Durante el Foro 17 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal, diputadas y diputados escucharon opiniones, inquietudes y puntos de vista de especialistas respecto de energías limpias y medio ambiente.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), dijo que más allá de la postura que se defienda, a favor o en contra de la iniciativa de reforma constitucional, cualquier modelo del sector eléctrico resulta irrelevante si no se garantiza un medio ambiente limpio.
“No solamente porque la mayoría de los sectores económicos requieren de recursos naturales para poder llevarse a cabo, sino porque un medio ambiente sano es un presupuesto indispensable para la salud y la vida digna”.
Puntualizó que es innegable que el acceso continuo, confiable y sostenible de la energía eléctrica constituye un componente fundamental del desarrollo, por lo que es apremiante encontrar un equilibrio entre ambos aspectos. Mencionó que la transición energética fortalecerá el derecho humano a un medio ambiente sano e inevitablemente las energías limpias formarán parte del cambio energético.
Afirmó que la participación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es fundamental para, con las aportaciones de los especialistas, tener la información necesaria en el marco de la opinión que emitirá sobre la iniciativa de reforma en materia eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal.
Horacio Sánchez Bárcenas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, indicó que la iniciativa “traza caminos de adaptación a las nuevas condiciones contra el cambio climático, por lo que, a mediano y largo plazo, a través de la transición energética, permite evolucionar a procesos productivos con menores emisiones de GEI (gas de efecto invernadero) y mayor bienestar”. Por su parte, Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo fundador de la Iniciativa Climática de México, puntualizó que, como está planteada, esta reforma se contrapone a la protección ambiental y al combate al cambio climático, frenará la transición energética, impedirá la escala necesaria de las energías renovables y convertirá al país en el primero del G20 que no cumpla con los compromisos del Acuerdo de París.
