Las distorsiones en certificación y perfiles técnicos impactan la competencia entre unidades de inspección. Desde CalPro advierten que, sin exigencia técnica homogénea, el cumplimiento pierde efectividad y el mercado se desequilibra
Por Rocio Novoa
En el actual entorno regulatorio energético, el cumplimiento volumétrico dejó de ser un asunto exclusivamente fiscal para convertirse en un componente central de trazabilidad, seguridad y continuidad operativa. La exigencia ya no se limita a generar reportes, sino a demostrar técnicamente la congruencia entre el inventario físico, los registros electrónicos y la documentación fiscal.
“Materializamos en el campo lo que la ley exige. La norma establece obligaciones, pero si no existe evidencia técnica defendible, el cumplimiento se queda en papel”, afirma Leticia Villeda Suárez, Consejera legal en Calibraciones Profesionales e Ingeniería (CalPro). Desde esa perspectiva, la metrología dejó de ser un proceso interno de operación para convertirse en un asunto de interés público. “Tiene implicaciones fiscales, energéticas y de seguridad”, sostiene.
Rigor técnico y competencia en el mercado
Uno de los principales desafíos identificados por CalPro se encuentra en la acreditación y en la correcta interpretación de los requisitos técnicos señalados por la autoridad. La resolución de la miscelánea fiscal exige capacidades especializadas diferenciadas: por un lado, expertos en sistemas de medición con dominio en metrología, calibración y trazabilidad técnica; y por otro, especialistas en arquitectura informática, integridad de datos y seguridad perimetral como aspectos principales.
Cuando esa distinción técnica no se respeta y se pretende concentrar competencias en perfiles no diferenciados, se generan distorsiones que impactan la calidad del cumplimiento. “A veces no es una interpretación equivocada, sino acomodada”, advierte Villeda. “Se maquillan requisitos técnicos para ofrecer soluciones más baratas, pero eso termina afectando la competencia sana entre unidades de inspección”, generando un impacto considerable cuando la acreditación no exige rigurosamente, por ejemplo, perfiles profesionales diferenciados.
“Si no se exige rigor técnico desde la acreditación, el modelo se distorsiona. Y cuando el mercado se distorsiona, se pierde competencia leal”. En paralelo, la manipulación en la interpretación normativa se convierte en un riesgo estructural. “Más que errores inocentes, muchas veces es una interpretación acomodada para vender”, señala. Ese fenómeno, agrega, termina debilitando la consistencia del sistema completo ya que, para la firma, el cumplimiento técnico también tiene un efecto interno en el sector: dignifica al inspector y eleva el estándar profesional.
Trazabilidad como defensa preventiva y continuidad operativa
La ausencia o deficiencia en controles volumétricos puede generar un primer nivel de consecuencias administrativas: multas fiscales, clausura preventiva, cancelación de certificados de sello digital o determinaciones presuntivas de ingresos. Sin embargo, para CalPro el verdadero punto crítico no está ahí. “El problema no es la multa; el problema es no poder demostrar técnicamente que lo que tienes físicamente coincide con lo que declaras”, afirma Villeda.
Si la omisión es reiterada o coincide con inconsistencias físicas, puede detonar investigación en términos fiscales o por medio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. “El inicio de una investigación no requiere prueba plena, sino indicios razonables”, explica.
En este contexto, la falta de trazabilidad puede operar como detonador cuando la autoridad considera que no puede verificarse la procedencia legal del producto. “La sola omisión no configura delito, pero sí incrementa exponencialmente el riesgo cuando no hay evidencia técnica confiable”, aclara.
En escenarios de presunta comisión de delitos en materia de hidrocarburos, la autoridad puede asegurar producto, autotanques, infraestructura e incluso cuentas vinculadas. Además, puede promover acción conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, procedimiento autónomo del proceso penal. “Si no cuentas con registros íntegros y trazabilidad consistente, la capacidad de desvirtuar la vinculación del bien con un hecho ilícito se ve comprometida”, advierte.
Desde esta óptica, el sistema de controles volumétricos debe entenderse como un mecanismo de defensa preventiva. “No es solo una obligación fiscal”, sostiene. “Es un instrumento de blindaje patrimonial”.
La trazabilidad también incide en la prevención del mercado ilícito. Cuando todos los actores implementan controles consistentes, el margen operativo para esquemas paralelos se reduce. “Lo que entra tiene que ser igual a lo que se vende”, subraya, dando forma a un mercado donde el cumplimiento técnico se vincula directamente con la continuidad operativa. “Al final, el Estado va a hacer cumplir cuando y como quiera”, reconoce. “La diferencia es si lo haces desde la prevención o desde la coerción”.
Leticia Villeda insiste en que el reto estructural es también educativo. La política pública en materia de controles volumétricos no fracasa por falta de norma, sino por falta de comprensión técnica. “Si no se entiende la necesidad técnica que tiene esta política, se vuelve aspiracional. La implementación rigurosa es lo que la convierte en efectiva”.
La consejera legal advierte que, sin acompañamiento técnico y sin pedagogía regulatoria, el cumplimiento puede convertirse en un ejercicio meramente coercitivo. “Si el regulador no educa al regulado, la implementación será más lenta”, enfatiza. “Es más eficiente convencer que amenazar”.
CalPro, señala, trabaja con empresas que buscan formalidad y estabilidad. “Buscamos empresas que quieran cumplir. Que entiendan que esto no solo evita sanciones, sino que fortalece su posición en el mercado”, añade.
Fuerza desde la experiencia y el cumplimiento
Para Villeda, su involucramiento en esta agenda también tiene una dimensión personal y profesional. Antes de incorporarse a CalPro, fue servidora pública, experiencia que le permitió comprender la lógica institucional detrás de la regulación. Desde su liderazgo, insiste en que la unidad de inspección puede incidir más allá de lo técnico.
“Una unidad formada por ingenieros supertécnicos puede beneficiar a la sociedad y al Estado de una manera mucho más amplia de lo que parece”, señala. Además, en un sector históricamente dominado por perfiles técnicos y mayoritariamente masculinos, su visión incorpora una lectura institucional y social del cumplimiento.
Para ella, el cumplimiento volumétrico no es solo una obligación normativa, sino una pieza en el rompecabezas de estabilidad institucional. “Es interesante ver cómo algo que parece técnico termina teniendo un impacto mucho más grande”, concluye.
