industriales, y las celdas de silicio pueden ser tratadas químicamente para su reutilización o reciclado como materia prima para nuevas celdas, además, se recuperan cables y conexiones de cobre.

Organizaciones como Rafiqui A.C. han diseñado un proceso logístico que incluye el desmantelamiento, clasificación, triturado y reutilización de materiales. En el caso de paneles con menos de 10 años, la mayoría pueden ser reusados en comunidades vulnerables.

En México, el marco legal que regula la disposición de residuos peligrosos está regido por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), pero hasta ahora no existe una regulación específica para los paneles fotovoltaicos. No obstante, algunas empresas han comenzado a tomar la iniciativa, por ejemplo, “Reciclaje Solar México” y Rafiqui A.C. han iniciado programas piloto para la recolección y desensamblado de paneles. Rafiqui, en particular, busca posicionarse como la primera recicladora sin fines de lucro de paneles solares en el país, enfocándose en la promoción de la economía circular.

En el ámbito internacional, tanto Estados Unidos como Francia han desarrollado programas avanzados de reciclaje fotovoltaico. En Estados Unidos, empresas como First Solar han logrado reciclar más del 90% de los materiales de sus módulos, y se espera que para 2030 el país recicle más de 10 millones de paneles por año (Solar Energy Industries Association, 2022). Francia, por su parte, a través de la organización PV Cycle, ha implementado un sistema de recolección y tratamiento obligatorio para módulos al final de su vida útil, logrando tasas de recuperación superiores al 94% en peso. Estos ejemplos reflejan cómo una regulación proactiva y un ecosistema industrial comprometido pueden mitigar eficazmente el impacto ambiental del crecimiento solar.

Es en este punto donde la norma ISO 14001:2015 se vuelve relevante, esta norma internacional establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental efectivo, incluyendo tanto la evaluación del ciclo de vida de productos, el tratamiento de residuos, hasta su correcta disposición. La adopción de la ISO 14001:2015 por parte de las empresas de energía solar podría no solo mitigar el impacto ambiental, sino también posicionarlas como referentes de buenas prácticas en sostenibilidad.

Por lo tanto, es urgente que las autoridades mexicanas desarrollen un marco regulatorio específico para el reciclaje de sistemas fotovoltaicos, acompañado de incentivos para la industria; al tiempo de promover la investigación y desarrollo de tecnologías de reciclaje más eficientes, así como fomentar la educación ambiental entre usuarios e instaladores. También resulta vital la colaboración entre gobierno, academia, sociedad civil y sector privado para construir un modelo de gestión de residuos solares sostenible.

En conclusión, la transición energética no puede ser completa sin una estrategia clara para el fin de vida de los sistemas que la sustentan. El reciclaje de paneles fotovoltaicos en México debe considerarse una prioridad nacional para garantizar que los beneficios ambientales de la energía solar no se vean opacados por su huella residual.

Sheinbaum impulsa cooperación energética con Baker Hughes

0

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de la empresa estadounidense Baker Hughes, especializada en tecnología energética. En el encuentro también participó la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, junto con directivos de la compañía, que actualmente desarrollan proyectos de inversión en México y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió que existe confianza por parte de la industria privada en el país, tras la reunión con la compañía estadounidense. Por su parte, la secretaria de Energía añadió que el diálogo con actores clave de la industria forma parte de los esfuerzos institucionales para consolidar condiciones de inversión en sectores estratégicos como el energético.

Aunque no se detallaron acuerdos específicos, el encuentro se da en un contexto de fortalecimiento de la relación bilateral y de reconfiguración del sistema energético nacional, y tras la reciente reunión entre la Sener y el embajador estadounidense Ken Salazar, en el que ambos gobiernos reafirmaron su disposición para fortalecer los lazos en cooperación energética.

Baker Hughes mantiene operaciones en México en áreas como exploración, servicios tecnológicos para hidrocarburos y mantenimiento de infraestructura. Además, la compañía ha sido proveedor de servicios especializados para Petróleos Mexicanos (Pemex) y participa en proyectos tanto en tierra como en aguas profundas.

El acercamiento con Baker Hughes y las reuniones recientes con autoridades estadounidenses reflejan una postura institucional abierta al diálogo energético. México busca atraer inversión internacional bajo principios de cooperación técnica, eficiencia regulatoria y sostenibilidad, fortaleciendo además su posición en las cadenas de valor estratégicas del sector.

Autoridades educativas y energéticas impulsan nueva ruta de formación en México

0

Existe una creciente necesidad para la vinculación de la educación técnica y universitaria, con el objetivo de cumplir las demandas reales de la industria energética y de hidrocarburos en el país, coincidieron representantes del sector académico, productivo y gubernamental durante la primera reunión anual de Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales de los sectores estratégicos, llevada a cabo en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El evento, que reunió a autoridades educativas, representantes empresariales y funcionarios públicos, resaltó la exigencia de definir las competencias clave que deben adquirir los jóvenes y egresados ante los retos de transformación industrial en sectores estratégicos de México.

Durante su participación, la maestra Diana León, titular del sector energía en la Secretaría de Economía, destacó que sectores como el químico y petroquímico forman parte de una estrategia nacional para fortalecer el mercado interno y la competitividad del país. Señaló que, en el marco del Plan México, se contempla la modernización de infraestructura clave y el impulso a la inversión privada, lo que requiere una formación académica alineada con las necesidades productivas.

“La reconversión productiva no será posible sin una actualización profunda de los programas educativos, sin competencias digitales, ambientales y técnicas. Para lograrlo, necesitamos trabajar de la mano iniciativa privada, gobierno e instituciones educativas, pues creemos en la verdadera justicia energética”, puntualizó.

Contenido del artículo

Por su parte, la ingeniera Pamela Tadeo, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex y quien asistió en representación del presidente de la Confederación, Carlos Aurelio Hernández González, afirmó que la formación académica debe responder a los entornos industriales actuales, caracterizados por la digitalización, la regulación estricta y la necesidad de perfiles adaptables.

“Necesitamos que los jóvenes puedan adaptarse rápidamente a entornos cada vez más retadores”, subrayó, destacando la importancia de la formación dual como vía para acercar los perfiles estudiantiles a las exigencias del sector.

Finalmente, la doctora Elizabeth Mar Juárez, directora general del IMP, expresó el compromiso institucional con la transformación y el futuro de la educación técnica y universitaria vinculada a los sectores estratégicos, con una visión enfocada en el desarrollo económico equitativo y sustentable.

“Este encuentro representa la respuesta a un reto nacional, formar cada año al menos 150,000 profesionistas y técnicos altamente capacitados, en constante actualización y alineados con las necesidades del sector estratégico del país.” De igual forma, añadió que, si bien estos objetivos no son sencillos, los esfuerzos se encuentran coordinados entre los diversos participantes de este desarrollo profesional.

“El IMP está listo para aportar su experiencia en conocimiento y vocación para impulsar este espacio. Porque esta jornada no sólo se trata de actualizar planes de estudio o incorporar nuevas herramientas, sino de reducir la brecha, de combatir la desigualdad y de abrir oportunidades, donde antes había barreras”, concluyó.

El evento contó con la participación de la titular de la Alcaldía Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz; el titular del Servicio Nacional de Empleo, Claudio Frausto Lara; el coordinador general de vinculación estratégica de la ANUIES, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez y la directora general de política educativa, mejores prácticas y cooperación de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Graciela Báez Ricárdez.

Contenido del artículo