El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, precisó que el desistimiento del procedimiento ambiental del Parque Solar Tulancingo es un trámite totalmente ajeno a las tres centrales fotovoltaicas que actualmente promueve y acompaña el gobierno estatal en Singuilucan, Nopala de Villagrán y Tecozautla.

De acuerdo con los registros oficiales citados por medios locales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que la empresa Desarrollos Fotovoltaicos de México del Centro concluyó voluntariamente el proceso de evaluación de impacto ambiental de la planta Tulancingo, la cual proyectaba una potencia nominal de 118.88 megavatios (MW) en el municipio de Singuilucan, tras presentar un oficio de desistimiento el pasado 8 de mayo antes de responder a un requerimiento de información adicional de la autoridad federal.

La documentación de la Comisión Nacional de Energía permite identificar con claridad que los tres desarrollos respaldados por la administración hidalguense son Delfín Solar, FV Tecozautla y Alten Hidalgo 100 MW, iniciativas independientes que en conjunto suman permisos de generación por hasta 408.47 MW y proyectan sistemas de almacenamiento por 117.78 MW / 358.45 MWh.

El primero de ellos, Delfín Solar, contempla una central de 172.80 MW con baterías en los municipios de Singuilucan y Zempoala y tiene programada su operación máxima para diciembre de 2028, mientras que el proyecto FV Tecozautla de Green Park Energy obtuvo su permiso en junio de este año para una capacidad de 122.368 MW con almacenamiento de energía y una fecha límite de arranque para finales de diciembre de 2027, en tanto que el tercer desarrollo, Alten Hidalgo 100 MW, se ubicará en Nopala de Villagrán con una capacidad aprobada de 113.30 MW y un programa de construcción previsto entre enero de 2027 y abril de 2028.

A pesar de contar con los permisos federales otorgados dentro de la convocatoria prioritaria de la Secretaría de Energía, el inicio material de las obras de estas tres centrales requerirá que las empresas acrediten primero sus autorizaciones definitivas en materia de impacto ambiental y social, además de formalizar sus contratos de interconexión con la red nacional.

Al respecto, el titular de la Sedeco reconoció que en el caso específico de la planta FV Tecozautla existe un juicio de amparo promovido por miembros de la comunidad de San Joaquín de modo que el avance definitivo de la obra estará sujeto al resultado de la consulta indígena correspondiente, confirmando que la dependencia estatal mantendrá un estrecho seguimiento de los requisitos legales antes de autorizar el comienzo de los trabajos de construcción en la zona.