Las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución que devuelven a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatus de empresas públicas del Estado, revirtiendo así la figura de empresas productivas que se les había otorgado en la reforma energética de 2013. Esta decisión, promovida por Morena y sus aliados, tiene como objetivo central reforzar el control estatal sobre el sector energético.
El dictamen, que fue aprobado con 21 votos a favor y 16 en contra, establece la primacía de la CFE en el mercado eléctrico sobre los generadores privados, especificando que las actividades de la empresa pública no constituirán un monopolio. Además, como empresa pública, la CFE tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad, a la vez que deberá proveer energía al menor costo posible.
Durante más de cuatro horas, los legisladores debatieron la iniciativa. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), destacó que la medida recupera plenamente la rectoría del Estado en materia energética. Sin embargo, Rubén Moreira, coordinador del PRI, expresó su preocupación sobre si el cambio de estatus de Pemex podría convertir su deuda en una obligación fiscal del Estado, aunque Morena no respondió a esta inquietud.
La reforma también incluye disposiciones importantes sobre la explotación de litio, prohibiendo las concesiones para su explotación, y asigna al Estado la responsabilidad de dirigir la transición energética hacia el uso de fuentes sustentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se mantiene la atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgar concesiones en radiodifusión, excluyéndolo de la reforma que busca eliminar órganos autónomos.
Finalmente, la comisión aprobó cambios adicionales que prohíben el cultivo, consumo e importación de maíz transgénico, aunque se permitirá la importación de maíz quebrado.
Se espera que la reforma sea votada en el pleno de la Cámara de Diputados en octubre, un paso crucial en la redefinición del papel del Estado en el sector energético mexicano y en la gestión de recursos estratégicos como el litio.
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