En el año 2012, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar la autosuficiencia energética del país, tomó la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a la compañía española Repsol.
Dicha operación se llevó a cabo al declarar a YPF como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación, lo que, como es de suponerse, no estuvo exenta de polémicas y generó una crisis diplomática entre ambas naciones, ya que el gobierno español consideró esta acción como una agresión a sus intereses.
Por su parte, el gobierno argentino argumentó que Repsol no había invertido lo suficiente en YPF y que, además, había incumplido los compromisos pactados para aumentar la producción. Como parte de la expropiación, Argentina indemnizó a la petrolera española con 5 mil millones de dólares.
Ahora, el asunto vuelve al centro de la discusión pública, ya que, tras varios meses de discusión y negociación entre las partes, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y resolvió que Argentina deberá compensar con casi 16 mil millones de dólares por dichas acciones.
Al respecto, Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, comunicó que el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la juez. Asimismo, agregó que el presidente, Alberto Fernández, tras analizarla situación con la Procuración del Tesoro «seguirá defendiendo la soberanía energética y a la estatal YPF frente a los fondos buitres».
Cabe destacar que, tras ocho años de litigio, apenas el 31 de marzo pasado, Preska ya había fallado en contra de la nación sudamericana en el juicio iniciado por Burford Capital por la estatización de YPF, argumentando que los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.
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