Tesla concretó un acuerdo por 4,300 millones de dólares con LG Energy Solution para el suministro de baterías de litio-ferrofosfato (LFP). Estas baterías no se usarán en vehículos eléctricos, sino en sistemas de almacenamiento de energía en Estados Unidos. La producción se realizará en las plantas de LG ubicadas en ese país, como parte de una estrategia para diversificar la cadena de suministro fuera de China.
El contrato comenzará en agosto de 2027 y tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de extenderse hasta siete. LG Energy informó que el volumen podría aumentar según las consultas con el cliente, aunque no confirmó públicamente que se trata de Tesla. “También trabajaremos para asegurar una cadena de suministro adicional de proveedores que no sean con sede en China, pero llevará tiempo”, señaló Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla.
Este es el segundo acuerdo de Tesla en Corea del Sur en julio. Días antes, la empresa cerró un pacto por 16,500 millones de dólares con Samsung Electronics para fabricar semiconductores de inteligencia artificial. Los chips AI6 serán producidos en una planta en Texas y estarán destinados a vehículos autónomos y sistemas de IA. Elon Musk confirmó el acuerdo en X, destacando su relevancia para los planes tecnológicos de la compañía.
La apuesta por baterías LFP responde a su menor costo y mejor desempeño en climas fríos. LG Energy inició su producción en Michigan en mayo y planea expandirla en su planta conjunta con General Motors en Tennessee. El acuerdo con Tesla podría fortalecer su presencia en el mercado de almacenamiento energético, un segmento en crecimiento frente a la desaceleración de la demanda de autos eléctricos.
Las acciones de LG Energy cayeron hasta un 2.4% tras conocerse el acuerdo, en medio de movimientos especulativos del mercado. La empresa se limitó a confirmar el contrato mediante una presentación regulatoria, citando un acuerdo de confidencialidad. Tesla, por su parte, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo martes 5 de agosto dará a conocer el plan de reestructuración de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de posponer su presentación originalmente prevista para este jueves. El anuncio hecho durante la conferencia de prensa matutina, ocurre en medio de una creciente presión por parte de proveedores y organismos empresariales ante los adeudos acumulados por la petrolera estatal.
De acuerdo con cifras oficiales, Pemex mantiene una deuda financiera superior a 1.8 billones de pesos, mientras que los pasivos con proveedores aumentaron 18.7% en el primer semestre de 2025, alcanzando los 430 mil 540 millones de pesos. Rafael Espino, presidente de AMESPAC, advirtió que “el dinero se ha utilizado para pagar deuda financiera, pero no para honrar los compromisos con la proveeduría”.
El plan incluiría medidas como la integración vertical de Pemex, la eliminación de subsidiarias redundantes y la emisión de instrumentos financieros para aliviar la carga fiscal. La expectativa se centra en si estas acciones lograrán estabilizar las finanzas de la empresa y atender la crisis operativa que afecta a cientos de contratistas en el país.
Las grandes tecnológicas no solo compiten por liderar la inteligencia artificial, ahora también disputan el control de la energía que la hará posible. En este impulso por marcar un hito en la industria, Nvidia se une a Bill Gates y HD Hyundai con una inversión de 650 millones de dólares en Terra Power, la startup que desarrolla reactores modulares pequeños (SMR) para transformar el futuro energético. Su proyecto estrella, la planta Natrium en Wyoming, promete 345 MW de potencia y almacenamiento térmico de hasta 1 GW. ¿Su meta? Entrar en operación en 2030.
La demanda energética de la IA es descomunal. Un superordenador zettascale de AMD requerirá 0.5 GW, equivalente al consumo de 375,000 hogares. Ante este reto, empresas como Microsoft, Oracle, Google, Amazon y Meta ya han apostado por soluciones nucleares para alimentar sus centros de datos. Desde la reactivación de Three Mile Island hasta acuerdos con Kairos y despliegue de SMRs, la infraestructura energética se convierte en un nuevo campo de innovación.
Además, la red eléctrica actual no da abasto. Por eso, las big tech están invirtiendo en energía nuclear como estrategia para garantizar autonomía, escalabilidad y sostenibilidad. La revolución energética ya comenzó, y los SMRs son el núcleo de esta transformación. ¿Estamos listos para una era donde la IA y la energía nuclear vayan de la mano?
La empresa española Cox, especializada en agua y energías renovables, anunció la compra de los activos operativos de Iberdrola México por un monto de 4,200 millones de dólares, en una operación que incluye deuda financiera neta y participación de accionistas minoritarios. La transacción fue comunicada por ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España el 31 de julio de 2025.
El acuerdo contempla la adquisición de 15 centrales eléctricas con una capacidad instalada operativa de 2,600 megavatios (MW), de los cuales 1,368 MW corresponden a centrales de ciclo combinado y cogeneración, y 1,232 MW a activos renovables. Además, Cox incorporará una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios (GW) y la mayor suministradora privada del país, con una cuota de mercado del 25 % y más de 500 grandes clientes.
La operación representa un paso estratégico para Cox, que busca consolidarse como una utility integrada en el mercado mexicano. “Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico”, señaló la empresa presidida por Enrique Riquelme. La firma también confirmó que integrará a los más de 800 profesionales que forman parte de Iberdrola México.
Además de la compra, Cox planea invertir 10,700 millones de dólares en México entre 2025 y 2030. De ese total, 4,000 millones se destinarán a nuevos activos energéticos, 1,500 millones a concesiones de agua, y el resto a proyectos de desarrollo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa destacó que “México representa un mercado estratégico para Cox”, en parte por su seguridad jurídica y el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica.
La transacción aún está sujeta a aprobaciones regulatorias y podría ajustarse en función de la fecha de cierre, prevista entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Con esta adquisición, Cox completaría su plan estratégico 2025–2028 tres años antes de lo previsto, con una proyección de ventas proforma cercanas a 3,000 millones de euros y un EBITDA de 750 millones de euros al cierre de 2025.
La empresa Grupo México, encabezada por el empresario Germán Larrea, optó por suspender temporalmente sus operaciones de perforación en diversas regiones del país, ante los impagos persistentes de Petróleos Mexicanos (Pemex). La decisión afecta directamente a las plataformas jackup autoelevables ubicadas en Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Tabasco, según el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La filial Perforadora México (Pemsa) reportó una caída significativa en sus resultados al segundo trimestre de 2025, con ventas acumuladas de 42 millones de dólares y un flujo operativo (Ebitda) de 7 millones, lo que representa una disminución anual del 64% y 89%, respectivamente. La empresa atribuyó este descenso a la suspensión de las plataformas y a ajustes en las cuotas diarias. “Nos resulta mejor tenerlas en paro temporal que trabajando dada la situación de Pemex y el no pago a proveedores”, señaló la compañía en su informe.
Durante una conferencia con analistas, directivos de Grupo México expresaron que la empresa se encuentra en condiciones de resistir el impacto financiero, aunque confían en que los pagos pendientes por parte de Pemex se regularicen en el corto plazo. En el mismo reporte, se indicó que la división Infraestructura registró ventas netas acumuladas por 342 millones de dólares, una caída del 11.9% anual, también relacionada con la cancelación temporal de las plataformas.
La situación de Pemex ha generado preocupación entre diversos contratistas. La semana pasada, Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, también reportó adeudos por 700 millones de dólares. En total, Pemex mantiene deudas con proveedores y contratistas por 22,800 millones de dólares al 30 de junio de 2025, en medio de una crisis de producción, retrasos en refinación y vencimientos financieros que ascienden a 98,800 millones de dólares.
Ante este escenario, el Gobierno de México emitió deuda por 12,000 millones de dólares mediante un instrumento financiero denominado notas precapitalizadas (P-Caps), con el objetivo de que Pemex pueda cumplir sus compromisos bancarios y amortizaciones durante el año. La presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo energético tienen previsto presentar un plan para la petrolera este jueves 31 de julio, en busca de soluciones estructurales para enfrentar la crisis.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el Presupuesto 2026 incluirá una línea presupuestal específica para Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de atender su situación financiera. Aunque el monto aún no ha sido definido, la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, adelantó que se trata de una medida que “como la ha tenido otros años, Pemex volverá a tener la línea presupuestal”, en referencia al apoyo que la empresa ha recibido desde 2024.
Este respaldo presupuestal se suma a la reciente emisión internacional de deuda por 12 mil millones de dólares, realizada mediante Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), un instrumento financiero diseñado para reducir el costo de los pasivos de Pemex sin comprometer directamente el balance del gobierno federal. Según María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público, “los P-Caps son parte de una estrategia para atacar diferentes aspectos de la composición de los pasivos de Pemex”.
La petrolera estatal enfrenta una carga financiera significativa, con pasivos por 98,800 millones de dólares y una deuda adicional de 22,800 millones con proveedores y contratistas. Además, su producción se encuentra en niveles mínimos históricos y el negocio de refinación continúa reportando pérdidas. En este contexto, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentará el plan de reestructura de Pemex el 31 de julio, en una conferencia desde Palacio Nacional.
La estrategia financiera busca optimizar el perfil de deuda de Pemex y mejorar su liquidez mediante mecanismos como los P-Caps, que están respaldados por bonos del Tesoro estadounidense. Bonilla explicó que “es un instrumento que hoy está sobrecolateralizado y lo que está buscando es reducir la probabilidad de que se active la emisión del Gobierno federal”. Aunque no se trata de deuda directa, la operación será reportada conforme se utilicen los recursos en el balance de Pemex.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores, en el marco del proceso judicial por la estatización de YPF. La medida forma parte de la etapa de discovery, en la que los demandantes buscan demostrar que el Estado argentino y la petrolera estatal operan como una misma entidad.
El pedido incluye información oficial y privada de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, así como de otros exfuncionarios como Santiago Caputo, José Ignacio de Mendiguren, Guillermo Michel y Gabriel Rubinstein. Según los demandantes, el uso de plataformas personales para funciones públicas podría evidenciar vínculos operativos que habiliten el embargo de activos soberanos.
El objetivo de los fondos litigantes, Burford Capital y Eton Park, es acceder a documentación que permita identificar empresas estatales como posibles alter ego de la República Argentina. Además de YPF, se investiga si entidades como Banco Nación, ENARSA y Aerolíneas Argentinas cumplen funciones que podrían considerarse extensiones del Estado.
El Gobierno argentino rechazó la orden judicial y la calificó como una forma de “acoso procesal”. A través de la Procuración del Tesoro, se denunció que los demandantes intentan modificar las condiciones de negociación y presionar al país en medio de su apelación ante la Corte del Segundo Circuito. No obstante, Argentina ya se comprometió a entregar información sobre procesos de privatización como parte del discovery.
La jueza Preska fijó una nueva audiencia para el miércoles 6 de agosto, en la que se evaluarán los avances del proceso y se definirán los próximos pasos. Mientras tanto, el país continúa su defensa legal en busca de revertir el fallo que lo obliga a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
Durante el primer semestre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 7,650 millones de pesos debido al robo de hidrocarburos, lo que representa un incremento del 33% respecto al mismo periodo de 2024. El dato fue reportado por el Observatorio Ciudadano de Energía, con base en los resultados financieros de la empresa estatal.
El análisis, elaborado por Francisco Barnés de Castro, señala que las pérdidas aumentaron en 1,900 millones de pesos respecto a junio de 2024, cuando se reportaron 5,740 millones de pesos. En 2023, las afectaciones por este delito ascendieron a 5,893 millones de pesos, lo que confirma la persistencia del problema.
Pemex informó que sus operaciones están expuestas a riesgos derivados de conductas criminales, como el robo, desvío o manipulación de petróleo crudo, gas natural y productos refinados. También enfrenta el riesgo de sustracción de equipos y materiales, lo que amplía el impacto operativo.
“Estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos mediante tomas clandestinas de ductos y el comercio ilegal de combustibles”, señala el reporte financiero. Además, se advierte que esta actividad ha provocado incendios, explosiones, daños ambientales y pérdida de vidas humanas, así como una reducción directa en los ingresos por productos sustraídos.
En 2024 y 2023, Pemex detectó 11,774 y 14,890 tomas ilícitas, respectivamente. La empresa también reconoció que existe la posibilidad de que algunos de sus empleados estén involucrados, o sean percibidos como parte del mercado ilícito de combustibles, lo que representa un riesgo adicional para sus operaciones.
Wind turbines stand in a field at the Comision Federal de Electricidad (CFE) wind farm in La Ventosa, in the state of Oaxaca, Mexico, on Tuesday, May 28, 2013. State-owned CFE is trying to capitalize on investor demand that?s made Mexico the world?s best-performing government bond market to borrow pesos at record-low interest rates. Photographer: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images
La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) estimó que México podría atraer hasta 30 mil millones de dólares en inversión eólica durante el actual sexenio, siempre que se garantice certidumbre jurídica y se definan con claridad los nuevos reglamentos del sector. Esta cifra representa cinco veces la expectativa oficial de capacidad instalada por parte de privados al 2030, lo que evidencia el potencial del país para acelerar su transición energética.
Actualmente, tres parques eólicos completamente construidos permanecen sin operar debido a la incertidumbre regulatoria heredada del sexenio anterior. Aunque el cambio de administración ha generado expectativas positivas, los desarrolladores siguen a la espera de definiciones técnicas y jurídicas que permitan la interconexión eléctrica al sistema nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Durante la inauguración de una exposición fotográfica en la estación Buenavista del Tren Suburbano, el presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra, insistió en la importancia de garantizar reglas estables y respeto a los contratos de largo plazo. Señaló que, sin estos elementos, las inversiones podrían permanecer en pausa como ocurrió durante el sexenio anterior.
La entrada en operación de los tres parques detenidos —con una capacidad conjunta de 400 megawatts— podría representar un crecimiento inmediato de más del 5 % en la capacidad instalada del país, que actualmente ronda los 7,300 megawatts. Sin embargo, su aprovechamiento depende enteramente de las decisiones regulatorias que se tomen en los próximos meses.
Uno de los compromisos del nuevo gobierno es que, para 2030, el 45 % de la energía generada en México provenga de fuentes limpias, lo que plantea un reto técnico y financiero para el sector. La AMDEE considera que el potencial eólico del país, especialmente en regiones como Oaxaca, Tamaulipas y el norte, será determinante para alcanzar esa meta.
La situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha escalado a niveles críticos debido al creciente adeudo con su red de proveedores, particularmente con las empresas del sector de servicios petroleros. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), Rafael Espino, la deuda reconocida con la proveeduría se triplicó en los últimos siete años, y al cierre del primer trimestre del 2025 las cifras oficiales de Pemex reconocían pasivos superiores a los 20 mil millones de dólares.
En exclusiva para Global Energy, el titular de la asociación dijo que esta cifra equivale al costo total de la refinería de Dos Bocas, que originalmente fue presupuestada en 8,900 millones de dólares y que ahora supera los 23 mil millones, sin haber alcanzado todavía ni la tercera parte de su capacidad de refinación proyectada.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas proveedoras, agregó, es el sistema de codificación de pagos y descuentos de Pemex, conocido como COPADE. “Este sistema funciona como un filtro que impide facturar servicios ya prestados. Se ha convertido en un mecanismo dilatorio que paraliza los cobros”, afirmó Rafael Espino.
La situación ha derivado en una cadena de impagos que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas del sector, muchas de las cuales carecen de acceso a mecanismos de factoraje financiero como el credit default swap implementado por grandes bancos.
La AMESPAC estima que entre el 12 y el 15% del total de la deuda corresponde a sus empresas afiliadas, lo que representa más de 50 mil millones de pesos (alrededor de 2,500 millones de dólares) en servicios prestados que no han podido ser facturados debido a las trabas administrativas.
“El dinero que el gobierno federal ha destinado a Pemex se ha utilizado para pagar deuda financiera, pero no para honrar los compromisos con la proveeduría, lo que ha erosionado gravemente la cadena de valor del sector”, señaló el líder empresarial. Las consecuencias no son menores: “la producción petrolera nacional ha disminuido un 11% desde 2018, y los planes operativos siguen contrayéndose”.
Entre las medidas que el gobierno ha anunciado recientemente se encuentran nuevos contratos mixtos para atraer inversión privada, con los que se espera captar hasta 8 mil millones de dólares. No obstante, el presidente de AMESPAC puntualizó que “esta cifra no representa ni la tercera parte del adeudo total con los proveedores. Son proyectos de largo plazo, y lo que se necesita ahora es resolver el problema inmediato”.
En ese sentido, la Asociación considera que es urgente que el gobierno federal adopte una postura clara y decidida para atender la crisis de pagos. Las empresas, particularmente las PyMEs, se enfrentan a una presión de tesorería insostenible, y muchas de ellas están al borde del colapso.
“Julio era nuestra estimación crítica; ya estamos a finales del mes y no ha habido ninguna respuesta oficial. Las empresas no pueden seguir operando bajo estas condiciones”.
Además de la falta de pagos, la AMESPAC señala que el presupuesto de inversión de Pemex para 2025 ya ha sido ejercido en un 80%, a pesar de que el año aún no concluye. “En el sistema de hidrocarburos hay que invertir para extraer. Si no hay CAPEX, no hay producción”, advirtió Espino, quien también detalló que las metas de producción han sido revisadas a la baja varias veces en el sexenio. De una proyección inicial de 2.4 millones de barriles diarios, la cifra se ha reducido a menos de 1.5 millones en la actualidad, incluyendo condensados que antes no se contabilizaban.
El impacto de esta crisis se concentra particularmente en el segmento de exploración y extracción, donde se ha visto suspendida la emisión de COPADE y paralizados los pagos, a diferencia de otras áreas como Pemex TRI, que mantiene un ritmo más regular en sus compromisos financieros.
Sobre las causas de esta situación, Rafael Espino identifica una combinación de decisiones estratégicas y problemas de gestión.
“Se desvió el dinero de los campos productivos a inversiones no rentables, como las refinerías, y hubo una ruptura en la transición entre la administración anterior y la actual. Además, no existe un plan coherente para mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa”.
El panorama a futuro tampoco es alentador si no se actúa con prontitud. La AMESPAC ha hecho un llamado público a las autoridades del sector energético, solicitando tres acciones concretas:
Reconocer y liberar la facturación de los servicios prestados en 2024, que aún no han sido validados.
Garantizar la facturación regular durante 2025 para evitar que el problema se siga acumulando.
Diseñar un programa de pagos inmediato que atienda los adeudos históricos con las empresas proveedoras.
“Las tres exigencias se resumen en dos palabras: respuesta y certidumbre. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna. Lo que ha habido es ignorancia. Nos han ignorado”, subrayó el presidente de AMESPAC.
En relación con la posibilidad de que algunas empresas quiebren, la asociación reconoce que no cuenta con un censo detallado, pero advierte que, excluyendo a las multinacionales, todas las demás empresas del sector enfrentan un riesgo real de insolvencia. “A todas se les debe”.
Finalmente, el líder del gremio sostuvo que para atender esta crisis es indispensable una reestructuración integral de la deuda de Pemex, que ya supera los 100 mil millones de dólares, y un plan estructurado de inversión que supere el corto plazo.
“Se necesita juntar a todos los actores: Pemex, la Secretaría de Energía y las empresas de servicios. No basta con anuncios o promesas. La empresa necesita aire, y el país necesita una política energética coherente”.
Mientras tanto, la AMESPAC seguirá insistiendo en la necesidad de certidumbre para un sector que, históricamente, ha sido uno de los pilares económicos de México.
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