La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) emitió un comunicado pronunciándose en contra del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que reforman el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos penales y hacen una modificación en la redacción del Artículo 4 de la ley Federal para prevenir y sancionar las conductas involuntarias y no dolosas que suceden en las estaciones de servicio durante el despacho de combustible.

Considera que aplicar una prisión preventiva a todos aquellos empresarios gasolineros que por muchos años se han constituido como empresas serias, apegadas a las normas y que emplean proveedores confiables, es un trato inequitativo que demanda ser revisado a profundidad para tener así un marco legal justo que tenga en cuenta las consideraciones técnicas por las cuales un elemento dentro de una gasolinera pueda fallar.

En el comunicado, la AMPES destaca que desde hace 25 años se ha preocupado por ser una asociación que trabaja de la mano de las autoridades en materia de hidrocarburos y sector energético de nuestro país, aportando desde su trinchera un organismo serio que agrupa a proveedores confiables, serios, certificados y apegados a las más estrictas normas nacionales e internacionales para las estaciones de servicio, dando como resultado que actualmente los empresarios gasolineros cuenten con instalaciones que tiene el respaldo de empresas mexicanas de alto nivel y calidad.

“El dictamen recientemente aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados requiere una revisión más profunda ante su ejecución ya que si bien es cierto que existe el “robo de combustible”, el cual como organización condenamos y nos sumamos al esfuerzo de autoridades y gobierno federal para erradicarlo, también es pertinente enfatizar que las “fallas técnicas” que experimentan las estaciones de servicio son en la mayoría de las veces, ocasionadas por fallas propias del uso diario de la infraestructura  de las gasolineras”, detalla el escrito.

Ante este panorama, el organismo aclara que las llamadas “fallas técnicas” a causa de las que se pretende implementar prisión preventiva a los dueños de estaciones de servicio, se ha verificado que en ocasiones se presentan debido posibles fallas en pistolas, mangueras y válvulas de seguridad y en el caso de las unidades de medición también se pueden presentar fallas debido a causas como la interrupción en la corriente eléctrica, descargas ocasionadas por tormentas eléctricas y factores similares que generan, pero no debido a una negligente, mala y fraudulenta acción de los propietarios de estaciones de servicio.

Para concluir, la AMPES garantizó que se mantendrá fiel en su disposición de trabajar de la mano con las autoridades de los 3 niveles de gobierno y expresó su apertura para, en conjunto, crear un verdadero piso parejo para todos los involucrados dentro de esta cadena de suministro.