Petróleos Mexicanos (Pemex) contará en 2026 con un presupuesto total de 780,862 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que representa una de las asignaciones más altas para la empresa estatal en los últimos años. De ese monto, 517,362 millones de pesos corresponden a recursos directos, con un incremento real de 7.7% respecto al presupuesto aprobado para 2025.

Además, el gobierno federal contempla una transferencia adicional de 263.5 mil millones de pesos para el pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores. Este apoyo está condicionado a que Pemex mejore su balance financiero en la misma proporción, con el fin de evitar impactos en el déficit del Sector Público, ya que las amortizaciones se registran como reducción de pasivos.

El objetivo es que el saldo de la deuda pública de Pemex al cierre de 2026 sea menor al observado en 2025, lo que implicaría un desendeudamiento neto. Para ello, se prevé una estrategia integral de fortalecimiento financiero, que incluye la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos con proveedores y la disminución del costo financiero.

En materia fiscal, el régimen vigente para Pemex se mantendrá durante 2026, como parte de las medidas para apoyar sus actividades productivas y fortalecer su situación financiera. Estas acciones están alineadas con el Plan Estratégico 2025–2035, cuyo objetivo es ampliar la producción de hidrocarburos, garantizar el suministro de gasolinas y diésel, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una autonomía presupuestaria.

La producción petrolera nacional continuará ajustándose al objetivo de 1.8 millones de barriles diarios, respaldada por más de 20 proyectos de exploración y producción, entre ellos los yacimientos Zama y Trion, así como la modernización del sistema de refinación, la reactivación de la cadena petroquímica y la integración de tecnologías limpias, como cogeneración e hidrógeno verde.

Según el gobierno, esta estrategia ha contribuido a reducir la percepción de riesgo soberano, al evitar un mayor endeudamiento público y avanzar hacia un modelo operativo más sostenible y menos dependiente del gasto fiscal.