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De aprobarse la reforma eléctrica se corre el riesgo de utilizar la energía como arma política, aseguran expertos


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La Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) llevó a cabo el panel «La Reforma eléctrica y ahorro de energia», en el cual participaron Paul Alejandro Sánchez, Director de desarrollo de negocios para OLEUM, Servicios y Dictaminación Técnica; Víctor Ramírez, Vocero de la plataforma México Clima y Energía; Gonzalo Monroy, Director general de la Consultora GMEC; y la Dra. Yolanda Villegas, vicepresidenta del sector energía de AMEXICOM, como moderadora.

En un nuevo episodio de su programa #CafeConAmexicom, los especialistas dieron su opinión sobre la iniciativa de reforma en materia eléctrica presentada por el gobierno federal el pasado 1 de octubre, la cual modifica los artículos 25, 27 y 28 Constitucional y propone 9 transitorios.

Como se recordará, la reforma tiene como objetivo fundamental garantizar el 54 por ciento del mercado de la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir los precios de la electricidad, pero para ello se eliminarían contratos, permisos vigentes y desaparecerían regímenes de autoabasto y producción independiente, modificando los esquemas de contraprestación de generación distribuida. Además, se reestructura la CFE para generar de nueva cuenta una sola organización.

Si bien, se reconocer que se mantendrá la participación de empresas privadas con esta nueva política energética, la CFE se está reservando el derecho exclusivo de vender electricidad a los usuarios finales, generando un esquema de monopolio en las ventas de usuarios finales y un monopolio de un solo comprador del lado de los compradores.

Por otro lado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se reintegra a la CFE, absorbiendo funciones de despacho eléctrico, es decir, se va determinar el orden en el cual el las plantas de generación de energía pueden satisfacer la demanda, estableciendo también que el litio es un mineral estratégico, de tal manera que el Estado solo puede realizar por cuenta propia las actividades de explotación del mismo.

Ante este panorama, Paul Alejandro Sánchez dijo que las consecuencia inmediatas en caso de aprobarse la reforma eléctrica, además de desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía, sin duda alguna el efecto más catastrófico se reflejarían en las inversiones que se dejarían de hacer en el sector, lo que generaría un problema de desempleo, y quizá, también de desabasto de energía porque la CFE determinaría el precio a los cuales va a comprar la electricidad, hasta llegar un punto en el que ya no sería negocio para las empresas.

En su intervención, Gonzalo Monroy señaló que al ser CFE un comprador único, podrá fijar sus propias tarifas, lo que abre las puertas para que a un estado, municipio o alcaldía les regale la electricidad o les cobre una cantidad simbólica, mientras que, a otros, con los cuales no lleve buena relación, les podría cobrar cantidades exorbitantes, utilizando a la electricidad como un arma política.

Por su parte, Víctor Ramírez destacó que el hecho de utilizar la energía como medio de control político, pone en riesgo el desarrollo industrial del país, y a pesar de que se va a permitir la generación distribuida, seguramente también la va a querer controlar la CFE. En ese sentido, cuestionó sobre ¿qué es lo que va a pasar con las centrales de generación que no necesariamente fueron instaladas para inyectar energía eléctrica a la red, como podrían ser aquellas que están dentro de parques industriales con redes de transmisión privada?

Otra de las interrogantes que abordaron los expertos, fue lo que tiene que ver en materia de hidrocarburos, ya que con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quedan muchas indefiniciones en relación al gas natural y combustibles.

“A lo largo de la actual administración nos hemos dado cuenta que se está encerrando el sector para ir limitando el mercado de competidores de Pemex, el ejemplo más claro lo podemos ver con el retraso de los permisos a compañías diferentes a la empresa productiva del estado. Antes de 2019 se argumentaba que había una carga administrativa muy pesada y después vino el Covid, sin embargo, la realidad es que los permisos para Pemex son aprobados ex profeso y eso se debe a que la propia Secretaría de Energía es juez y parte, lo que genera incertidumbre”, manifestó Gonzalo Monroy.

En cuanto a la capacidad que tiene la CFE para satisfacer la demanda energética de todo el país, los expertos coincidieron que sí, aunque por un periodo corto de tiempo ya que sus plantas son viejas, contaminan más y tienen tasas de salidas forzadas más altas.

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