La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores, en el marco del proceso judicial por la estatización de YPF. La medida forma parte de la etapa de discovery, en la que los demandantes buscan demostrar que el Estado argentino y la petrolera estatal operan como una misma entidad.

El pedido incluye información oficial y privada de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, así como de otros exfuncionarios como Santiago Caputo, José Ignacio de Mendiguren, Guillermo Michel y Gabriel Rubinstein. Según los demandantes, el uso de plataformas personales para funciones públicas podría evidenciar vínculos operativos que habiliten el embargo de activos soberanos.

El objetivo de los fondos litigantes, Burford Capital y Eton Park, es acceder a documentación que permita identificar empresas estatales como posibles alter ego de la República Argentina. Además de YPF, se investiga si entidades como Banco Nación, ENARSA y Aerolíneas Argentinas cumplen funciones que podrían considerarse extensiones del Estado.

El Gobierno argentino rechazó la orden judicial y la calificó como una forma de “acoso procesal”. A través de la Procuración del Tesoro, se denunció que los demandantes intentan modificar las condiciones de negociación y presionar al país en medio de su apelación ante la Corte del Segundo Circuito. No obstante, Argentina ya se comprometió a entregar información sobre procesos de privatización como parte del discovery.

La jueza Preska fijó una nueva audiencia para el miércoles 6 de agosto, en la que se evaluarán los avances del proceso y se definirán los próximos pasos. Mientras tanto, el país continúa su defensa legal en busca de revertir el fallo que lo obliga a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.