La Comisión Federal de Electricidad ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional (MIA-R) para el proyecto fotovoltaico Concepción Mendizábal Mendoza Fase III.

Esta central se proyecta con una capacidad neta garantizada de 339 MWac en el estado de Coahuila. El trámite da inicio formal al procedimiento de evaluación ecológica ante la autoridad federal, aunque todavía no constituye un permiso de construcción o autorización definitiva para el desarrollo de las obras.

La infraestructura se localizará en el municipio de Nava, específicamente dentro del perímetro de la actual central termoeléctrica Carbón II. Su diseño técnico contempla la instalación de tres campos fotovoltaicos que se acoplarán a los sistemas operativos y de transmisión eléctrica ya existentes en el complejo. La configuración física propuesta se compone de 643,100 módulos solares, 7,235 seguidores horizontales de un eje, 121 inversores centrales y 68 centros de transformación.

Además, la planta sumará un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías compuesto por 55 contenedores y 47 inversores, una adición tecnológica orientada a mitigar la intermitencia solar, compensar variaciones de potencia y proveer respuesta de frecuencia al sistema eléctrico regional.

Para la evacuación de la energía, se edificará una subestación elevadora y una línea de transmisión aérea de 400 kV con una longitud de 0.15 kilómetros que conectará de forma directa con la subestación Carbón II, la cual requerirá una ampliación mediante una nueva bahía de potencia. El proyecto estima un desembolso de 8,470.85 millones de pesos (aproximadamente 468 millones de dólares). De este capital, 196.18 millones de pesos se etiquetarán para programas de mitigación ambiental que incluyen el rescate y reubicación de flora y fauna, conservación de suelos y monitoreo de aves.

El expediente técnico consigna una vida útil comercial de 25 años y abarca una superficie de terreno que oscila entre las 346 y las 646 hectáreas debido a una discrepancia en la documentación, requiriendo el cambio de uso de suelo en zonas de matorral espinoso tamaulipeco y bosque de encino.