Sin electricidad no es concebible el ejercicio de los derechos humanos a la vida digna, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, a la información y al acceso al internet y para garantizar el ejercicio de estos derechos se requiere que el Estado preserve la seguridad y autosuficiencia energética, dijo Raúl Jiménez Vázquez, Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El modelo imperante no garantiza el derecho humano a la vida digna. El modelo imperante, no garantiza la continuidad en el servicio del suministro de energía eléctrica”, señaló.

Al participar en el Foro 19 ‘Misión social y desarrollo productivo de la CFE’ del parlamento abierto de la reforma eléctrica, Jiménez Vázquez explicó que la electricidad es un bien irremplazable sin el cual es impensable el desarrollo de la de la vida social, familiar e individual, por lo que el acceso a ella constituye una necesidad social de carácter continuo, permanente, uniforme y regular que solo puede ser atendida a través del del servicio público, con un abastecimiento suficiente, eficiente, confiable y a los precios más bajos posibles.

“La electricidad es un recurso de carácter estratégico, es un bien público cuyo ciclo económico, desde la generación hasta el autoabastecimiento, le atañe a la sociedad en su conjunto. Esta realidad contundente, rotunda, le quita a la electricidad la posibilidad de ser considerada como una mercancía, sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda”, expuso.

Detalló que, derivado de la reforma energética de 2013, se creó un sistema y un mercado eléctrico que no es empático con los intereses de los consumidores, sin embargo, la iniciativa presentada por el presidente es absoluta y rotundamente favorable y en pro de los intereses ciudadanos ya que lo que hoy es una actividad mercantil, comercial, sujeta a especulación, a práctica monopólicas, a mercados paralelos, se transforma en un servicio público fundamental sin fines de lucro.

Además, descartó que la reforma busque eliminar a los organismos reguladores. Explicó que la reforma eléctrica busca “reconfigurar las funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el planeador y operador del sistema eléctrico nacional Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y reasignarlas en la cabeza del sector energético, la Secretaría de Energía (Sener) y en la CFE», para que regresen al Poder Ejecutivo.

«No creemos en CFE que esto implique una merma, una erosión del Estado constitucional y democrático de derecho. Estos órganos surgen en el contexto ideológico, jurídico y político del modelo neoliberal. Se pensó que de esta manera podrían los mercados funcionar más adecuadamente, haciendo una división de las funciones».

“Transformar a CFE de Empresa Productiva del Estado para convertirla en organismo del Estado significa darle el golpe al timón para preservar los intereses básicos de la Nación y de los mexicanos”, subrayó el Abogado General de la CFE.