El entorno de inversión atraviesa redefiniciones en la que la certidumbre jurídica, la claridad regulatoria y la capacidad de adaptación al cambio normativo se posicionan como factores determinantes para el desarrollo de proyectos de largo plazo. En sectores intensivos en capital como energía, infraestructura y tecnología, el componente legal deja de ser un soporte para convertirse en un elemento central de la estrategia de negocio.

En este contexto, las firmas legales han evolucionado hacia un rol más activo en la estructuración de proyectos, acompañando a las empresas no solo en el cumplimiento normativo, sino en la toma de decisiones.
“Nos convertimos verdaderamente en partners o en socios estratégicos de nuestros clientes, porque el punto de partida de Cuatrecasas es ir no solamente por un proyecto, sino por la confianza del cliente”, explica Marco Antonio De la Peña Sánchez, socio Senior Partner.

El posicionamiento de la firma responde a esta lógica. Desde su llegada al país en 2016 como punta de lanza de su expansión en América Latina, Cuatrecasas ha consolidado su participación en operaciones estratégicas mediante un modelo basado en especialización, visión de mercado y ejecución.

“Le hemos apostado a estar en las operaciones estratégicas de este país con clientes estratégicos”, señaló.
Este enfoque se sostiene en una estructura internacional que integra capacidades corporativas, regulatorias, financieras y contenciosas, lo que permite acompañar proyectos desde su diseño hasta su eventual resolución de controversias.

Estrategia legal como componente del modelo de negocio

La sofisticación del mercado ha elevado el nivel de exigencia para los servicios legales, particularmente en sectores donde los proyectos involucran múltiples variables regulatorias, financieras y operativas. “Yo creo que hay tres elementos: sofisticación, entendimiento del mercado y ejecución muy eficaz”, explicó De la Peña Sánchez.

El primero se refiere a la especialización profunda de los equipos, no solo por área de práctica, sino por subsectores específicos. El segundo implica una lectura de mediano y largo plazo sobre la evolución del mercado y sus oportunidades. El tercero, la capacidad de ejecutar con calidad, tiempo y eficiencia de costos.

En este entorno, el componente legal se integra directamente en la estructuración de los proyectos. “La parte del componente jurídico tiene que entenderse como parte del diseño mismo y de la estructuración de un proyecto”, afirmó.
Esto permite anticipar riesgos regulatorios, optimizar estructuras fiscales y laborales, y generar mayor certidumbre en la ejecución. La asesoría deja de ser reactiva para convertirse en un mecanismo preventivo y estratégico.
“Lo que agrega valor un despacho es entender dónde están los riesgos y cómo pueden cubrirse de forma preventiva”, señaló.

Estado rector, regulación y nuevas condiciones para la inversión

El cambio en la política pública a partir de 2018 redefinió la relación entre el Estado y el sector privado, particularmente en industrias reguladas como energía e infraestructura. Este ajuste ha implicado una mayor intervención estatal, pero también la construcción de esquemas de complementariedad con la inversión privada. “Hoy hay rectoría del Estado, pero dentro de esa rectoría hay un espacio donde se puede desarrollar la inversión privada”, puntualizó Peña Sánchez.

La reciente alineación entre política pública, marco constitucional y legislación secundaria ha contribuido a reducir la incertidumbre que caracterizó años anteriores, marcados por altos niveles de litigio. “Hoy en día hay claridad de reglas más definidas para la participación privada en esquemas mixtos”, indicó sobre este nuevo entorno, que abre oportunidades para proyectos conjuntos particularmente en electricidad e hidrocarburos y donde se plantean modelos de participación público-privada con mayor claridad operativa.

Sin embargo, “la certidumbre es la esencia del comercio y, sin certidumbre, no hay inversión”, subrayó.
La estabilidad regulatoria, la alineación con tratados internacionales y la consistencia en la aplicación de normas son elementos clave para generar confianza en proyectos que requieren horizontes de 15 a 25 años.

En este contexto, las empresas enfrentan un entorno más complejo, donde la gestión de riesgos regulatorios se vuelve prioritaria. La estrategia legal incluye herramientas preventivas como mecanismos alternativos de solución de controversias y estructuras contractuales diseñadas para mitigar conflictos. “Tratamos de evitar al máximo los litigios y diseñar estrategias integrales para adaptarse a los cambios”, sostuvo en referencia a herramientas como el arbitraje internacional, la mediación y los comités de expertos, que se consolidan como instrumentos clave para garantizar continuidad en proyectos de gran escala.

“México tiene una posición geográfica comercial inigualable con los Estados Unidos”, agregó Peña Sánchez sobre el lugar del país en el contexto internacional, particularmente por su integración con América del Norte.

En los próximos años, el crecimiento estará condicionado por la capacidad de articular políticas públicas, regulación y participación privada dentro de un modelo de desarrollo equilibrado. El reto no solo se concentra en atraer capital, sino en traducirlo en desarrollo económico con impacto distributivo, especialmente en sectores estratégicos como energía, infraestructura y transporte.