El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera fundamental que se aborde la agenda de energía y cambio climático durante la reunión que tendrá lugar el próximo 12 de julio en la ciudad de Washington D.C., entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Reconocer la crisis climática y proponer acciones ambiciosas hacia la transición energética, así como una ruta crítica para acelerar el tránsito hacia una América del Norte más productiva, sostenible y con una menor huella de carbono, debe formar parte de la agenda bilateral de forma urgente y prioritaria”, se lee en el comunicado publicado por el IMCO.

Asimismo, el Centro de Investigación destacó que las 10 acciones propuestas por el gobierno mexicano durante el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima son insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes para el medio ambiente y la competitividad del sector energético en la región.

“El país debe apostar por el despliegue acelerado de tecnologías con baja huella de carbono y aprovechar su ubicación geográfica en América del Norte para catalizar la transición energética a partir de una mayor integración de los mercados energéticos regionales, y así detonar un desarrollo sostenible”.

Para el gobierno federal es prioridad la modernización de centrales hidroeléctricas, pues con esto añadiría 2 mil 86 gigawatts-hora anuales de capacidad instalada. Sin embargo, el IMCO pide considerar la escasez de agua en el país y los resultados poco favorables que se obtendrían a partir de este método de generación de energía, aunado a que en los últimos siete años, la capacidad de generación hidroeléctrica creció solamente 1%.

En materia de transición energética, el gobierno propone producir 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes en 2030; construir un parque solar fotovoltáico con una capacidad de generación de 1 GW en Puerto Peñasco, Sonora; atraer inversiones estadounidenses para instalar 1,854 MW de nueva capacidad en energía solar y eólica en la frontera; la construcción de redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica y alcanzar la autosuficiencia en combustibles.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que la nacionalización del litio no es suficiente para lograr una transición energética y disminuir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la meta gubernamental se enfoca en la producción y no en las medidas para incrementar la venta de vehículos eléctricos en el mercado mexicano.

De igual forma, la construcción de un parque solar y la instalación de mayor capacidad en energías limpias parecen ser insuficientes, esto debido a la subinversión en las líneas de transmisión (4.1% del presupuesto total de la CFE para 2022) y la alta densidad de plantas solares fotovoltaicas. México actualmente cuenta con 86 GW de generación total, por lo que agregar 1 GW de energía renovable adicional únicamente representa 1.2% del total de la capacidad de generación de energía eléctrica del país. En este sentido, los precios tienden a ser bajos durante las horas de generación solar en esa zona, porque no hay capacidad para transportarla a zonas de mayor demanda.

En este caso, el IMCO recordó que desde el 2019 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha otorgado autorización para nuevos proyectos privados de generación eléctrica a gran escala, mientras que el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) dejó de contemplar nuevas inversiones privadas; por lo tanto, la construcción de nuevas plantas y redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica no son viables.

Finamente, el comunicado destaca que la garantía de consumir el 35% de energía proveniente de fuentes renovables es una meta que ya se contemplaba tanto en el Acuerdo de París como en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética. Sin embargo, no se ha avanzado en su cumplimiento por las barreras regulatorias y la política energética del gobierno federal. En el Prodesen 2022-2036 se estima que dicha meta se alcanzará hasta 2031, siete años después del compromiso establecido en el Acuerdo de París.