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EU demanda por bloqueo de fondos para infraestructura de VE

Más de una docena de estados en Estados Unidos han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la retención de 5 mil millones de dólares destinados a la expansión de la red de carga de vehículos eléctricos. La querella, encabezada por California, sostiene que el mandatario excedió sus atribuciones al detener el financiamiento aprobado por el Congreso en 2022.

«El presidente continúa con sus intentos inconstitucionales de retener los fondos que el Congreso destinó a programas que no le gustan», declaró Rob Bonta, fiscal general de California, quien subrayó que la decisión afecta directamente las políticas de transición energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Los fondos bloqueados estaban dirigidos a la construcción de infraestructura de recarga, una estrategia clave para mitigar la ansiedad por autonomía que enfrentan los usuarios de autos eléctricos. Según la demanda, el dinero debía complementar inversiones estatales y privadas, permitiendo la expansión de estaciones de carga en distintas jurisdicciones.

El documento judicial fue respaldado por los fiscales generales de Colorado, Arizona, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia. La demanda argumenta que la retención de los fondos viola la separación de poderes, ya que el Congreso es responsable de asignar el presupuesto federal.

Trump ha sido un crítico de la movilidad eléctrica, desafiando regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que exigen reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero. En contraste, California, el estado con más vehículos eléctricos e híbridos del país, mantiene su compromiso de eliminar progresivamente la venta de automóviles a gasolina para 2035.

El caso pone en juego el futuro del desarrollo de infraestructura energética en EU, mientras los estados demandantes buscan revertir la orden presidencial y asegurar el avance de las redes de recarga para vehículos eléctricos.

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