Por Guadalupe Campuzano, Coordinadora Académica de Mujeres en Transición Energética de la Universidad Anáhuac México.

El crecimiento de un país está íntimamente relacionado con el desempeño de su sector logístico. La infraestructura es uno de los elementos clave en la cadena de suministro, al materializar el encuentro entre la oferta y la demanda.

En materia energética destacan, principalmente, las redes eléctricas, los ductos, la infraestructura ferroviaria y los autotanques para el transporte de hidrocarburos, y la infraestructura de almacenamiento, que constituyen elementos fundamentales, algunos, insumos esenciales para el desarrollo de las actividades del resto de la cadena de valor.

En la teoría de los insumos esenciales encontramos, por un lado, a una empresa abastecedora con una posición dominante que posee un insumo indispensable para la prestación de servicios en un mercado final o más cercano al consumidor final y, por otro lado, la dificultad de duplicar o sustituir este insumo, sobre todo desde una perspectiva económica. Los sectores de infraestructura con cualidades de insumo esencial comúnmente requieren regulación basada en esta teoría, debido a que existen segmentos de la cadena de valor con presencia de monopolios naturales, coexistiendo e interactuando con aquellos donde la competencia es posible.

En los mercados de hidrocarburos el problema del monopolio natural se ha resuelto mediante los mercados de capacidad y la regulación, dando paso a las transacciones en competencia. En el mercado eléctrico, las redes de transmisión y de distribución, así como su control operativo son insumos esenciales para la realización de las actividades de generación, suministro y comercialización, por lo que una restricción al acceso puede constituir una de las principales barreras a la entrada: desde el trámite de interconexión, hasta el uso de las propias redes y, particularmente, en el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica. Cualquier acción de algún agente económico que impida o restrinja injustificadamente el acceso a estos insumos esenciales, transgrede el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio.

Los temas al respecto en la agenda nacional son muchos, y destacaremos los que nos resultan más relevantes.

El 15 de junio de 2022, la Secretaría de Energía (SENER), como parte de su política de “fortalecimiento” o “rescate” de las empresas del Estado, publicó la estrategia de garantía y suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural (SISTRANGAS), bajo el argumento de que la CFE se encuentra obligada a cumplir con acuerdos contractuales por una capacidad que supera considerablemente las importaciones, lo que le representa pérdidas.

En términos generales, la SENER instruye al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) que requiera a los interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural, que acrediten que, por un lado, la fuente de suministro es una Empresa Productiva del Estado (EPE) y que, por otro, se contrate la capacidad de transporte vía el SISTRANGAS, con las EPE; dando prioridad a la capacidad contratada por éstas, en detrimento de la reservada por agentes privados. Esto es una clara violación al principio constitucional de libertad del comercio y a los de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio plasmados en ley. Adicionalmente, afecta a todos aquellos participantes que ya tuvieran contratos suscritos con suministradores privados, y a estos últimos, que pierden su materia de trabajo. El 6 de septiembre esta estrategia fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En materia de petrolíferos la problemática es diversa.  Por un lado, la inacción en el otorgamiento de permisos y la cancelación de proyectos de almacenamiento han sido la constante. Este problema no se resuelve con el incremento en la capacidad de refinación, ya que, en el supuesto caso de que el volumen fuera suficiente para abastecer la demanda nacional, tan dependiente hoy de las importaciones, el problema logístico persiste: hay insuficiente capacidad de transporte eficiente de petrolíferos y de almacenamiento, carencia que, además, impide contar con un verdadero inventario de seguridad.

Uno más de estos ejemplos merece mención especial: no hay expectativas para el desarrollo de nueva y necesaria infraestructura de transporte de petrolíferos en tanto no se ataque de manera efectiva la inseguridad física de los ductos. Si bien se ha anunciado que la estrategia ha sido de alguna manera exitosa, no existen datos que lo sustenten, y mientras el paliativo sea no utilizar los ductos, la ineficiencia del transporte por ruedas seguirá siendo determinante fundamental en el costo de los combustibles, y hoy podemos no percatarnos de ello por el tamaño del subsidio que representa el IEPS, pero es un concepto que, de alguna manera, estamos pagando. Adicional a esta situación, el actuar de la delincuencia organizada, más allá de los ductos de gasolina y diésel, se hace patente con cada vez mayor fuerza en la distribución del gas licuado de petróleo (GLP), principal combustible en los hogares mexicanos. La problemática logística se mitigaría de contar con un sistema transaccional de trazabilidad, vinculado con el Sistema de Administración Tributaria.

Las recientes revisiones tarifarias se han traducido en un ejercicio excesivo de la regulación que, en la intención de reducir las tarifas, ha resultado en tal presión sobre los operadores, que pudiera redundar en problemas de seguridad, de manera que, lejos de cumplir con el objetivo de proteger a los usuarios finales, frena la inversión y pone en riesgo el suministro.

Por otra parte, la indispensable ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución de electricidad está en manos del Estado al ser, como establece la Constitución, una actividad estratégica reservada. Sin embargo, la política de “fortalecimiento” se ha volcado sobre  la generación eléctrica de CFE dando, mediante diversos actos administrativos, prioridad al despacho de la electricidad de las antiguas plantas contaminantes de la EPE, en detrimento de las energías limpias, los proyectos de inversión y la salud de los mexicanos y el medio ambiente, abriendo la puerta al consumo de combustóleo de Pemex, temas que han dado pie a cientos de litigios y han detonado las consultas del T-MEC por parte de nuestros socios comerciales, al tiempo que han dejado el desarrollo logístico en pausa.

El último tema por abordar es el almacenamiento de electricidad, elemento que garantizaría la confiabilidad de la oferta eléctrica proveniente de fuentes variables. Aún el camino para masificar la instalación de baterías en México es largo, no solamente por cuestiones de costos y eficiencias -el avance tecnológico se ha acelerado y las expectativas globales son buenas-, sino que el tema central ahora será conocer la manera en la que operará la nueva empresa del Estado, Litio para México.

La falacia de “fortalecimiento” se basa en el concepto de “soberanía energética”, como un claro mal entendimiento de lo que es la seguridad energética, y pone en las manos de las empresas del Estado la responsabilidad del suministro energético en general, lo que se constituye, a todas luces, en riesgos operativos, económicos y comerciales.

Así, aunque las condiciones para el desarrollo de infraestructura logística en el sector energético estén dadas desde hace años, su consecución está, como tantas cosas hoy, en manos del Estado, quien se ha configurado como un solo grupo de interés económico que ejerce poder sustancial de mercado en detrimento de la competencia, afectando la eficiencia operativa y económica del sector.

Guadalupe Campuzano es Maestra en Economía por el Colegio de México. Actualmente es Coordinadora Académica de Mujeres en Transición Energética de la Universidad Anáhuac, socia de EnergeA y consejera de Voz Experta.