La compra del gobierno mexicano de 13 plantas a Iberdrola supone un riesgo de subir las tarifas eléctricas y no manda señales de certidumbre sobre el sector energético del país, mientras la energética española avanza en sus metas de descarbonización, afirmaron especialistas.

Iberdrola anunció el martes un acuerdo para vender infraestructura en territorio mexicano, con un total de 8 mil 534 megavatios (MW), que representa un 20% de la demanda máxima pronosticada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de 42 mil 741 MW y 87% de sus operaciones en el país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió la compra como “nueva nacionalización”, ya que las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica de Iberdrola pasarían al patrimonio público y a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), esta compra está en línea con el objetivo del gobierno de hacerse del control de los productores independientes de energía (PIEs).

El especialista consideró que también abre un debate sobre la operación y regulación del mercado, al volverse la CFE la empresa mayoritaria del sector eléctrico mexicano.

Por otro lado, Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE), también cuestionó si las plantas de generación seguirán con la misma eficiencia.

Recordó que las centrales de ciclo combinado más caras del mercado, como las que adquiere el gobierno mexicano a través del fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), son las operadas por la CFE.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hasta marzo pasado cada megavatio hora generado por la CFE costó mil 349 pesos, mientras que el de los PIEs fue de 976 pesos.

“Está más que demostrado que los gobiernos no son eficientes en la operación de las empresas y esto, además de agregar vulnerabilidad a las finanzas públicas, subirá los costos, y las empresas y personas terminaremos pagando por la mayor ineficiencia”, comentó Gabriella Siller, académica del Tec de Monterrey.

También consideró que no tiene sentido que el gobierno mexicano “compre algo que operaba el sector privado, cuando la CFE tiene el monopolio sobre la transmisión de energía y ahí hace mucha falta inversión”.

Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, coincidió en que sí hay una posibilidad de que se eleven los costos.

Pero indicó que también el gobierno mexicano podría negociar un mejor precio de venta de la energía con el MIP, ya que ahora será el operador de estas 13 plantas y el número de trabajadores en estas instalaciones no supondría un aumento en su plantilla laboral.

Monroy también precisó que esto no representa la salida de Iberdrola de México, pues solo es parte de su plan de eliminar su huella de carbono para enfocarse en mayor infraestructura solar y eólica, en lo que coincidieron todos los analistas consultados.

De acuerdo con María Valencia, presidenta del Comité de Validación de Renewable E Index, Iberdrola todavía operará en el país cinco centrales de ciclo combinados, seis parques eólicos y tres fotovoltaicos.

“No se van, solo se deshacen de sus activos menos atractivos para invertir en energías renovables, lo que en realidad debería estar haciendo el gobierno”, comentó.

Sobre el fondo para adquirir estas 13 centrales, Monroy cuestionó la falta de información sobre si el gobierno será inversionista directo o solo recibirá dividendos por parte del MIP.

La página de dicho fondo contempla activos de bancos privados como Banamex y Actinver, y el gobierno mexicano señaló que será financiado con el Fondo Nacional de infraestructura (Fonadin) de la Secretaría de Hacienda.

Siller sostuvo también que esto no genera certidumbre en el mercado, ya que plantea una serie de dudas sobre un sector cuestionado bajo consultas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la presión del gobierno de López Obrador a las energéticas privadas, en particular extranjeras.

Monroy detalló que si bien Iberdrola es una empresa española y no hay como tal “una contaminación directa, el sentimiento que han de tener todas las empresas que sí están metidas en esas consultas no es de alivio en lo absoluto”.