México Evalúa considera que la iniciativa de reforma constitucional en materia energética refleja una incomprensión de los cambios profundos en el sector energético que en la última década han habilitado derechos y libertades para una mayor autodeterminación de las personas en su vida diaria.

“México Evalúa está convencida de que un replanteamiento tan drástico del rol del Estado como propietario de empresas públicas en una estructura tan centralizada, al punto de excluir a los sectores privado y social, no puede ejecutarse sin una deliberación profunda de todos los impactos que podría provocar en el corto, mediano y largo plazo”, difundió en un comunicado.

La institución dijo que llevar a cabo la reforma propuesta iría en sentido contrario a los avances del mercado nacional y afectaría severamente el bienestar general de la población, al trastocar múltiples esferas de la economía, el medioambiente y las finanzas públicas.

Señaló que la reforma propone un estatus legal para la CFE superior al de las secretarías de Estado, que dibujaría un nuevo esquema de gobernabilidad en el sector público; la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y una CFE autorregulada, sin contrapesos y sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

México Evalúa considera que la reforma representa pérdida de competitividad del país y del bienestar de la población reflejados en incremento de precios con su respectivo impacto en los precios generales de la economía. Por ejemplo, un aumento promedio del 30% en las tarifas eléctricas implicaría un aumento promedio del 20.4% en los precios de insumos intermedios de la industria.