En 2020 los Productores Independientes de Energía (PIE) produjeron el 36% de la electricidad total que la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE Suministrador de Servicios Básicos, compró ese año para atender la demanda de este insumo por parte de 45 millones de usuarios.

¿Qué pasaría si, como pretende la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se redujera la cantidad de energía que actualmente compra la CFE a los Productores Independientes de Energía?

La CFE necesariamente deberá generar por sí misma dicha energía. De no hacerlo, la empresa productiva del Estado no podrá suministrar la electricidad que demanden los hogares y las empresas del país, lo cual tendría serias implicaciones para la economía nacional y el bienestar de los mexicanos.

Con el propósito de estimar los costos en los que incurriría la CFE para sustituir la energía que ya no sería producida por los PIE, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) construyó tres escenarios diferentes, bajo supuestos conservadores, a partir de datos oficiales. En cada uno de ellos se comparó el costo para la CFE de generar por sí misma la energía que dejaría de comprar a los PIE en 2021, además de toda la electricidad adicional que se demande en el país entre ese año y 2024, frente al costo de seguirles comprando dicha electricidad como lo ha hecho hasta ahora.

En el escenario uno se planteó el supuesto de que la CFE deja de comprar el 100% de la energía que producen los PIE, o, lo que es lo mismo, que los PIE dejan de despachar al Sistema Eléctrico Nacional la totalidad de la energía que producen. Por su parte, en los escenarios dos y tres se supone que la empresa productiva del Estado deja de comprarles a los PIE el 66% y el 50% de la energía que producen, respectivamente.

A partir de este análisis se encontró que la CFE tendría costos adicionales de entre 141.6 y 382.8 mmdp (a precios de 2020) entre 2021 y 2024, según el escenario, debido a los nuevos costos que enfrentaría la empresa para generar por cuenta propia la energía que ya no sería producida por los PIE; entre ellos, costos de generación, inversión, operación y mantenimiento, además de los costos de indemnización a los PIE por la cancelación de su despacho de energía. Estos costos equivalen a entre 1 y 2.6 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2021 (145.4 mmdp).

Bajo cualquiera de los escenarios analizados, los costos adicionales para la CFE representan gastos innecesarios que no se presentarían en caso de que la empresa continuara comprando la energía producida por la iniciativa privada a los costos relativamente más bajos a los que este sector la genera y si continuara delegándole también la construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación para atender la demanda de energía actual y futura de los hogares y las empresas mexicanas.

Los costos mencionados anteriormente representan una carga financiera que la CFE no puede ni tiene por qué asumir y que distraerá recursos que la propia empresa podría utilizar para invertir en áreas más relevantes y en las que es el único participante en el mercado, como las de transmisión y distribución de energía eléctrica. Por ejemplo, los 382.8 mmdp de gasto adicional estimados para la CFE en el escenario 1 equivalen a más de tres veces la inversión total en transmisión y distribución de energía eléctrica que la empresa productiva del Estado planea realizar entre 2021 y 2024 (114.9 mmdp –a precios constantes–), de acuerdo con su Plan de Negocios 2021-2025.

Dado que el decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica pretende, entre otras cosas, reducir el despacho de energía por parte de los PIE, el IMCO advierte que lo aprobado por los legisladores tendrá, entre otros aspectos negativos, costos asociados muy elevados para la propia CFE y para los mexicanos.