Arbitraje pone en riesgo la puesta en marcha del gasoducto marino

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifesta su preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas, que podrían impedir la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan que pretende llevar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana. Este hecho, en definitiva, incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía.

El organismo patronal alerta que el inicio del arbitraje pone en riesgo la puesta en funcionamiento del gasoducto, e impacta a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura que transportaría el gas natural proveniente de EUA para el uso de consumidores mexicanos. Estos hechos también podrían afectar la relación comercial entre los tres países e incidir en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente.

La construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, iniciada en mayo del 2017, responde a la necesidad de llevar el energético a la zona del país que más lo requiere, el sureste mexicano, para impulsar el desarrollo económico de la región y generar un mayor crecimiento económico que promueva la generación de empleos y combata la pobreza. Más del 60% de la generación eléctrica en México utiliza el gas natural, por lo que sin el abastecimiento de este energético no será posible garantizar el suministro que demanda el país. Al día de hoy, industrias del sureste mexicano que requieren del gas natural para su funcionamiento como la petroquímica, se encuentran operando a una capacidad del 65%.

Finalmente, la COPARMEX enfatiza que el detener obras de infraestructura de esta magnitud en las que las empresas privadas han invertido como muestra de su confianza en México, generará una profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar.