Por Javier H. Estrada Estrada y David Madero Suárez

En nuestro país, al igual que en cualquiera del mundo, necesitamos una política energética moderna y en constante actualización. Requerimos darle dirección a la política pública en el sector para que ésta genere los incentivos adecuados y tengamos una gran certeza de que contaremos anticipadamente con la oferta de energía que se requiere para mantener el crecimiento económico que demanda nuestra población. Requerimos que esta oferta de energía sea segura y amplia, limpia y eficiente, así como a precios razonables, pero que permita la renovación continua de la infraestructura y equipos.

La realidad es que somos, cada vez más, uno de los países en el que la energía ya no es un fin en sí mismo, sino un insumo y un medio para la vida en sociedad y el crecimiento económico. En este contexto, debemos de evaluar la situación energética en la que nos encontramos, identificar las deficiencias del modelo legal e institucional que heredamos para corregirlas, así como proponer soluciones pragmáticas que den certidumbre a todos los que participan en las cadenas de valor de la energía.

En México, ya desde hoy es un buen momento para iniciar este ejercicio: llevamos casi una década desde la reforma de 2013; se acaba de rechazar una iniciativa de cambios constitucionales en materia de electricidad que también impactaba al resto del sector energético; y en un año más se iniciará el debate nacional hacia una nueva presidencia de la república.

Un breve recuento de la historia empieza por reconocer que el país caminaba a la liberalización ordenada del sector energía hasta hace unos años. A inicios en los noventa, con la creación de la CRE, se comenzó a permitir algo de participación de privados en la generación de electricidad, así como de manera más amplia en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Ya en este siglo, se modificó el marco legal del sector hidrocarburos para darle un gobierno corporativo más moderno a la petrolera estatal, así como mayor flexibilidad en sus esquemas de contratación. A su vez, se creó la CNH para profesionalizar la regulación y supervisión de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas.

Lo anterior puso el piso para una reforma constitucional y legal hace más de ocho años que fue amplia y profunda en sus alcances. La implementación de ésta no ha terminado, pero permitió rondas de licitaciones en las que el Estado contrató empresas privadas para ampliar y acelerar el esfuerzo de exploración y explotación petrolera y generó nuevas instituciones para gestionar y controlar la transmisión de electricidad (CENACE) y el transporte de gas natural (CENAGAS), así como para regular la seguridad y protección ambiental en todo el sector de hidrocarburos (ASEA). Adicionalmente, se creó un mercado eléctrico mayorista y empezaron a comprarse y venderse energía y potencia entre privados regulados con costos más bajos y energías más limpias. La reforma se diseñó e implementó parcialmente para cumplir consideraciones ambientales globales y cumplir con los compromisos que había adquirido el país para el combate al calentamiento global.

Recientemente, hemos presenciado una vuelta atrás, pendular, en la cual se han llevado a cabo cambios en leyes, regulaciones y prácticas de autoridades y reguladores, así como propuestas para introducir modificaciones constitucionales, que no han logrado la mayoría calificada requerida en el legislativo, para revertir la gradual liberalización que se había logrado durante décadas. La lógica de estos cambios ha sido fortalecer a las empresas del Estado del sector, así como alcanzar una soberanía energética.

Repensar la política energética que debe tener México para las próximas décadas es necesario para evitar errores futuros. El mundo de la energía está cambiando rápido con la amenaza del calentamiento global, por lo que los temas de transición energética son los que dominan la discusión y dirección de políticas públicas internacionales. La menor emisión de gases efecto invernadero es un reto enorme para todos en el planeta y México tiene que cumplir lo comprometido o redefinir su postura. En este contexto, incumplir los compromisos aparentemente tiene ventajas de corto plazo. No obstante, hay que reconocer que éstas son efímeras. En realidad, no sumarse al esfuerzo internacional de manera seria es una estrategia peligrosa que podría aislar al país de la economía global.

Hay que tener en consideración que la dirección que nos fijemos como país debe mantenerse. Es muy oneroso estar cambiando el rumbo cada seis años. Por ello, las decisiones que se tienen y deben tomar en el sector energía requieren de análisis detallados y profundos que no pueden realizarse de manera rápida. El costo de invertir mal en energía es muy elevado para la sociedad. Por un lado, hay que considerar los efectos financieros directos de los proyectos que a la postre no resultan rentables. Por otro, tomar en consideración los costos que se imponen al resto de los sectores de la economía cuando la energía que resulta de ellos no es confiable y a precios competitivos. Finalmente, hay que cuantificar los costos que podrían surgir por aislarse del esfuerzo mundial por transitar a una matriz energética.

Estamos viviendo tiempos de progreso tecnológico global que afectarán profundamente la oferta y la demanda de los energéticos. En la oferta, cada transformación hacia arriba o abajo en los volúmenes, o hacia otros energético o fuentes de suministro, requerirá de grandes inversiones y, por ende, de actualizaciones legales, regulatorias e institucionales, así como de la incorporación de nuevas generaciones de técnicos y profesionistas que las puedan instrumentar. En cuanto a la demanda, esta aumentará, pero cada vez incorporando nuevas exigencias respecto a su ubicación, competitividad, calidad, eficiencia, interconexiones, puntos de abasto, y mayores lapsos de autonomía de otros suministros.

Es tiempo de buscar y encontrar un equilibrio en la política energética de México que permita reconciliar la necesidad de tener un sector lo más eficiente posible, con una transición energética deseada y una seguridad energética apropiada. Hay que pensar en esto ahora, porque será mucho más difícil hacerlo una vez que comiencen a acalorarse las discusiones políticas. La dificultad deriva de que los temas de energía impactan directamente en el bolsillo y en las fibras sensibles del nacionalismo de los ciudadanos.

Es en este contexto que nos proponemos presentar en las siguientes entregas una discusión ecuánime sobre el rumbo de la política del sector energía en cada uno de sus sectores y subsectores. Estaremos abocados a aportar elementos que ayuden a materializar un mayor equilibrio a la política energética, en la esperanza de que ello permitirá evitar más reacciones pendulares que pueden ser de poco beneficio y de alto costo para el país.