La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles que la explotación del litio es una facultad exclusiva del Estado mexicano. Con esta decisión, se desestimó un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal contra la reforma a la Ley Minera de 2022, que nacionaliza este recurso estratégico y prohíbe concesiones a particulares.

El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN. La resolución destacó la «supremacía constitucional», señalando que una reforma posterior prohíbe expresamente las concesiones relacionadas con el litio, lo que invalidaría cualquier amparo.

Grupo Bararal había argumentado que la reforma afectaba su título de concesión vigente hasta 2068 en el lote ‘San Pedro’, ubicado en Chihuahua. Sin embargo, la SCJN determinó que la exclusividad estatal sobre el litio es constitucional y prioriza la soberanía energética del país.

La decisión refuerza los esfuerzos del Gobierno mexicano por proteger recursos estratégicos como el litio, esencial para la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos, asegurando que su explotación contribuya directamente al desarrollo nacional.

Este fallo también establece un precedente en la política minera del país, reafirmando que la exploración y explotación de este mineral son atribuciones exclusivas del Estado mexicano.